Un hombre convicto por el asesinato de su esposa fue arrestado por la Policía con relación a una amenaza a la hija de la víctima.

En un comunicado de prensa, la Uniformada informó que ayer, lunes, agentes “diligenciaron una orden de arresto contra Héctor Rafael Ponce Ayala, de 59 años y vecino de San Juan, por maltrato mediante amenaza (artículo 3.3) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54)”.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, “cuando el imputado presuntamente amenazó de muerte a su expareja durante una comunicación telefónica”.

“La perjudicada también alegó que este profirió amenazas contra su hija y manifestó que no temía a una orden de protección vigente en su contra”, agregó.

El caso fue consultado con la fiscal Verónica Ortiz. Después de evaluar la prueba, la jueza Miriam M. Stefan, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto en ausencia y le impuso una fianza de $300,000.

“Posteriormente, Ponce Ayala fue arrestado y, al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en una institución penal”, apuntó.

La orden de arresto fue diligenciada por el agente Xavier Rivera Báez, de la División de Arrestos Especiales del Área de Bayamón.

Ponce Ayala había sido arrestado en el 2023, también por amenazas contra su expareja. Previamente, Ponce Ayala, un exárbitro del Baloncesto Superior Nacional, también fue arrestado en 2020 por violencia de género.

Para ese entonces, ya había cumplido una sentencia de cárcel tras declararse culpable en octubre de 2010 por haber asesinado a su expareja al propinarle 22 puñaladas.

Enfrentaba cargos por asesinato, violación a la Ley de Armas y escalamiento por la muerte de su expareja Mildred Pérez Rodríguez, pero la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo que fue aprobado por la familia de la víctima reclasificando la denuncia a asesinato atenuado.

En un caso que conmovió la opinión pública, tras más de un año de proceso judicial, el juez superior de Bayamón, Miguel Fabre Ramírez, impuso la pena máxima para los delitos contemplados del Código Penal (ocho años en penas concurrentes), más ocho años por el caso de la violación a la Ley de Armas, para un total de 16 años.