La investigación que el Departamento de Justicia llevó a cabo sobre una querella anónima que denunciaba que la senadora Joanne Rodríguez Veve habría sido supuestamente víctima de actos de violencia doméstica concluyó “sin que se encontraran elementos para someter denuncia alguna”.

Así lo informó este viernes la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien indicó, en declaraciones escritas, que el Ministerio Público realizó una evaluación de la evidencia disponible y se determinó que no se hallaron “los elementos necesarios para iniciar un proceso criminal”.

Esto, según dijo, al amparo de la Ley 54-1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en la isla. “Estas son las únicas declaraciones, por parte de los funcionarios del Departamento, que se realizarán sobre este asunto”, puntualizó Gómez Torres.

Por su parte, Rodríguez Veve, portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado, se expresó satisfecha ante la determinación de Justicia de cerrar la investigación relacionada con la querella anónima, presentada inicialmente ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

“Esta decisión va acorde con lo que expresé públicamente y durante todo el proceso investigativo. Esto es, que no promoví dicha investigación ni estaría participando de un proceso iniciado tras la presentación de una querella viciosa, cuyo único propósito fue causarles daño a las personas mencionadas”, expresó.

Asimismo, Rodríguez Veve manifestó su expectativa de que Justicia continúe y concluya satisfactoriamente las investigaciones sobre la divulgación “ilegal” de la querella anónima.

“Si la persona responsable de este acto ilegal quedara impune, el Estado estaría promoviendo el uso malicioso del recurso de anonimato. Del resultado de esta investigación dependerá la confiabilidad de los procesos ante la OPM”, puntualizó.

A finales de agosto, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, informó que su oficina “recibió una carta anónima que contiene unas alegaciones que vinculan figuras públicas”, las cuales no identificó.

“Es importante aclarar que esta carta, que ha circulado en redes sociales y medios de comunicación, no proviene de nuestra oficina. Se recibió de forma anónima y ha sido objeto de atención inmediata, enviándole a las autoridades pertinentes con jurisdicción para investigar”, dijo entonces.

No obstante, en entrevista con el programa Primera Pregunta (Telemundo), confirmó que la carta circulada había sufrido alteraciones estéticas y se le incluyó un sello de la OPM, aunque “el contenido es similar, las alegaciones son similares”.

En ese momento, el licenciado Jaime Luis Sanabria Montañez, exesposo y padre de los hijos de la senadora, confirmó que Rodríguez Veve no autorizó ni participó en la querella presentada ante la OPM, en la que se denunciaban los supuestos “actos de maltrato y violencia de género” en su contra por parte del licenciado Carlos Mercader.

En declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día, Sanabria Montañez añadió que “el comunicado oficial de la procuradora de las Mujeres ya confirmó que el documento circulado está alterado, no provino de su oficina y fue recibido de forma anónima”.

Dijo, igualmente, que “es falso que los hijos hayan presenciado incidentes de violencia como los que allí se insinúan”. “Rechazamos categóricamente esa falsedad por el daño que causa a su bienestar”, anotó.

En la presunta querella, publicada por el periodista Rafael Lenín López, moderador de Primera Pregunta, se denunciaban presuntos actos ocurridos a lo largo de un período de 19 meses, entre enero de 2024 y agosto de 2025.

“Ha presentado durante el último año un patrón de violencia doméstica caracterizado por una conducta donde ha empleado la violencia física, el maltrato psicológico, y la intimidación”, reza el documento divulgado, con tachaduras, por Lenín López.

Rodríguez Veve y Mercader nunca han confirmado si son pareja.

Tras la difusión de la querella anónima, la senadora envió una carta al superintendente de la Policía, Joseph González, solicitando investigar la filtración, así como revelar la identidad de la persona que presentó la querella ante la OPM.