A casi cinco meses de que huéspedes presuntamente encontraran cámaras ocultas en una casa de alquiler a corto plazo en Hatillo, el Departamento de Justicia confirmó este viernes que se encuentra en la “etapa final” de la investigación, la cual está dirigida a la recopilación y análisis de evidencia.

Las gestiones, según la agencia, se realizaron en estrecha coordinación con el Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC) del Negociado de la Policía. La pesquisa está a cargo de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo y de la Fiscalía.

“Como parte de este proceso, se han solicitado y ejecutado órdenes judiciales, ocupación formal de la evidencia y se han realizado análisis especializados que, por su naturaleza, requieren un manejo técnico riguroso y detallado”, sostuvo la agencia en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

“Inicialmente, se aguardó por la determinación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), que resolvió no asumir jurisdicción sobre este asunto”, añadió la agencia dirigida por la secretaria Lourdes Gómez Torres.

“El Departamento de Justicia reitera su compromiso con la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las personas afectadas. Tan pronto culmine la investigación se formularán los cargos correspondientes”, puntualizó.

El caso trascendió el 21 de febrero cuando Noticentro, de Wapa Televisión, reportó que la Policía allanó una residencia en la urbanización Mar Azul alquilada mediante la plataforma Airbnb.

En ese momento, se informó que los huéspedes encontraron cámaras ocultas, una de ellas en uno de los receptáculos de electricidad de la vivienda.

Posteriormente, la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) confirmó el 24 de febrero a El Nuevo Día que colaboraba en la pesquisa.

“Confirmamos que HSI apoya al Negociado de la Policía en un caso de un Airbnb local que presuntamente tenía cámaras escondidas. La investigación apenas comienza”, indicó la agencia en aquel momento.

Finalmente, en junio, los perjudicados radicaron una demanda ante el Tribunal Federal contra los presuntos responsables y Airbnb en la cual reclaman $5 millones. También fue incluida en la demanda una compañía de seguros y otros desconocidos.

En la demanda, los perjudicados sostienen que los demandados “causaron graves daños emocionales a los demandantes, así como a sus hijos, y les hicieron sufrir angustia, miedo, ansiedad y tristeza debido a la situación que enfrentaron en la propiedad alquilada de los demandados”.

El documento establece que los turistas - un hombre, una mujer y dos menores - alquilaron la propiedad el 15 de febrero y comenzaron su estadía dos días después para quedarse hasta el 23 de febrero, tras firmar un contrato que, supuestamente, no informaba que dentro de la propiedad habían cámaras grabando.

Según la demanda, el 20 de febrero, cuando se preparaban para ir a la playa, la mujer estaba en uno de los baños cuando notó algo en el receptáculo de electricidad justo al lado del espejo, lo que describió como “un cristal redondo que parecía un lente de cámara”. Alegó que verificó los receptáculos del cuarto principal, donde también encontró lo mismo.

La fémina le avisó a su pareja, pero este pensó que era un reflejo de la luz, por lo que se fueron para la playa.

Sin embargo, la mujer buscó más información en internet sobre cámaras ocultas y, al regresar a la propiedad, sacó el receptáculo que estaba sobre el espejo del cuarto principal “y descubrió que el receptáculo contenía una cámara oculta“.