Los delitos imputados son 30 cargos por prestar declaraciones falsas al gobierno federal y nueve cargos adicionales por fraude electrónico por comunicaciones relacionadas a este trasiego que se cometieron cuando era alcalde de Yauco.

El senador y exalcalde de Yauco Abel Nazario se expone a una sentencia carcelaria de hasta 20 años si es convicto luego de ser acusado hoy por 39 cargos federales por la confección de documentos falsos y fraude electrónico en relación con el pago irregular de nómina en el ayuntamiento que dirigió entre el 2001 y diciembre de 2016.

También enfrenta una multa de no más de $1 millón, más cargos de restitución.

Nazario fue llevado esta mañana ante la magistrada Camille Vélez Rivé, quien optó por no fijarle fianza, por solicitud de la Fiscalía federal por no ser riesgo de fuga ni representar un peligro para la sociedad. No se fijó la fecha de la próxima citación al Tribunal Federal y Nazario salió al mediodía bajo su propia responsabilidad del Tribunal Federal en Hato Rey.

Los cargos anunciados hoy por la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, emanan de una investigación realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo Federal (DOL, en inglés) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) luego que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) encontrara durante una auditoría que el ayuntamiento forzó a 177 empleados municipales, mayormente de mantenimiento, a trabajar dos horas diarias sin paga entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2014. El resultado de esta auditoría fue publicado en diciembre de 2016.

“Son personas humildes. Son empleados por contratos que querían tener un empleo en el futuro”, mencionó Rodríguez al explicar por qué los empleados accedieron a trabajar sin recibir la paga. No dijo si estos empleados forman parte de los testigos del Ministerio Público.

Ese hallazgo de la OCPR se produjo tras una auditoría realizada en mayo de 2013, reza el pliego acusatorio firmado por los fiscales José Capó Iriarte, Myriam Fernández González, Scott Anderson y Rodríguez.

Se le imputa a Nazario Quiñones no haberles pagado a estos empleados $588,961.43. Según Rodríguez, el exalcalde se benefició del esquema detallado en la conferencia de prensa donde se dieron a conocer detalles de la acusación, pero no dijo cómo ni por cuánto dinero.

 “Esa información es parte de la evidencia que no podemos divulgar en estos momentos”, contestó Rodríguez ante la pregunta específica de cómo Nazario Quiñones se benefició personalmente.

La fiscal federal descartó que la conducta de Nazario Quiñones se pueda describir como una “falla administrativa”, ya que le mintió al DOL, según la prueba.

¿Se benefició de alguna manera personalmente?, se le insistió.

“La contestación es que sí”, contestó Rodríguez, quien precisó que se están enfocando en el alcalde porque tienen la evidencia para demostrar que participó “activamente” en el esquema. No obstante, reconoció que otras personas estuvieron "alrededor" del esquema.

Tras el hallazgo de la OCPR, Nazario Quiñones llegó a un acuerdo con el DOL en que se comprometió a saldar la deuda mediante un acuerdo el 13 de febrero de 2015 en que se le daba al ayuntamiento hasta febrero de este año para saldar la deuda con pagos retroactivos.

Rodríguez explicó que ese requisito de trabajo aparentemente “voluntario” constituyó en una violación a la Ley de Normas Laborales. Entre las víctimas había empleados que cobraban $200 quincenales.

Durante una segunda auditoría de la OCPR en agosto de 2016, esta oficina encontró que a los empleados se les estaban haciendo unos pagos con la advertencia de que no cobrarían en tiempo considerable.

“Aunque los empleados habían recibido pagos de lo que se les debía según el acuerdo al que se había llegado con el DOL, el municipio estaba reteniendo sus salarios regulares de los empleados. Esto sin el conocimiento ni el consentimiento del DOL”, indicó Rodríguez.

A la pregunta de a dónde llegó el dinero que no se les pagó a los empleados, Rodríguez prefirió no contestar.

