Algunos de los paquetes fueron enviados a la oficina postal en Canóvanas. (GFR Media)

Tres empleados del Servicio Postal en Puerto Rico fueron arrestados por las autoridades federales por alegaciones de narcotráfico, retrasar de correspondencia y manipular evidencia.

Así lo informó el nuevo jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, en comunicado de prensa.

Edgardo C. Sánchez Sosa, Guelvin Benítez Carrasquillo y Gellitza Ortiz Martínez fueron arrestados después de que la magistrada federal Silvia Carreño Coll autorizara una denuncia mediante una declaración jurada.

La fiscalía indicó que, según la denuncia del agente, la Oficina del Inspector General del Servicio Postal (OIG, por sus siglas en inglés) comenzó a recibir alegaciones del inspector del correo de que algunos paquetes estaban llegando a la oficina postal de Canóvanas con las etiquetas rotas o cambiadas, y los códigos de barra arrancados.

“Los paquetes tenían un nuevo paquete con una nueva dirección”, indicó el comunicado.

Luego, el 26 de septiembre los agentes del OIG-USPS realizaron múltiples allanamientos en paquetes que fueron manejados y reetiquetados.

Y todos los registrados resultaron positivos a la presencia de cocaína”, abunda el comunicado.

Según la denuncia, la investigación reveló el 1 de octubre pasado que Sánchez Sosa manipulaba los paquetes de entrega y usaba su teléfono durante el proceso para tomarles fotos.

“Los agentes (investigadores) observaron que Sánchez Sosa abría el paquete y lo manipulaba. A la misma vez, estaba texteando con su teléfono, enviando y recibiendo llamadas. Sosa fue detenido y el paquete fue recuperado por los agentes”, indica el comunicado.

De acuerdo con la fiscalía Benítez Carrasquillo era un distribuidor contratado para la ruta 4 de Canóvanas. La declaración jurada alega que éste recibía los paquetes con cocaína de Sánchez Sosa.

Al continuar con la pesquisa, según la fiscalía federal, los agentes descubrieron y ocuparon 24 paquetes de cocaína de Ortiz Martínez y Sánchez Sosa.

Los paquetes con un peso de 25.91 kilogramos fueron valorados en más de $500,000 en el mercado criminal del narcotráfico.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal (OIG-USPS), el Servicio del Inspección del Correo de Estados Unidos (USPIS) y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).


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