En abril, Educación anunció el cierre de 283 escuelas. (GFR Media) (horizontal-x3)
En abril, Educación anunció el cierre de 283 escuelas. (GFR Media)

Arecibo - El juez Santiago Cordero Osorio, del tribunal de este municipio, emitió una orden de cese y desista permanente contra el Departamento de Educación (DE) para que detenga el cierre de nueve escuelas.

Se trata de seis escuelas en la región de Arecibo que respondían a una demanda de la Asociación de Maestros y otras tres ubicadas en el municipio de Morovis, que se sumaron en otra demanda que fue consolidada.

Cordero Osorio prácticamente regañó al DE por no cumplir con la orden del tribunal y citación a la secretaria de Educación, Julia Keleher, a quienes les había solicitado el 1 de junio que entregaran hoy evidencia que demuestre que los cierres se realizaron siguiendo unos parámetros específicos y con un estudio holístico que necesario para el balance que se hace cuando dos derechos constitucionales chocan, como en este caso el derecho a la educación y del Estado a administrar su situación fiscal.

De paso, Cordero Osorio indicó que emitirá un dictum o sugerencia para exhortar que los demás tribunales fallen de la misma forma, pues hay demandas pendientes en San Juan, Caguas y Humacao.

De inmediato, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, celebró la decisión judicial. 

"Ha sido el sistema judicial quien finalmente escuchó los reclamos de los padres y estudiantes de Morovis, porque la secretaria de Educación, Julia Keleher, nunca atendió nuestra solicitud de una reunión, que hicimos oficialmente desde abril pasado", dijo en un comunicado de prensa.

El 5 de abril, Educación anunció la esperada lista de las 283 escuelas que cerraría para dejar abiertas en agosto un total de 828. En aquel momento, Keleher informó que la decisión se debió a un reducción de estudiantes que proyectaron en sobre 38,000. 

En el análisis para determinar qué escuelas serían cerradas, la agencia indicó que tomó en cuenta elementos como la matrícula estudiantil, el nivel de uso del plantel, las condiciones de la infraestructura, si la escuela está ubicada en una zona de alta incidencia criminal, la distancia entre escuelas, el aprovechamiento académico de sus estudiantes y la disponibilidad de servicios para estudiantes de Educación Especial, entre otros.

Desde entonces, alcaldes, padres y gremios como la Asociación de Maestros se han opuesto a que se les ponga un candado a los salones de clase seleccionados. Igualmente, se han suscitado diversas manifestaciones de las comunidades escolares.

En 2017 también cerraron 167 planteles.


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