Una investigación encubierta del Negociado de la Policía reveló un presunto esquema de tráfico de armas y drogas en las calles dirigido desde la cárcel de Bayamón con la participación de oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

En conferencia de prensa, el comisionado de la Policía, Joseph González, identificó a los oficiales de custodia imputados en el operativo “Custodia Segura” como, Derrick Serrano Rodríguez, José Armando Colón Burgos, y los hermanos gemelos Carlos Cruz Butler y Anthony Cruz Butler.

La Fiscalía de Bayamón también formuló cargos contra el técnico de refrigeración Gamalier Ortiz Mercado y el contratista de construcción Julio Emanuel Rosario Robles, quienes no tenían ninguna relación con el DCR.

Rosario Robles, alias “Manny”, de 41 años y residente en Barceloneta, permanece prófugo, indicó González.

El séptimo imputado en el caso es el confinado Neftalí Ortiz Colón, quien cumple una condena por un asesinato registrado en Barranquitas en 2017.

Tras encontrar causa para arresto por los cargos radicados, el tribunal emitió una fianza global de $5.8 millones.

“Hoy es un día cuando las acciones de pocos nos indignan porque no es fácil tener compañeros que con sus acciones manchan las acciones de tantos hombres y mujeres que cumplen su deber con la frente en alto”, expresó González.

Según los cargos presentados por Justicia, mediante la pesquisa se identificaron presuntas transacciones realizadas desde el 2024 hasta marzo del año en curso.

Los agentes encubiertos ocuparon tres pistolas, un rifle, 36 municiones, cuatro cargadores, 112 gramos de marihuana, más de un kilo de cocaína y 31 gramos de fentanilo.

En conferencia de prensa, González, la fiscal Jenniffer Reyes, y el secretario del DCR, Francisco Antonio Quiñones Rivera, aseguraron que este caso no implica tráfico de contrabando dentro de las cárcel.

Por el contrario, Reyes explicó que “las transacciones se planificaban en la cárcel”.

Agregó que “estas transacciones fueron llevadas a cabo fuera de la institución penal. De estas transacciones que se planificaron, ninguna de las sustancias controladas fueron ingresadas a la institución”.

Sí dijo que las transacciones se llevaron a cabo “en áreas cercanas a la institución”.

Reyes detalló que las instrucciones sobre las ventas salían desde la cárcel por oficiales correccionales. Expuso que los implicados “se conocían dentro de la institución penal”.

“El confinado coordina una de las ventas” y “la venta per sé se da fuera de la cárcel”, recalcó.

Según las denuncias, parte de la evidencia recopilada reveló, presuntamente, que Ortiz Colón coordinó para que Rosario Robles y Ortiz Mercado ejecutaran la venta de dos pistolas, (Glock y Taurus) calibre .40 con cargadores y municiones, junto con fentanilo, a una persona que resultó ser un agente encubierto.

Mientras, con relación a los oficiales correccionales en específico, Carlos Cruz Butler supuestamente vendió un octavo de cocaína; Anthony Cruz Butler presuntamente realizó una transacción por un kilo de cocaína; Colón Burgos, según la Fiscalía, vendió cuatro onzas de marihuana; y Serrano Rodríguez, supuestamente, vendió un rifle modificado ACI-15 calibre 5.56 y una pistola Taurus.

A su vez, el secretario del DCR manifestó que “no vinimos a ocultar lo que está pasando, vinimos a resolver. Seguimos trabajando con agencias estatales y federales”.

“Habíamos dicho que los íbamos a sacar uno a uno. Los vamos identificando. Hay mucha información y la vamos a seguir trabajando. Vamos a limpiar la casa”, abundó. “Vamos a darle bien duro a los que están traficando con la desgracia de unas personas en las instituciones”.

El titular del DCR recalcó que reanudará las pruebas de dopaje y las investigaciones de seguimiento de empleados de la agencia después del proceso de reclutamiento para asegurar que, con el pasar del tiempo, no se involucren en actividades ilegales.

Antes de este operativo, en lo que va de este año, las autoridades arrestaron a por lo menos siete guardias penales con relación a contrabando en las cárceles.

