Aneysha Crespo Mandry enfrentará el mes próximo un juicio por obstrucción a la justicia relacionado con una intervención en la que fue neutralizada –en dos ocasiones–por un agente que utilizaba un “taser”. Pero, a pesar de que una investigación de la Policía determinó, en mayo, que ese despliegue “de fuerza no estaba justificado” y violentó sus políticas, la jefatura policial aún no ha tomado una determinación sobre la conducta del oficial.

De acuerdo con documentos suministrados a El Nuevo Día por la organización Kilómetro 0, la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza (FIU, por sus siglas en inglés) refirió, el 9 de mayo, los hallazgos de una pesquisa de campo a la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP), que es la unidad interna que deberá recomendar al superintendente de la Policía, Joseph González, si se imponen acciones disciplinarias.

El superintendente auxiliar de la SARP, José Ramírez Ramos, aseguró, en entrevista con este medio, que la segunda investigación de la agencia “está a punto de concluir”, pero no quiso adelantar conclusiones en espera del informe final. Ese reporte, entonces, pasa a la División Legal de la Uniformada.

Esa segunda pesquisa administrativa, por reglamento, debe completarse en 90 días, pero podría tener hasta tres prórrogas.

“Lo importante es asegurar que se haga la investigación de la manera correcta y que tome el tiempo que dicta las políticas para asegurarnos que se investigue de la manera correcta”, argumentó, por su parte, el superintendente González, al defender la política e investigaciones administrativas en un encuentro con este diario en el Cuartel General, en Hato Rey.

Mientras culmina esta cadena de pesquisas, Crespo Mandry, que se encuentra en libertad supervisada por otro caso en Mayagüez, enfrenta juicio en el Tribunal de San Juan por un delito menos grave por presuntamente obstruir la justicia al resistir un arresto (Artículo 246(e) del Código Penal). La mujer es representada por el licenciado Adán Carlos Rivera Ramos, y su juicio fue reseñalado el miércoles para iniciar el 24 de febrero.

“Al usar la fuerza, los miembros de la Policía no reevaluaron la amenaza percibida y seleccionaron la respuesta a la misma, la cual no fue proporcional a la amenaza que enfrentaban y no utilizaron la cantidad de fuerza razonable y necesaria, para superar la resistencia percibida y lograr el control de la persona”, señala el informe, de 200 páginas, de la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza.

Los hechos se remontan al 21 de marzo de 2025, cuando el agente Giancarlo Pérez Lorenzo multó a Crespo Mandry, de 30 años, por estacionarse en un restaurante, en Puerto Nuevo, para ir supuestamente a un dispensario de cannabis.

De acuerdo al citado informe, una vez el agente Pérez Lorenzo redactó el boleto, la conductora “lo tomó en sus manos, lo rompió y lo lanzó” hacia el oficial, y le profirió palabras soeces. La mujer se montó en su vehículo y se resistió a bajarse, según documentó, igualmente, un video viralizado en redes sociales. Ante la actitud de la mujer, Pérez Lorenzo la neutralizó con un dispositivo de control electrónico o “taser”, la bajó del vehículo y la arrestó.

Sobre esa primera descarga, la división que investiga el uso de fuerza determinó que “no se logró equivalencia entre la resistencia pasiva que mostraba Crespo y la cantidad de fuerza empleada par parte de los miembros de la Policía”.

A pesar de haberla esposado y tener control sobre ella, el agente volvió a utilizar el “taser”. “Pérez Lorenzo no cumplió con la política de la Orden General 600-601, Reglas para el Uso de Fuerza, de la Policía de Puerto Rico", establece el reporte, que agrega que los miembros de la Uniformada deben “reevaluar continuamente la amenaza percibida, y el nivel de fuerza se reducirá inmediatamente, a medida que disminuya la resistencia”.

El examinador concluyó, además, que los agentes Gretchen Arroyo Rivera, Valeria Maldonado Molina y Daniel Ayala Almodóvar tampoco cumplieron con la normativa, al no “intervenir y asegurar que cualquier procedimiento durante el incidente cumpliera con los estándares establecidos por ley y las regulaciones de la Policía”.

“Siempre tenemos que recordar que lo que vemos en las redes sociales no es el pietaje completo. Van a haber investigaciones más amplias, y no solo se van a basar en video, sino testigos y otros elementos”, subrayó el jefe de la Uniformada.

El director de la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza, Jaime Cosme, mencionó que las investigaciones de uso excesivo de fuerza han aumentado, a pesar de la merma progresiva en el número de agentes de la Policía. Precisó que 2025 cerró con 232 pesquisas; en 2024, fueron 216, y en 2023, 179. En lo que va de este año, ya han iniciado otras 13 pesquisas.