Rodríguez señaló que el DOL identificó a 30 empleados por contrato del Municipio de Yauco que, a finales del 2016, Nazario certificó al DOL que se le habían pagado sus salarios atrasados como estipuló en el acuerdo cuando era falso.

El fiscal Capó Iriarte recalcó, por su parte, que la conducta imputada consiste en un fraude a los empleados del municipio cuando se les entregó un documento con el cheque en que se les indicaba que se les pagaba por horas adeudadas, cuando no era cierto y se les “hizo” firmar el documento en que aceptaban el cheque.

“(Sí) envuelve mentirle al DOL al haber aceptado que le debía horas trabajadas a 177 empleados, se llega a un acuerdo en que van a pagarles a esos empleados a quienes obligaron a pagar de gratis”, dijo.

“Entonces, no se cumple con el acuerdo y se les paga el dinero, pero se les dice que es un adelanto de su sueldo por los próximos meses”, agregó. “Ahí mintieron al DOL cuando tenían que pagar retroactivamente la deuda”, sostuvo el fiscal.

El fiscal explicó que el empleado no volvía a cobrar hasta que el municipio reponía la cantidad del cheque que le habían pagado.

“Nunca le pagaste lo que le adeudabas”, afirmó el fiscal. “Si usted es un patrono y le requiere a su empleado que trabaje 40 horas a la semana, por ley le tiene que pagar 40 horas y les pagó 38”, abundó Capó Iriarte. “Le mintieron al DOL al decir que iban a pagarles las horas completas”.

“A esos 30 empleados por contrato, luego de recibir los cheques por virtud del acuerdo, les retuvieron su paga regular durante ciertos periodos de tiempo por órdenes del entonces alcalde Nazario Quiñones”, argumentó, por su parte, Rodríguez al indicar que el exalcalde les daba “una serie de excusas” para explicarles por qué recibían el dinero y “por qué tenía que retener salarios”.

Rodríguez ofreció, como ejemplo, que se procedió a pagar supuestos avances de los salarios de ciertos empleados, pero se les advertía también que no se les iba a pagar “por buen tiempo” y les instaba a que ahorraran porque no recibirían pagos por varios meses.

En esta imagen se observa cuando el senador Abel Nazario es trasladado hacia el Tribunal Federal. (Alex Figueroa Cancel)

Según el pliego, Nazario Quiñones entre febrero de 2016 y diciembre de 2016 testificó al DOL que había pagado los salarios que se les debía a estos empleados y que no tomaría represalias por estos aceptar los pagos cuando “de hecho, Nazario Quiñones ordenó al Departamento de Nómina retener los salarios futuros de esos empleados”.

“La conducta de Abel Nazario Quiñones socaba la confianza que los empleados depositan en sus patronos. Los patronos deben proteger y representar a sus empleados y el señor Nazario Quiñones no lo hizo en cuanto a estos 177 empleados”, dijo la fiscal federal.

La contralora Yesmín Valdivieso recordó cómo hizo el referido al DOL sobre las irregularidades en el pago de nómina de Yauco y cómo Nazario reconoció las fallas señaladas. Ese reconocimiento, alertó Rodríguez, no puede ser utilizado como prueba en su contra en un proceso criminal.

“Lamentablemente, estos patrones de corrupción ocurren en gran parte a causa de las personas quienes ingresan al servicio público con la sola intención de servirse y enriquecerse a sí mismos, en vez de comprometerse al servicio del público”, expresó, por su parte, el jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, quien indicó que la agencia que dirige tiene una “larga lista de quejas contra funcionarios y políticos, actuales y del pasado a quienes estamos investigando agresivamente”.

“Saben quiénes son y en días como hoy, cuando arrestamos a otros funcionarios, su turno llegará más pronto”, agregó al advertir que si alguien conoce que es investigado y no coopera, que tenga “su cepillo de dientes listo” en alusión a un posible arresto.


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