En medio de investigaciones en el Senado y el Departamento de Justicia sobre la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, el aspirante a la Cámara alta del Partido Popular Democrático Carlos Díaz Sánchez reveló este miércoles una carta enviada por el feminicida –ahora imputado de asesinar a otra mujer–, en la que señala que empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) presuntamente conocían que él caminaba en la prisión.

Escrita a mano y fechada el pasado 1 de mayo, en la misiva, Ávila Vázquez exigió tener una “reunión urgente, ya que voy a testificar quiénes fueron los que sabían que yo caminaba”.

El convicto, con una sentencia de 122 años, de los cuales solo ha cumplido 18 en prisión y uno en la libre comunidad, gracias a un pase especial por salud que obtuvo al fingir paraplejia, dirigió la carta a la superintendente del Centro de Ingresos, Diagnóstico y Clasificación 705 de Bayamón, Wanda Montañez Santiago.

Ávila Vázquez es imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez, reportado el pasado 22 de abril cerca de la playa Los Tubos, en Manatí. La vista preliminar está pautada para el 3 de junio, en el Tribunal de Arecibo.

“Hermes Ávila ahora quiere decir quiénes sabían y fueron cómplices de su paraplejia fingida, entre los que menciona a doctores, supervisor[es] de enfermería, guardias, sargentos, civiles y altos funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación, alegando que existe un acuerdo entre todas las partes mencionadas por él en su carta”, detalló Díaz Sánchez, en un comunicado de prensa.

“Es importante que la secretaria de Corrección (Ana Escobar Pabón) sepa que el confinado, al igual que el pueblo de Puerto Rico, no confía en la investigación administrativa que lleva a cabo, como se desprende de la nota. Es importante que esta carta sea parte de la investigación legislativa que lleva el Senado de Puerto Rico y que incluyan el testimonio del convicto Hermes Ávila Vázquez”, apuntó el precandidato.

Mientras tanto, la secretaria del DCR confirmó que la superintendente Montañez Santiago recibió la carta de Ávila Vázquez, y se mostró preocupada por la filtración de documentos por parte de Díaz Sánchez, exsenador del Partido Nuevo Progresista.

“Dicho documento fue referido de inmediato al Departamento de Justicia, que lidera la investigación en torno al caso de la excarcelación de Hermes Ávila. (...) Ahora, me preocupa sobremanera la constante filtración de documentos, las denuncias sin corroborar su veracidad y ataques viciosos en contra de la agencia, con el único fin de mancillar reputaciones, arrojar sombras sobre la investigación e intentar afectar su resultado”, planteó Escobar Pabón en declaraciones escritas.

“De nuestra parte, continuaremos adelante con la investigación y los resultados serán referidos al Departamento de Justicia y a cualquier otra agencia con injerencia sobre este asunto”, abundó.

Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, reiteró que, como parte de la investigación de la División de Integridad Pública, continúa entrevistando a personas de interés por el caso de la excarcelación de Ávila Vázquez.

“Las investigaciones de naturaleza criminal se llevan a cabo de forma confidencial para garantizar conclusiones certeras, por lo que no vamos a divulgar información que puede afectar el proceso investigativo”, sostuvo igualmente por escrito.

El viernes pasado, el portavoz del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz, propuso que se presente una resolución legislativa, con el objetivo de solicitar “inmunidad transaccional” para Ávila Vázquez y que, en una vista ejecutiva –a puerta cerrada– cuente todo lo que sabe sobre su excarcelación.

Sin embargo, se desconoce si este recurso legislativo se ha presentado ante las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, así como la de lo Jurídico, que investigan el asunto mediante la Resolución del Senado 933, presentada y aprobada en el hemiciclo el 6 de mayo.

El senador independiente José Vargas Vidot abrió las puertas a escuchar a Ávila Vázquez, pero en una vista ejecutiva en el centro correccional de Bayamón, debido a la logística que conllevaría mover a un confinado al Capitolio. Además, puntualizó que “la carta yo no la voy a ignorar, se está analizando”.

“Definitivamente, con esta carta, estamos trabajando con el presidente del Senado (José Luis Dalmau) si debemos hacer una vista ejecutiva, considerando que es una persona que está en máxima (seguridad) y hay que movilizar una serie de cosas”, insistió el legislador.

El presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salude Mental y Adicción recalcó que, “irresponsablemente” y desde “múltiples esferas”, se obviaron las disposiciones de la Ley 25 de 1992, que establecen qué condiciones un confinado debe cumplir para que sea excarcelado por un pase de salud.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias con cada una de las personas implicadas, aún sin la carta. Estoy viendo las evaluaciones de la parte médica y cómo la evaluación (de peligrosidad) responde a una interpretación de un reglamento. La secretaria (Escobar Pabón) no entiende que no hay nada que despinte que ha estado trabajando de espaldas a lo que es una buena gerencia”, opinó el senador, quien ya presidió cinco vistas a las que comparecieron funcionarios del DCR, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la empresa Physician Correctional, que administra los servicios de salud de la población penal.

El también salubrista adelantó que, al acercarse el cierre de esta sesión legislativa, ya su oficina está trabajando para presentar legislación, como “exigirle a Corrección que desarrolle unos protocolos para uniformar los criterios de peligrosidad” de confinados que soliciten un pase por la Ley 25.

“Todo lo que pueda ser reformulado, lo vamos a tocar con legislación. Es bien importante señalar que, de ninguna manera, vamos a hacerlo en menoscabo de los derechos y los procesos de rehabilitación de las personas que están confinadas”, compartió Vargas Vidot.

Estimó que tomará una semana más culminar las vistas para escuchar otros deponentes, entre ellos, los cuatro médicos que evaluaron a Ávila Vázquez; el licenciado Manuel Quilichini, quien dirigió Correctional Health Services; la enfermera que, presuntamente, ayudó al reo a salir de prisión; y la técnico sociopenal Julissa Beauchamp, que lo monitoreó estando en la libre comunidad.