La defensa de un abogado acusado en un caso de corrupción solicitó al tribunal que se le informe sobre si un testigo de la fiscalía coopera con “investigaciones en curso”.

La solicitud fue sometida por la licenciada Lydia Lizarríbar, abogada de Alejandro Carrasco, quien está acusado en el caso de soborno por el que resultó convicto en el 2014 el entonces alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa.

La jueza Carmen Consuelo Cerezo pautó hoy el juicio para el 2 de agosto, mientras que mañana celebrará una vista de status en su oficina.

“En el caso presente, al menos hay un cooperador del gobierno conocido, Juan Carlos Mercado y por información y conocimiento es un cooperador activo”, sostuvo Lizarríbar en una moción ante la jueza.

Por esa razón, “la defensa solicita que se le informe de su participación en otras investigaciones en las que haya provisto documentos, información/cooperación/testimonio que haya dado y que la corte determine si la información se le debe ser provista a la defensa de Carrasco”.

Mercado también estuvo involucrado en el caso por el que fue sentenciado a 10 años de prisión en el 2012 el entonces al alcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes.

El juicio contra Carrasco iba a ser el 16 de julio, pero fue pospuesto ante la petición de la abogada.

Entonces, la jueza ordenó que la fiscalía provea la información de la participación de Mercado en otras investigaciones para el 16 de julio.

“Adicionalmente, la fiscalía debe informar para el 26 de julio, en una moción sellada para el tribunal, si hay documentos relacionados a investigaciones en curso y si es así, si tiene objeciones a la moción” de la defensa, añadió la orden de Cerezo.

La solicitud de la abogada es un recurso que utiliza por vía del tribunal para buscar si existe evidencia exculpatoria para su cliente.

El exalcalde popular de Río Grande fue acusado el 8 de julio de 2014. Según la acusación, entre febrero de 2010 y febrero de 2012, Rivera Correa recibió aproximadamente $39,000 en pagos en efectivo de una persona identificada en el pliego acusatorio como "Contratista A". Los pagos eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el municipio. Uno de los contratos era de inspección de trabajos de construcción por $98,000 y otro por $171,000 e incluían la posibilidad de renovaciones futuras.

La acusación alegó que intentó extorsionar al contratista -cuyas conversaciones fueron grabadas- y le exigió $4,000 en efectivo para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con él.

Carrasco, coacusado en ese caso, era asesor legal de los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos.

Enfrenta cuatro cargos por soborno relacionado a programas que reciben fondos federales de los tres municipios. Se alega que solicitó pagos al contratista en varias ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.

Como parte de la evidencia que la fiscalía informó que se utilizará en el juicio, figuran decenas de documentos que incluyen expedientes de programas federales en los Municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos.

También están los contratos de Carrasco con varios municipios, incluyendo Barceloneta, Río Grande y Juncos.

Asimismo, hay contratos de Mercado con los municipios de Barceloneta, Río Grande y Juncos.

La lista de evidencia también menciona pagos colectados por la compañía ITG de esos tres municipios.