Detrás de cada mujer cuya vida fue arrebatada por la violencia machista, hay historias que quedaron inconclusas: sueños que jamás vieron la luz, abrazos que nunca se dieron y risas que se apagaron pronto.

También quedan familias suspendidas en la incertidumbre, esperando respuestas que no llegan, aprendiendo a vivir con la ausencia y con un dolor que no prescribe. Cada nombre encierra una vida truncada.

Entre esas historias está la de la bailarina Yexeira Torres Pacheco, de 23 años, quien desapareció en octubre de 2011, un caso que conmocionó a Puerto Rico y sentó un precedente en el sistema de justicia.

Por el crimen, las autoridades acusaron a su exnovio, el exagente de la Policía Roberto Quiñones Rivera, quien resultó convicto tras un proceso judicial que contó con evidencia circunstancial, científica y testifical.

“(El caso de Yexeira) fue uno sumamente mediático donde se visibilizó grandemente el peligro extremo que representa estar dentro de una relación de maltrato. Hubo bastante cobertura en términos de los elementos de maltrato, control y violencia”, dijo la exprocuradora designada de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra.

En entrevista con El Nuevo Día, la también directora ejecutiva de la organización Rehaciendo Comunidades con Esperanza, Inc. (ReHaciendo) abundó que el caso, de alguna forma, “exponía ese ciclo de lo que es el maltrato y la violencia que muchas mujeres viven y que es la antesala a lo que pudiera ser un feminicidio”.

Precisamente, durante el proceso judicial contra Quiñones Rivera, varios testigos de la Fiscalía declararon bajo juramento ante el Tribunal de Carolina sobre varios presuntos incidentes de violencia.

De hecho, antes de anunciar el histórico fallo de culpabilidad, el entonces juez superior Francisco Borelli Irizarry ofreció el 12 de agosto de 2014 una alocución en la que cuestionó la “inercia” mostrada por varios testigos frente a las manifestaciones de violencia de género que sufrió Torres Pacheco.

“Poco hicieron para detenerlas (las manifestaciones de violencia)”, afirmó Borelli Irizarry ante una sala judicial atestada de público, al mismo tiempo que repasó la literatura sobre violencia doméstica en el país y advirtió de manera contundente que un “pueblo que adopta la indiferencia se hace insensible ante la violencia”.

En aquel momento, la madre de Yexeira emitió unas desgarradoras expresiones a la prensa, revelando una dura realidad que quizás viven muchas familias.

“Cuando él (Roberto) llegó a mi casa, llegó como un hombre bueno, un hombre que dijo que era de buena familia. Sin embargo, cometía violencia doméstica con mi hija y estas personas que cometen violencia doméstica, padres (sepan que) tienen a nuestras hijas amenazadas hasta el punto que ellas no pueden decir cuál es su sufrimiento”, dijo Pacheco Calderón.

Así, el caso de Yexeira no solo expuso con crudeza el flagelo de la violencia de género, sino que también dejó al descubierto las profundas fallas estructurales del sistema encargado de prevenirla y atenderla.

“El país también, hasta cierto punto, como que se sacudió porque, de alguna forma, reflejó esas múltiples fallas sistémicas en términos de cómo hacer esos protocolos de búsqueda ante un cuerpo que no aparecía. Así que creo que este caso ayudó a identificar que hacía falta trabajar esta parte”, opinó Rivera Sierra.

De manera similar, la portavoz de la Coordinadora Paz para las Mujeres, Irma Lugo Nazario, expuso que, “cuando ocurrió el caso de Yexeira en el 2011, las organizaciones de mujeres, además, venían trabajando y denunciando la falta de coordinación entre las diferentes agencias (en el manejo de los casos)”.

“Fue un caso que quizás, si tomamos en cuenta el contexto histórico de esa época, estaba comenzando todo lo de las redes sociales. Así que eso dio más visibilidad al caso como tal. Las organizaciones participaron, fueron activas en la denuncia, trabajaron vigilias“, manifestó Lugo Nazario.

A su juicio, el caso también puso de relieve la necesidad de reconocer las distintas manifestaciones de violencia que una víctima puede estar enfrentando —muchas veces invisibles para su entorno, como familiares e incluso amistades o compañeros de trabajo— que van desde el control y la manipulación hasta el acoso.

“El caso de Yexeira nos demostró -y es algo que seguimos trabajando- la relación entre las desapariciones y los feminicidios, que en aquel momento histórico tampoco trabajábamos el concepto de feminicidio, que se reconoce en Puerto Rico a partir de la Ley 40 en el año 2021”, planteó Lugo Nazario.

Durante el año en que ocurrió la desaparición, Puerto Rico atravesaba un periodo convulso. La Policía reportó 1,136 asesinatos en el 2011, 160 más que en 2010. Entre las víctimas había al menos 82 mujeres. De estas, 25 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en casos de violencia doméstica.

Durante el 2011, además, se registraron 16,173 incidentes de violencia doméstica, según la Policía. Mientras, el Sistema de Emergencias 9-1-1 llegó a reconocer que recibía un promedio de 985 llamadas al mes sobre casos de violencia doméstica, ocupando el cuarto lugar entre los casos de mayor incidencia.

Pero este panorama, lejos de disminuir, continuó en ascenso, evidenciando un problema de violencia que el país no ha logrado frenar. Una investigación del Observatorio de Equidad de Género (OEG) reveló que, desde el 2019, se han perpetrado 455 feminicidios en la isla, incluidos 113 que continúan bajo análisis.

