La Ley 319 del 1938 dispone que toda persona que se dedique a la práctica de la ingeniería y la agrimensura en Puerto Rico tiene que estar afiliado al Colegio de Ingenieros y Agrimensores. (Shutterstock)

La jueza superior del Tribunal de San Juan Iris Cancio González declaró inconstitucional el requisito de la colegiación obligatoria de los ingenieros y agrimensores para ejercer la profesión en la isla, al declarar ha lugar una demanda de ocho profesionales contra el gobierno y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR).

La Ley 319 del 1938, que crea el CIAPR, dispone que toda persona que se dedique a la práctica de la ingeniería y la agrimensura en Puerto Rico tiene que estar afiliado al Colegio y que toda persona que ejerza alguno de estos oficios sin estar colegiado incurrirá en delito grave.

En el recurso legal sometido en julio del pasado año, los demandantes señalaron que obligarlos a pertenecer a una organización como condición al ejercicio legal de su profesión, so pena a ser suspendidos y sentenciados constituye una violación a su derecho a la libertad de asociación al amparo de la Constitución de Puerto Rico.

El CIAPR, por su parte, argumentó que la colegiación promueve la ética profesional y la educación continua de sus miembros y que los esfuerzos del Colegio están destinados a garantizar servicios responsables y de calidad en protección de la salud y seguridad de la ciudadanía.

El tribunal concluyó que la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico es la entidad facultada por el Estado para “asegurar a la ciudadanía en general que los profesionales a quienes regula cumplen con las competencias y destrezas mínimas para su práctica profesional”.

“El Colegio no solo no logra establecer cuál es el interés apremiante que justifica la violación al derecho constitucional de los demandantes a la libertad de asociación. Tampoco logra establecer cómo la colegiación obligatoria es la alternativa menos onerosa para alcanzar los objetivos enunciados en la Ley Núm. 319-1938", lee la sentencia del tribunal.

Ante la decisión de la jueza, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Juan F. Alicea, señaló que evaluarán la próxima acción legal que tomará el colectivo a favor de que se reconozca la colegiación de sus profesionales

“Esto definitivamente no para aquí. Puerto Rico necesita que sus ingenieros y agrimensores estén cobijados por la colegiación porque esa es la salvaguardia de una infraestructura pública y privada de calidad y seguridad máximas”, indicó Alicea en un comunicado.

“La nuestra no es una profesión que se pueda permitir el lujo de relajar sus estándares. De que sean los más altos y se observen depende la seguridad de la construcción en Puerto Rico. Respetamos la decisión del Tribunal, pero discrepamos toda vez que muchos de nuestros planteamientos fueron obviados en su análisis”, agregó Alicea.


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