Más de 5,000 familias que reclamaron daños ante tribunales estatales debido a la falta de servicios adecuados para menores de edad bajo Educación Especial tendrán una segunda oportunidad para expresar si aceptan o no una oferta económica presentada ante el Tribunal Federal para transar sus casos.

La jueza Laura Taylor Swain estableció el 15 de abril, a las 11:59 p.m., como fecha límite para que reclamantes bajo la fase de daños del pleito Rosa Lydia Vélez que el año pasado rechazaron o no respondieron a la notificación emitida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informen si aceptan el dinero o lo rechazan. La primera ventana cerró el 3 de junio de 2025.

“Cualquier respuesta tardía recibida después de la fecha límite de presentación modificada, ya sea una aceptación o un rechazo de la oferta de liquidación, se considerará como un rechazo”, estableció la jueza en una resolución emitida el 15 de enero.

Tras vencer el primer término en junio, quedan más de 16,000 reclamantes “con una resolución pendiente ante el tribunal”, indicó la JSF al solicitar, en noviembre, la extensión de la fecha para responder a su oferta. De acuerdo con la moción del ente fiscal, hasta el 11 de noviembre de 2025, “se presentaron (a las familias) aproximadamente 1,563 formularios de respuesta a la oferta de acuerdo, incluyendo las respuestas de aproximadamente 3,400 demandantes individuales. De estos, aproximadamente 1,373 se consideraron válidos, lo que indica que 1,545 demandantes aceptaron la oferta de acuerdo y 1,085 la rechazaron”.

Además, la JSF detalló que recibieron 107 respuestas después de la fecha límite, que incluyeron 70 reclamantes que aceptaron la oferta y 98 que la rechazaron.

El procedimiento especial autorizado el año pasado por Swain dispuso que las ofertas se hicieran por familias, sin distinción de la cantidad de reclamantes elegibles en cada núcleo. Es decir, que en cada familia podría haber también, al menos, un demandante en su carácter individual.

La JSF presentó, en 2024, una propuesta para ofrecer $25,000, por familia, a cambio de desistir de los pleitos radicados en tribunales estatales por la falta de servicios a la población de Educación Especial, como parte del pleito judicial de la quiebra del gobierno que está en manos de la jueza federal.

No obstante, esa no sería la cantidad de dinero que las familias recibirían, pues, conforme al Plan de Ajuste, la oferta está sujeta a un descuento por considerarse una obligación no asegurada del gobierno central. El monto a recibir sería aproximadamente el 20.4% de la oferta, indica la notificación aprobada por Swain el año pasado, lo que representa $5,100. Ese porcentaje, no obstante, también podría cambiar a medida que se atienden los reclamos de deuda no asegurada que el gobierno tiene ante sí, alerta la comunicación que recibieron los reclamantes y que volverán a recibir en las próximas semanas.

El abogado José Torres Valentín indicó que la representación legal de los litigantes se opuso a la extensión de la fecha. Desde 2024, tanto los abogados como el Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial han denunciado que la oferta económica no fue negociada y no representa un monto equiparable a los daños que han sufrido.

“Nos opusimos bajo la premisa de que las reglas ellos las establecieron y estaban muy claras. Es decir, que si se vencía el 3 de junio, ya el 4 de junio el que no contestó se presume rechazado y se cerraba el ciclo y que, además, esa nueva oportunidad contiene condiciones más restrictivas”, señaló Torres Valentín, quien ha representado a miles de familias en sus reclamaciones en la esfera estatal.

Junto a la extensión, Swain, además, autorizó la creación de un procedimiento para validar las reclamaciones de quienes rechacen la oferta económica.

“La solicitud de información sobre Educación Especial solicitará documentación adicional para fundamentar la indemnización del demandante, incluyendo, entre otras cosas, (a) el programa educativo individualizado (PEI) del niño en cuestión u otra documentación similar de un profesional de la salud relacionada con su diagnóstico; (b) los servicios a los que supuestamente tenía derecho, pero que no recibió; (c) pruebas de los daños sufridos; y (d) una estimación económica del valor de los daños reclamados”, estableció la JSF.

Este expediente debe ser presentado dentro de 75 días de recibir la notificación de la nueva ventana, con una posible extensión de 45 días de ser solicitada, determinó la jueza.

Torres Valentín cuestionó la razón para imponer esta carga adicional sobre los reclamantes, particularmente cuando se trata de evidencia que está en manos del Departamento de Educación. No queda claro, sostuvo el abogado, si ese expediente se usará para evaluar casos de forma individual y hacerles ofertas económicas distintas.

“Nos hacemos esa pregunta. Es para poder acreditarles que la persona que está rechazando la oferta tiene prueba, evidencia, para demostrar que su caso vale más que los $25,000 ajustados que ellos están proponiendo”, indicó Torres Valentín.

La jueza Swain no precisa en su resolución qué procedimiento se seguirá en los casos en que un reclamante que rechace la oferta económica presente la prueba requerida que evidencie que tiene un reclamo vigente contra el gobierno.

Establece, no obstante, que si el gobierno no puede validar que un reclamante que rechace la oferta económica presentó prueba de una reclamación bajo el Título III de la ley Promesa, “el Estado Libre Asociado podrá intentar conciliar la reclamación por otros medios, incluyendo, de ser necesario, objetar la prueba de reclamación”.

Torres Valentín indicó que 5,615 familias recibirán, por correo, la notificación sobre el nuevo plazo. Junto a la notificación oficial de la JSF, se incluirá una comunicación escrita de la representación legal de los demandantes explicando el proceso. Aquellos que ya aceptaron la oferta no tienen que hacer nada.

“Entendemos que la nueva fecha beneficia al Estado porque la mayoría de las personas, ha demostrado la experiencia, no contesta. Entendemos que -a pesar de las orientaciones, las visitas, las cartas- las personas, en términos generales, no entienden, no contestan, y si no notifican con el expediente que se pide, ellos les archivan el caso. Es un proceso que se está convirtiendo en un embudo para desestimar las reclamaciones”, indicó.

Torres Valentín recordó que, previo a que venciera el plazo de junio, se alertó que más de 900 familias denunciaron que no recibieron las cartas de notificación, y desconoce si se tomaron medidas, en esta ocasión, para validar sus direcciones o corregir errores.