La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, radicó este viernes una querella ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) en la que solicita una investigación formal por el supuesto uso indebido de fondos públicos por parte del gobierno de Jenniffer González para difundir mensajes “con claros matices político partidistas”, incluyendo contra LUMA Energy.

“La Constitución exige neutralidad absoluta del Estado en asuntos político partidistas. Ningún ciudadano debe verse forzado a costear, con su dinero, la promoción de promesas de campaña o la exaltación de la imagen política de un funcionario electo”, señaló Pérez Martínez, en declaraciones escritas, al denunciar que tal acción constituiría una violación a la Constitución del Estado Libre Asociado, la Ley Electoral y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La querella de Proyecto Dignidad hace referencia a varios anuncios que han trascendido –en espacios desde vallas publicitarias digitales hasta redes sociales y medios de comunicación– con la imagen de la gobernadora, relacionados con la demanda del gobierno contra LUMA para la cancelación de su contrato, la reforma contributiva y otras iniciativas gubernamentales.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción a La Fortaleza.

Los anuncios en controversia –uno de ellos con el mensaje “Promesa cumplida… LUMA está de salida”– también han sido difundidos a través de plataformas institucionales y acompañados de logos oficiales, incluyendo el del Departamento de Hacienda, argumentó Pérez Martínez.

Según la querella, los anuncios “trascienden el deber legítimo del Estado de informar, al presentar mensajes que exaltan logros de la administración, vinculan dichos logros al liderato personal de la gobernadora y refuerzan narrativas asociadas a promesas de campaña, obligando así al pueblo a financiar mensajes con impacto político”.

Como apoyo a su argumento, Proyecto Dignidad hace referencia al precedente establecido por el Supremo, en un caso de 1995, que prohibió el uso de fondos públicos para la difusión de mensajes con connotaciones político partidistas. Además, la Constitución del Estado Libre Asociado, en la Sección 9 del Artículo VI, limita el uso de fondos públicos a fines públicos.

Entre los remedios solicitados a la OCE, el partido enumeró la apertura de una investigación formal, la evaluación del contenido, contexto y efecto de los anuncios, el cese inmediato de cualquier difusión que viole la ley y la imposición de sanciones si se determinan violaciones legales.