Puerto Rico no tiene una ley reguladora de albergues o centros de control de animales que obligue a estas entidades a detener sus funciones en caso de malas prácticas.

Pese a que el Departamento de Salud sí cuenta con una Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), la dependencia no rige sobre los centros de control de animales alrededor de la isla ni tampoco puede ordenar sus cierres.

“Los albergues de animales son mayormente entidades privadas sin fines de lucro. Muchos de ellos son santuarios, otros son albergues o centros de control. Hay tres albergues que son municipales: San Juan, Carolina y Ponce, son administradas por el municipio. El resto son entidades privadas sin fines de lucro”, apuntó la directora de OECA, Wilma Rivera Díaz.

Rivera Díaz añadió que aunque la OECA no regula, el Departamento de Salud sí otorga algunos permisos de operación para este tipo de organizaciones, como un permiso de botiquín y un permiso para operar como clínica veterinaria.

Por años la comunidad de rescatistas en Puerto Rico ha denunciado un mal manejo de los animales que llegan a las instalaciones del Centro de Control y Albergue Capitán Correa, asegurando que los dueños del establecimiento buscan lucrarse de la sobrepoblación de animales realengos que hay en Puerto Rico.

“Llevan años, muchos años haciéndolo porque ellos entienden, a través de su director ejecutivo, que (a) una necesidad que tiene el país se le puede sacar dinero, y esa necesidad es el recogido y recibo de animales realengos”, expresó Maritza Rodríguez, directora ejecutiva del santuario Humane Society of Puerto Rico en Guaynabo, quien confirmó además que conoce de las denuncias de malas prácticas por parte de esta organización.

El Centro de Control y Albergue de Animales Capitán Correa en Arecibo es una institución privada, sin fines de lucro, que mantiene un contrato con el Municipio de Arecibo en el que ofrecen servicios de vacunación, esterilización y adopción de animales, entre otros.

A diferencia de santuarios, el Centro de Control en Arecibo sí emplea eutanasia para mantener bajo control la población de animales que llegan y, de acuerdo a Rivera Díaz, también tienen a un veterinario bajo contrato que nunca ha sido identificado y quien administra este servicio.

“Siempre he escuchado que tienen un veterinario que lleva a cabo este tipo de trabajos. Desconozco el nombre de ese veterinario pero sí, siempre he escuchado que tienen su veterinario”, aseguró Díaz Rivera.

En días reciente estas denuncias se han vuelto más presentes tras la desaparición de Jhonny, un perro negro que le pertenecía al cantante de música urbano Luar la L y quien se sospecha fue recogido en Río Grande y trasladado a Arecibo. Al momento no hay indicios sobre qué ocurrió con Jhonny, mientras las autoridades esperan por pruebas que se solicitaron de un perro negro que se encontraba muerto dentro de una bolsa semi-enterrada y en estado de descomposición en la parte posterior al Centro de Control y Albergue Capitán Correa.

“Se supone que las carcasas de animales, sean los veterinarios o sean los albergues, las dispongan a través de cremación o hay unos vertederos que permiten que se entierren”, afirmó Rivera Díaz aunque reiteró nuevamente que su oficina no tiene jurisdicción sobre esa falta tampoco, sino que cae en la Junta de Calidad Ambiental aunque reconoció además que no existe una ley que evite que una persona entierre algún animal en otro lugar.

El Centro de Control y Albergue Capitán Correa es dirigido por Carlos Negrón Casalduc y mantiene un contrato con el Municipio de Arecibo que se inició en el 2014 bajo la administración del entonces alcalde Carlos Molina y expira el 30 de junio de este año.

A preguntas de este medio sobre si el contrato se estaría renovando, una oficial de prensa del ayuntamiento aseguró que este contrato, al igual que otros, se encuentran bajo un proceso de evaluación por la administración municipal de cara al inicio del año fiscal 2024-2025.

De igual manera, en una investigación especial del programa Cuarto Poder, el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, confirmó que la Legislatura Municipal de ese pueblo mantenía una investigación activa del centro de control aunque con la fecha de expiración tan cerca es que medidas se podrían tomar en contra del establecimiento.