Pero estas cifras son más que simples números, son nombres e historias como las de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz, Andrea Ruiz Costas, Claribel Ramos Correa, Rosimar Rodríguez Gómez, Ivette Joan Meléndez Vega, Jada Waldmann, Vannesa Lynmar Martínez y Mildred Beatriz Colón.

Según las estadísticas de la Policía, el 2025 cerró con 462 asesinatos, 33 menos que los 495 reportados en el 2024. Entre estos casos, 16 han sido clasificados como feminicidios íntimos, según los datos provistos.

Además, se registraron al menos 7,729 incidentes de violencia de género desde enero hasta diciembre de 2025, según las cifras oficiales disponibles en la plataforma digital de la Uniformada.

“Lamentablemente, vemos que los números en unos años bajan, en otros años aumentan, pero yo creo que hoy día hay más información sobre el tema, más información disponible, la gente está más consciente de lo negativo de la violencia doméstica, de la violencia de género, de las manifestaciones”, dijo Lugo Nazario.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. “Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas”, según la entidad.

En un informe publicado en su plataforma digital, la ONU alertó que, muchas veces, el abuso en una relación de pareja no empieza de inmediato o empeora con el tiempo. Por eso es importante prestar atención a las señales de alerta como son los cambios repentinos en el comportamiento, los celos, el control excesivo, el aislamiento social, las marcas físicas o el nerviosismo constante. Reconocer estas señales puede salvar vidas.

“La violencia de género puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico, y puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada. Las amenazas, la coerción y la manipulación son también formas de violencia de género”, advirtió la ONU.

Puerto Rico ha avanzado en legislación, visibilidad mediática y protocolos. Sin embargo, las organizaciones en pro de las mujeres coinciden en que hay aspectos que requieren atención, como los esfuerzos de prevención y la recopilación de datos.

“Siempre que ocurre un feminicidio nos recuerda que este es un problema grave que existe en nuestro país, y que nosotros como país jamás debemos aceptar que la violencia de género se normalice”, aseguró Rivera Sierra. “Tenemos que llevar el mensaje como país de que hay recursos y ayuda disponible”.

Rivera Sierra señaló que la Ley 40-2021 -que tipificó el feminicidio y el transfeminicidio como delitos- representó un gran avance en la isla, al igual que la Alerta Rosa, creada mediante la Ley 149-2019, que sirve como mecanismo de protección de las mujeres de 18 años o más desaparecidas o secuestradas.

“Eso (la Alerta Rosa) ha sido un avance porque en ese tipo de casos, cuando una mujer desaparece, si hay esos elementos de que fue por su pareja, se activa inmediatamente la alerta Rosa y podemos encontrar la mujer viva o que se activa completamente la comunidad”, dijo Rivera Sierra.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por las organizaciones sin fines de lucro, que han reforzado a través de los años los esfuerzos de orientación y acompañamiento de las sobrevivientes de violencia. “Hay recursos que anteriormente no había y se ha fortalecido ese sistema de servicios”, aseveró.

“Algo que se ha podido fortalecer, desde el lado de las organizaciones sin fines de lucro, es que ahora, pues hay unos sistemas en términos de orientación y acompañamiento. Existen las figuras, por ejemplo, de intercesoras legales, que están ubicadas en los tribunales. Hay organizaciones que las tienen”, dijo.

Las intercesoras ayudan en el proceso de orientación sobre los derechos que tienen las víctimas, pero también sobre los procesos que se pueden llevar a cabo en los tribunales, desde cómo radicar cargos hasta cómo solicitar una orden de protección, tomando en consideración que hay representación legal gratuita.

De igual forma, Rivera Sierra destacó como otro avance la ampliación de la red de albergues para víctimas y la creación del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP). Sin embargo, destacó que uno de los puntos débiles sigue siendo la difusión de información sobre los servicios disponibles.

“Un talón de Aquiles que tenemos es que, para que toda la comunidad conozca los servicios que hay, debe haber una prevención constante y aquí una de las fallas que tenemos como país es que no contamos con campañas educativas continuas y que no sea solo cuando ocurre un feminicidio”, mencionó.

Tanto Rivera Sierra como Lugo Nazario coincidieron en que, aunque el sistema judicial y la Policía tienen protocolos más actualizados, hace falta evaluar su efectividad. Instaron a fortalecer la prevención, a diseñar campañas para las distintas poblaciones y a contar con datos confiables como lo hace el OEG.

“Muchas veces nos damos cuenta que muchas de las víctimas que llegan a lugares de apoyos no sabían que había un grupo, que había organizaciones y que hay herramientas para poderlas apoyar. Es importante que busquen ayuda”, dijo Lugo Nazario.

“En Puerto Rico se ha trabajado un protocolo gracias a la orden ejecutiva de violencia de género que se firmó en enero de 2021 (que declaró un estado de emergencia). Hubo un trabajo que se hizo con el comité PARE, se trabajó con el protocolo de investigación de feminicidios que trabajó la Policía”, añadió.

Finalmente, señaló que la educación debe mantenerse de manera continua, al igual que la capacitación en las agencias, para enfrentar nuevas formas de violencia, como la digital, que a su entender ha aumentado tras la pandemia de COVID-19, y que exige protocolos actualizados, recursos y una respuesta coordinada.

“Hay un trabajo que se ha realizado, pero hay que continuarlo y atender lo que falta”, puntualizó.

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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.