El incidente más reciente fue a principios de este mes, cuando un oficial correccional - precisamente de la cárcel de Bayamón - fue detenido luego de que la Unidad Canina del DCR, supuestamente, detectó sustancias controladas en su vehículo.

Previamente, a principios de abril, un oficial correccional identificado como José A. Cabrera Torres, fue detenido tras ser sorprendido intentando introducir dos teléfonos celulares a la institución 705 en Bayamón.

Un mes después, el 25 de marzo, las autoridades arrestaron a Nashaly Roxane González Rodríguez, quien llevaba cinco años en el DCR, por presuntamente ingresar contrabando y narcóticos, específicamente fentanilo y cocaína, a la Institución Guayama 500.

Posteriormente, el 19 de abril, la Policía arrestó a una tercera oficial correccional, identificada como Gismari R. Santana Villegas, de 26 años.

A la mujer se le ocupó marihuana adulterada con fentanilo en su vehículo personal, según la Uniformada.

Luego, el 22 de abril, las autoridades detuvieron a un oficial de custodia de la cárcel de Bayamón en una estación de gasolina en Gurabo por poseer sustancias controladas. Fue identificado como Edgar Dones Mejías, de 30 años.

Posteriormente, el 6 de mayo, Deyaneira Chevres Hernández, de 29 años, fue arrestada por posesión de sustancias controladas.

En medio de un registro, los agentes le habrían ocupado cocaína mientras la imputada, quien trabaja como personal de mantenimiento, laboraba en el Centro Médico Correccional.

Reyes sostuvo que, aunque la pesquisa sigue abierta, por el momento no han relacionado este esquema con alguna de las organizaciones impactadas en el pasado por operativos federales y estatales.

En diciembre pasado, las autoridades federales ejecutaron un operativo que resultó en la acusación y arresto de 34 personas supuestamente vinculadas a una organización de tráfico de drogas en cárceles de Puerto Rico.

El pliego emitido por un gran jurado consiste de nueve cargos contra 23 personas que ya estaban ingresados en prisiones del DCR y 11 que estaban en la libre comunidad, y que supuestamente pertenecían a una ganga narcotraficante conocida como el “Grupo 31″ o “Los Tiburones”.

Entre los detenidos en ese operativo federal figuró Jensen Medina Cardona, quien fue declarado culpable el 28 de octubre de 2021 por el asesinato de Arellys Mercado Ríos el 18 de agosto de 2019 en Villa Marina Boulevard, en Fajardo, y quien cumple su sentencia en la cárcel de Bayamón.

Al ofrecer detalles en una conferencia de prensa, en diciembre pasado, el jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, indicó que algunos detenidos lanzaban droga desde el exterior hacia los predios de las cárceles aprovechándose de la corrupción e indiferencia de oficiales correccionales.

“En ocasiones, personal permitió que la distribución de drogas del Grupo 31 prosperara, entre otras acciones, al informarles cuando las autoridades de ley y orden estaban en una institución o dando información favorable, y permitían que operaran su propio sistema disciplinario”, expuso el funcionario federal, quien dijo que se trata de un problemática que ocurre en cárceles en los Estados Unidos y otros países del mundo.

La acusación plantea, además, que “en limitadas circunstancias, empleados participaron en la introducción y distribución de sustancias ilegales para el Grupo de los 31. En otras instancias, hubo empleados que también les proveyeron “inteligencia” y “fallando en documentar y reportar incidentes, como es requerido”, así como en no reportar “como evidencia artículos ocupados”.

No obstante, entre los acusados no figuró ningún guardia del DCR. La entonces secretaria del DCR, Ana Escobar, indicó que hasta ese momento ningún oficial se encontraba suspendido o en un proceso administrativo relacionado con el caso.

Sin embargo, no descartó que hubiera algunos bajo investigación y recordó que durante los cuatro años de su administración, 13 empleados correccionales fueron procesados por participar en el contrabando de drogas en las cárceles.

En aquel momento, Escobar calificó el operativo federal como “una primera etapa”.