Al amparo de que la determinación reciente crea “un andamiaje normativo que resulta inconstitucional”, el liderato de Proyecto Dignidad solicitó al Tribunal Supremo una reconsideración a la decisión que lo dejó fuera de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“El planteamiento aquí no es por fondos, dietas o salarios. El reclamo es por acceso y participación plena en el órgano que administra el sistema democrático del país: la CEE. Al limitar la representación efectiva de partidos que tienen franquicia electoral, se crea una ciudadanía de primera y de segunda categoría en el proceso electoral”, lee el recurso de revisión presentado por Proyecto Dignidad.

La colectividad le recordó, en el recurso, al más alto foro judicial del país que retuvieron su franquicia electoral en las pasadas elecciones de noviembre. Destacaron que negarle la “membresía propietaria” “cercena la democracia y crea un sistema institucional que penaliza la pluralidad”.

“Respetuosamente, solicitamos su reconsideración: el derecho al voto, la libertad de asociación política y la representación electoral efectiva son derechos fundamentales reconocidos bajo la jurisprudencia de este honorable Tribunal y del Tribunal Supremo federal”, planteó el partido conservador.

De inmediato, no estuvo disponible el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, para comentarios adicionales.

A mediados de mayo, el Tribunal Supremo validó la determinación de la ahora ex presidenta alterna de la CEE Jessika Padilla Rivera, quien concluyó que Proyecto Dignidad, a la luz del Código Electoral y los resultados de los pasados comicios, no formaría parte del pleno del ente electoral.

En la reconsideración, Proyecto Dignidad alega que “el esquema de participación de comisionados adicionales (en el que ubicaron al partido) es una ficción operacional”.

“Esto significa que, en años no electorales, no tienen participación alguna, ni siquiera si se discuten asuntos que afecten directamente su representación, como reglamentos, presupuestos, cambios tecnológicos, eliminación de puestos o rediseño de procesos. La exclusión es práctica, real y sostenida en el tiempo”, indica la reconsideración.

Además, Proyecto Dignidad argumentó que la decisión del Tribunal Supremo viola cláusulas constitucionales como “la igual protección de las leyes, la libertad de asociación y el derecho al acceso efectivo al proceso electoral sin discriminación estructural”.

Reclamaron que se les restituya su representación en la CEE y se ordene al ente electoral “participación igualitaria”.