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Integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, tiene 90 días para decidir si corrige los nombramientos que hizo su antecesor Barack Obama, en virtud de la ley federal Promesa, o si constituye un nuevo cuerpo rector cuyos integrantes reciban el consejo y consentimiento del Senado.

El Primer Circuito de Apelaciones concluyó ayer que el proceso de nombramientos establecido en la ley federal Promesa y que dio paso a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), es contrario a la Constitución de Estados Unidos.

Durante ese período de 90 días, a menos que alguna parte eleve la controversia a la Corte Suprema de Estados Unidos, la actual Junta podrá continuar operando como lo ha hecho hasta la fecha y sus acciones se consideran válidas.

El foro intermedio federal determinó hoy revocar a la jueza Laura Taylor Swain por quinta vez consecutiva, por entender que si bien Puerto Rico está a merced de los poderes plenarios del Congreso bajo el Artículo IV de la Constitución de Estados Unidos, esa sujeción no va por encima del Artículo II (que trata de los nombramientos de oficiales federales), pues esta constituye “uno de los pilares estructurales” de la carta magna estadounidense.

Decisión de Boston sobre la... by on Scribd

“Los miembros de la (JSF), en síntesis, se parecen más a los procónsules romanos escogidos por Roma para aplicar una ley romana y supervisar los líderes de los territorios, que a los líderes locales que son seleccionados, a los que Roma les permite ejercer cierta autoridad”, reza el fallo escrito por el juez Juan R. Torruella.

El fallo emitido por los jueces Torruella, William J. Kayatta Jr. y O. Rogeriee Thompson se produjo unos tres meses después de que la firma de inversiones Aurelius Investment, la aseguradora municipal Assured Guaranty y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) acudieran a ese foro inconformes con un fallo de Swain. La jueza determinó, en esencia, que la JSF es una entidad del gobierno “territorial” porque así lo decidió el Congreso, y por ende, sus directivos no necesitan la confirmación del Senado estadounidense.

De acuerdo con el escrito de Torruella, la evidencia sugiere “fuertemente” que desde el 1789, el Congreso y el Senado estadounidense veían el proceso de nombramientos presidenciales y la confirmación del Senado como uno aplicable, tanto a los oficiales federales en un estado como en un territorio.

El Primer Circuito tenía ante sí tres cuestionamientos por parte de Aurelius, Assured y la Utier. El primer asunto era aclarar si la cláusula territorial en un territorio no incorporado puede desplazar la cláusula constitucional de nombramientos. El segundo asunto era decidir si los miembros de la JSF son oficiales del gobierno de Estados Unidos y el tercero si los integrantes de la JSF son oficiales principales o inferiores del gobierno estadounidense.

Desde la perspectiva del Primer Circuito, el amplio poder discrecional otorgado a la JSF por el Congresoa través de Promesa, el hecho de que los integrantes del ente fiscal solo pueden ser removidos por el presidente de Estados Unidos y el hecho de que la JSF no está sujeta a ninguna ley del gobierno territorial, deja a la luz de manera inequívoca que los directivos de la JSF son oficiales “principales” del gobierno de los Estados Unidos.

El alcance de Promesa

Así las cosas, según el Primer Circuito, los nombramientos de Andrew Biggs, José B. Carrión, Carlos M. García, Arthur González, José R. González, Ana Matosantos y David Skeel son “defectuosos” porque nunca recibieron el consentimiento del Senado federal.

La decisión del foro intermedio coincide con la lectura de la Corte de Reclamaciones federal, foro que el año pasado concluyó que la JSF es una entidad del gobierno de Estados Unidos. Bajo esa óptica, el gobierno estadounidense también tendrá responsabilidad sobre la deuda pública emitida por Puerto Rico.

Fallo a medias

Si bien el Primer Circuito revocó a Swain en lo que atañe al proceso de nombramientos, los jueces del apelativo coincidieron con ella al establecer que anular lo hecho por la JSF en los pasados años haría más mal que bien a un territorio que atraviesa una crisis fiscal que propició la intervención congresional.

En ese sentido, el foro apelativo no concedió el pedido de Aurelius y Assured para desestimar las peticiones de quiebra que hizo la JSF bajo el Título III y tampoco concedió a la Utier, derogar la doctrina de los Casos Insulares.

Como resultado, Boston no dejó de lado las exigencias de recortes en el gasto público que se establecen en el plan fiscal certificado por la JSF; no incide sobre el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y tampoco en la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), consumada bajo el Título VI de Promesa.

La reacción en Washington

Cuando bajó la decisión del Primer Circuito, los presidentes de los comités con principal jurisdicción sobre la isla –la senadora republicana Lisa Murkowski y el congresista demócrata Raúl Grijalva- viajaban a sus distritos, según sus portavoces.

El fallo del Primer Circuito que confiere a Trump actuar sobre Puerto Rico se produjo justo al inicio del fin de semana de la efémeride de los Presidentes de Estados Unidos.

Grijalva se ha expresado, en el pasado, a favor de revisar los poderes de la JSF y tiene programado un viaje de su comité a Puerto Rico del 14 al 17 de marzo. Esto, con el objetivo de escuchar a diversos sectores sobre asuntos como la crisis fiscal, la junta y la transformación del sistema energético de la isla.

Un portavoz de la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York), quien ha servido de enlace para estos asuntos con el liderato de su partido en el Congreso, dijo que la legisladora revisa la decisión y esperará a ver si es apelada antes de “considerar opciones futuras”.

“Esta opinión no cuestiona el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico a base de la cláusula territorial… Tan tiránico es una junta de demócratas y republicanos, como tiránico es una junta solamente de republicanos”, expresó en San Juan, el senador independentista, Juan Dalmau.

Habla el gobierno

Por su parte, el representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino Vega, señaló ayer que la decisión del tribunal no debe alterar los planes de trabajo ya trazados.

“La política pública del gobernador ha sido la misma desde el primer día: reestructurar la deuda de Puerto Rico, preferiblemente mediante acuerdos de buena fe, una reestructuración del gobierno y una responsable disciplina fiscal”, dijo Sobrino Vega al indicar que esa es la agenda del gobierno independientemente de la JSF.

Sobrino Vega recordó que el fallo no afecta los acuerdos de reestruturación ya pactados ni trastoca la validez de la ley federal Promesa o el alcance del Título III.

A preguntas de este diario acerca de la autoridad que ahora posee el presidente Trump para nominar todos los integrantes de la JSF justo cuando prevalece cierta tirantez entre la Casa Blanca y la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Sobrino Vega se negó a entrar en especulaciones.

“Si algo aprendimos con el proceso de nombramientos de la junta es que las expectativas que se crearon no son las que hemos apreciado todos para bien o para mal. No voy a especular sin antes ver la lista de designados”, dijo Sobrino al reconocer que Trump no ha sido “amigable” con los bonistas o otros acreedores de la isla.

La JSF indicó que evalúa la decisión de Boston para decir el curso a seguir.



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