Mientras, el SARP recibió 1,793 querellas por alegado mal comportamiento o violaciones a las políticas institucionales el año pasado, de las cuales 1,210 concluyeron y 583 se mantienen activas. De las que están en curso, 55 son por uso de fuerza excesiva.

“Ya la investigación de campo (del incidente del 21 de marzo) concluyó, pero no quiere decir que se dé por hecho que el resultado será ese. Puedo decir que hay incumplimiento de política, pero cuando se le asigne a SARP e inicia otra investigación, ellos van a recomendar si se debe exonerar, si lo van a castigar o si van a hacer alguna recomendación de adiestramiento”, puntualizó Cosme.

Para Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, resulta “paradójico” que, en este caso, a la mujer se le acusó rápido por agresión —cargo que no prosperó— y obstrucción a la justicia, pero al agente “no se le ha acusado de nada”, a pesar de la prueba recopilada.

“La Policía determina que se utilizó fuerza excesiva, que fue desproporcionada, irrazonable, que no eran las técnicas adecuadas. Pero ¿quién lo sabe? Solo lo sabemos nosotros porque preguntamos. Ellos no divulgan esa información, que puede ser útil para esa muchacha que tiene un cargo criminal en la corte”, enfatizó Mari Narváez.

En 2021, el Tribunal Supremo determinó que los informes de la Policía sobre el uso de fuerza por parte de sus agentes son documentos públicos, y a base de esa decisión, la organización solicitó en noviembre conocer el estatus de la querella sobre este incidente, y la División Legal de la Policía entregó la información días después.

José Luis Rosa López, “Chief of Staff” de la Uniformada, resaltó que “las decisiones administrativas de la Policía son revisables, tanto en foros externos”, como en la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación y en los tribunales, por lo que procuran tener todo documentado y confidencial para no “contaminar” los procesos.

“Recientemente, el Tribunal Supremo emitió una decisión que el quántum de prueba que se utilizaba para encontrar causa en un caso (administrativo) y castigar a un empleado tiene que ser suficiente para que pase en un tribunal“, dijo el capitán, al destacar la rigurosidad de los procesos que siguen.

En tanto, el superintendente González precisó que el año pasado despidieron a 20 policías, en su mayoría por “conducta inmoral” (8) y violencia doméstica (5). Ninguno fue por uso de fuerza excesiva.

Fuente: Oficina del Superintendente de la Policía (2026). *Los nombres de los oficiales expulsados no fueron suministrados por razones de confidencialidad.

A su vez, González reconoció que el fin de la Reforma de la Policía está encaminado, con un progreso estimado entre un 85% y 87% desde su implantación hace más de 10 años, y, en febrero, tendrán la próxima vista ante el juez federal Francisco Besosa. Afirmó que hay “avances significativos en el área de uso de fuerza”.

Desde 2011 hasta 2014, González fungió como el supervisor del Negociado Federal de Investigaciones(FBI, en inglés) a cargo de las pesquisas relacionadas con violaciones a derechos civiles y actos de corrupción que involucraban a policías.

Sin embargo, para la directora de Kilómetro 0, que lleva más de una década documentando la violencia policial, el uso excesivo de la fuerza se sigue manifestando en múltiples casos, como el de Crespo Mandry.

“Desde el primer cantazo que ella recibe, nosotros lo denunciamos como algo abusivo, y lo confirmamos ahora con la revisión que hace la Policía, porque ella estaba sentada en su vehículo. Eso no representa ninguna resistencia activa ni nada por el estilo. Tú no tienes grandes movimientos cuando ya tú estás sentada y acorralada por la policía. El ‘taser’ se tiene que utilizar en unas situaciones bien particulares, de forma escalonada y proporcional”, denunció.

A finales de 2024, Kilómetro 0 publicó la investigación titulada El tercer castigo: entre la irracionalidad y la peligrosidad, que reveló que la Policía utilizó descargas eléctricas en más de la mitad de las intervenciones de incidentes de crisis emocionales entre 2016 y 2022.

En octubre pasado, se reportó el caso de Giovanni Robles, quien falleció en el hospital tras recibir tres descargas de “tasers”, de dos agentes distintos, durante una intervención frente al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Fajardo.

Todavía, la división que investiga el uso de fuerza espera por la autopsia de Robles, quien enfrentaba una crisis emocional al momento de los hechos. Pero los directivos de la Uniformada siguen defendiendo el mecanismo de las descargas eléctricas.

“Antes, lo único que tenía el policía era la pistola. Ahora, tenemos múltiples herramientas menos letales y, en una intervención normal, no recurrimos directamente a la pistola, recurrimos a esos equipos para poder controlar una situación”, enfatizó el capitán Cosme.