La Fiscalía federal recomendó una sentencia de dos años y seis meses de cárcel para el contratista Daniel García Martín, luego de que se declarara culpable por posesión de armas ilegales que le fueron ocupadas durante una intervención federal relacionada con trabajos que realizó para los suegros de la gobernadora Jenniffer González en La Parguera.

Mientras, la defensa de García Martín propuso que se le debe permitir salir bajo un término de libertad supervisada.

La condena será dictada por el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, este miércoles, 17 de junio.

En marzo pasado, García Martín, de 68 años de edad, aceptó responsabilidad por tres armas de fuego y 143 municiones que poseía de forma ilegal, pues había sido convicto por un caso de asesinato en segundo grado, en 1998, y por el que cumplió 12 años en prisión.

En su moción, la Fiscalía federal recordó que las armas y las municiones fueron ocupadas por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) mientras diligenciaban una orden de allanamiento.

Previamente, el pasado 27 de febrero, la defensa había adelantado que García Martín haría una “alegación de culpa directa” o straight plea cambiando su alegación original de no culpable, sin indicar que hayan llegado a un acuerdo con la Fiscalía federal.

“El Ministerio Público recomienda que el tribunal imponga en el caso de García una pena de 30 meses de prisión, un período de libertad condicional supervisada de tres años y una multa”, sostuvo la moción de la Fiscalía federal.

Además, admitió en la moción que las guías de sentencia apuntan a una condena de 12 a 18 meses de cárcel, mientras que los estatutos establecen que se expone a una multa entre los $5,500 y los $55,000.

Según expuso, la Fiscalía federal “recomienda una pena de 30 meses de prisión, lo que representa una variación al alza”.

“Esta recomendación se basa en que este caso no corresponde a un caso de posesión de armas de fuego y municiones encontradas de casualidad, que se encuentra dentro del ámbito principal de los casos de armas de fuego contemplados en las Directrices, según lo calculado en el Informe Previo a la Sentencia”, argumentó.

Asimismo, planteó que existe jurisprudencia en la que los tribunales han excedido las guías de sentencia en casos donde “los acusados poseen cantidades sustanciales de municiones”.

“En este caso, el Tribunal no debería seguir el cálculo de las Directrices del Informe Previo a la Condena, en el que las condenas por homicidio quedan excluidas de la consideración únicamente porque quedan fuera del ‘período de tiempo aplicable’. Tal resultado no refleja la gravedad de los antecedentes penales de García ni su potencial de reincidencia”, apuntó.

Por su parte, la defensa radicó una extensa moción, de sobre una veintena de páginas para solicitar que no se le dicte una condena de cárcel, tratando de distanciar las caracterizaciones que ha recibido públicamente y que se le considere solamente como “un hombre con un pasado duro, rehabilitación genuina, una familia que lo necesita y un cuerpo envejecido que necesita un cuidado médico que el encarcelamiento no le puede proveer”.

Relató que el primer crimen que le imputaron fue la muerte de su padrastro, alegando que lo hizo para defender a su madre en momentos en que el hombre intentaba estrangularla. Cumplió siete años y medio de probatoria juvenil.

La defensa también indicó en la moción que su adultez se entregó a las autoridades por el asesinato de Isabel Zapata, argumentando que se debió a una discusión que surgió en momentos en que ambos supuestamente estaban bajo los efectos de sustancias controladas.

“Este memorándum no minimiza lo que hizo Daniel. Isabel Zapata está muerta. Era un ser humano con hijas que necesitaban a su madre. El sufrimiento causado por su muerte es real y perdurable. Este memorándum no pretende restarle importancia. Lo que este memorándum solicita es que la conducta de Daniel se entienda en su contexto completo, no como una excusa, sino como el acto de un hombre con una grave adicción y en una profunda crisis emocional, marcado por décadas de trauma, quien, inmediatamente después de cometer el acto, optó por asumir la responsabilidad en lugar de huir”, sostuvo.

Aseguró que desde que salió de la cárcel en el 2005 no había vuelto a tener problemas con las autoridades hasta 2025.

Sobre la ocupación de las armas y municiones, intentó reducir la severidad de la posesión plantando que eran “viejas”, que fueron encontradas “no cargadas” y “almacenadas”.

“El FBI no acudió a la casa de Daniel en busca de armas. Acudieron en busca de documentos: ordenadores portátiles, recibos y registros relacionados con una investigación de construcción”, destacó la defensa.

“La orden de registro de su domicilio no menciona armas, drogas ni ningún otro tipo de contrabando peligroso. En la orden no se indicaba que Daniel fuera considerado una persona armada o una amenaza física”, agregó.

También expuso que para la fecha de la vista habrá cumplido ocho meses bajo custodia, período en el que la cárcel “ha fallado en atender sus necesidades médicas, mientras que espera por una cirugía que fue pautada antes de s arresto y no se ha llevado a cabo”.

“La defensa sostiene respetuosamente que una sentencia equivalente al tiempo ya cumplido, seguida de dos años de libertad condicional bajo supervisión y con condiciones estándar, es una sentencia suficiente pero no mayor de lo necesario para lograr los objetivos de la condena”, afirmó.

En octubre pasado, se le negó salir bajo fianza en una vista en la que trascendió que el FBI había allanado la casa de García Martín como parte de una investigación sobre las construcciones en La Parguera.

En aquella vista, la fiscal Linet Olinghouse argumentó que uno de los factores por los que no debía estar en la calle, además de un supuesto peligro para la comunidad, era porque representaba un riesgo de fuga, debido a que García Martín “está al tanto de que es el objeto de una investigación en curso”, por lo que “está viendo a posibles penalidades adicionales”.

Por su parte, la abogada de la defensa, Jessica Earl, dijo que su representado había recibido el acercamiento de agentes del FBI “más de una vez durante el año pasado porque es, alegadamente, un constructor que ha estado trabajando en la casa de la gobernadora en La Parguera. Así es como esto comenzó”.

Tratando de plantear que se trata de alguien que no representa peligro para la comunidad, Earl dijo que “la única razón por la que se acercaron a García es por La Parguera y la construcción que estaba dándose allí”.

Posteriormente, al informar que denegaba la fianza, el magistrado federal Marshal Morgan indicó que “la orden (de allanamiento) surgió de una investigación de cuello blanco no relacionada (con este caso) que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad que le pertenece a su familia”, basado en la información provista por las partes durante la vista de detención.

Luego, la Fiscalía federal aclaró que “no existe ninguna investigación de cuello blanco (ni de ningún otro tipo) contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”.

No obstante, no descartó que sí exista la pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden del magistrado Morgan.

Por su parte, el abogado de los suegros de la gobernadora aseguró, en octubre pasado, que sus clientes no tenían en ese momento constancia de que exista una pesquisa a nivel federal sobre la residencia que ocupan en el área de La Parguera, en Lajas, aunque sostuvo que, en el pasado, han sido abordados por presuntos oficiales de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).