Carlos Estefano Pino, feminicida convicto y ahora sospechoso por el asesinato de la enfermera Jennifer Torres Castro en Caguas, violó seis condiciones de su libertad bajo palabra y se expone a perder el privilegio, precisó este martes el presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), Samuel Silva Rosas, después de la vista final del confinado.

“Con la prueba que desfiló y lo que consta del expediente, ya estamos preparados para resolver la controversia, que es si procede la revocación por la violación de las condiciones y no por la comisión de un nuevo delito. Eso le corresponde al tribunal”, dijo Silva Rosas, en entrevista telefónica.

Estefano Pino, de 67 años, es sospechoso del feminicidio de Torres Castro, quien apareció sin vida el pasado 24 de junio. Por este caso, la fiscalía aún no ha radicado cargos porque permanece bajo investigación y a la espera de resultados del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Él no se comunicó con su oficial sociopenal y no pernoctó donde debía. No se comportó como debía. Eso es lo que vamos a evaluar”, abundó el presidente de la JLBP.

Para evitar que se compartan datos sobre el caso, el Departamento de Justicia solicitó que la vista fuera confidencial, por lo que los miembros de la prensa no pudieron entrar a la sala para escuchar las argumentaciones de las partes, a pesar de que el reglamento de la JLBP establece que estos procedimientos se presumen públicos.

La vista estaba pautada para las 8:30 a.m., en el noveno piso del edificio que también comparte espacio con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, en la avenida César González, en la calle Juan Calaf, en Hato Rey. El confinado es representado por Jesús Miranda ante la JLBP.

Estefano Pino había sido liberado en 2018 por la JLBP, cuando aún le restaban 85 años de sentencia por el asesinato de Myrna Báez Valle, una joven de 22 años, ocurrido en 1990.

“De cinco votos, tres son suficientes para revocar. En los próximos 30 días (votaremos)”, explicó Silva Rosas.

Estefano Pino fue arrestado días después del hallazgo del cuerpo de Torres Castro, debido a una orden de la JLBP porque no había respondido a su oficial técnico sociopenal, Xiomar Rivera, ni habría dormido la noche del asesinato en su apartamento, presuntamente violando las condiciones de su libertad. Además, habría bebido la noche del incidente, lo que resultaría en otra infracción.

Previo a la vista de hoy, el abogado del confinado recurrió al Tribunal de Apelaciones para dejar sin efecto unas manifestaciones de Estefano Pino en la vista sumaria inicial, el 6 de julio. El Apelativo desestimó el viernes el recurso de revisión judicial, por falta de jurisdicción.

Según la resolución del Apelativo, el interrogatorio de la JLBP abordó las circunstancias relacionadas con la investigación criminal por el feminicidio de Torres Castro. De acuerdo con su testimonio, Estefano Pino insistió a la oficial examinadora que Torres Castro había sido su supuesta pareja.

“El recurrente continuó ofreciendo un relato detallado de los acontecimientos de la noche del 23 de junio, incluyendo la ingestión de bebidas alcohólicas, una discusión con su pareja y un altercado físico entre ambos”, establece el documento, al cual El Nuevo Día tuvo acceso.

El 4 de julio, el ICF le tomó muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN) para comparar material encontrado en la escena y cuerpo de la víctima. Este medio supo que todavía no se había terminado el análisis que comenzó la semana pasada.

Según la Policía, la muerte de la enfermera fue clasificada como asesinato luego de la evaluación del ICF, que encontró que la víctima presentaba hematomas en el rostro. Inicialmente, el caso fue reportado como una muerte “sin causa determinada”. De acuerdo con un reportaje de El Vocero, el cuerpo tenía hematomas porque fue golpeada, mordida y asfixiada.

La patóloga forense Paola Luna concluyó el reporte de autopsia de Torres Castro el 4 de agosto. Otros análisis relacionados con el caso continúan en proceso y sus resultados serán informados a las autoridades correspondientes una vez sean concluidos, informó el lunes ICF en declaraciones escritas.

Por su parte, el Ministerio Público defendió que “se encuentra trabajando de manera rigurosa, junto a la Policía, en la investigación relacionada con la muerte de Jennifer Torres Castro”.

“Como parte del proceso investigativo, se encomendaron varios análisis periciales y otras diligencias necesarias para tomar una determinación responsable, fundamentada en la totalidad de la evidencia y conforme a derecho. Una vez concluya la investigación, el Ministerio Público evaluará sus hallazgos y determinará el curso de acción correspondiente”, sostuvo la fiscalía.