El exalcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, pasará entre 57 y 63 meses en la cárcel, luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y declararse culpable a nivel federal de corrupción pública.

Desaliñado, barbudo y con uniforme de sumariado, Rivera Correa contestó: "Culpable" cuando el magistrado federal Marcos E. López le preguntó cómo se declaraba por el quinto cargo que pesaba en su contra por soborno.

Previamente, su abogado Rubén Morales y el fiscal Charles Walsh llegaron a un acuerdo para que hiciera alegación de culpabilidad a cambio de una pena recomendada de entre cuatro años y ocho meses y cinco años y tres meses de cárcel, además de una restitución de $39,000. El mismo contempla que, de ser sentenciado dentro del término recomendado, renuncia a su derecho a apelar la decisión.

De ir a juicio y ser encontrado culpable, se exponía a una sentencia de hasta 10 años de cárcel.

No se señaló la fecha de la lectura de sentencia, que será ante la jueza federal Carmen C. Cerezo.

El exejecutivo municipal del Partido Popular Democrático (PPD), de 61 años, fue arrestado el 10 de julio pasado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por cargos de soborno, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia. Desde entonces, permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo.

El 2 de septiembre pasado renunció a su posición como alcalde de Río Grande.

Según la acusación, entre febrero de 2010 y febrero de 2012, Rivera Correa recibió aproximadamente $39,000 en pagos en efectivo de una persona identificada en el pliego acusatorio como "Contratista A". Los pagos eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el municipio. Uno de los contratos era de inspección de trabajos de construcción por $98,000 y otro por $171,000 e incluían la posibilidad de renovaciones futuras.

Se alega que intentó extorsionar al contratista -cuyas conversaciones fueron grabadas- y le exigió $4,000 en efectivo para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con él.

Los cargos por obstrucción a la justicia -que serán desestimados al momento de ser sentenciado- son por supuestas amenazas que hizo al empresario en conversaciones grabadas, en las que trata de detenerlo de hablar con las autoridades y declarar ante un gran jurado federal.

Al momento de su renuncia, estaba suspendido de su puesto por orden del Panel del Fiscal Especial Independiente por imputaciones con programas que reciben fondos federales.

El coacusado en este caso es el abogado Alejandro Gabriel Carrasco Castillo, quien era asesor legal de los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos. Enfrenta cuatro cargos por soborno relacionado a programas que reciben fondos federales de los tres municipios. Se alega que solicitó pagos al contratista en varias ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.