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Acusan a cartero de Isabela y otros dos hombres por presunto narcotráfico: “La conducta alegada es vergonzosa”

Así fue el supuesto esquema que se alega ejecutaron los tres sujetos y que incluyó el desvío de paquetes a otras direcciones

4 de diciembre de 2025 - 4:05 PM

Una imagen de archivo de una oficina postal. (Shutterstock)

Un gran jurado emitió una acusación el 20 de noviembre contra un empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) y otros dos hombres por presunto soborno y conspiración para poseer, con la intención de distribuir, 100 kilogramos o más de marihuana.

Así lo anunció el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, quien precisó que la Oficina del Inspector General del USPS encabezó la pesquisa en colaboración con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Los acusados fueron identificados como Héctor Melvin Candelaria Carrero, alias “Candy/Cartero”, quien fungía como cartero de ruta en Isabela, así como Carlos Nadín Nieves Pastrana, conocido como “Nandy”, y José Manuel Muñoz Torres, alias “Kuki/Cuqui”.

Según la acusación, entre enero de 2022 y abril de 2024, los acusados conspiraron para distribuir más de 100 kilogramos de marihuana mediante el Servicio Postal.

El documento resaltó que, mientras desempeñaba sus funciones oficiales, Candelaria Carrero presuntamente desvió, retrasó y robó paquetes que entregaba a los otros acusados a cambio de sobornos.

La Fiscalía federal reveló, además, que, en ocasiones, Candelaria Carrero supuestamente “tomaba fotografías de paquetes específicos con su teléfono personal y, usando un escáner asignado por el USPS, registraba esas imágenes como si estuviera escaneando paquetes auténticos en la dirección correcta”. Sin embargo, lejos de llevar los envíos a sus destinos, presuntamente desviaba los paquetes a otros lugares y ocultaba al USPS las ubicaciones del correo sustraído.

Además, según las autoridades federales, Candelaria Carrero utilizó su teléfono celular privado, mensajes de WhatsApp y llamadas para comunicarse con Nieves Pastrana y Muñoz Torres, coordinar pagos de sobornos y entregar los paquetes desviados o robados, incluidos aquellos que contenían sustancias controladas.

“El tráfico de drogas destruye familias y comunidades”, dijo Muldrow. “Estos acusados estaban utilizando el Servicio Postal de los Estados Unidos para facilitar sus actividades de narcotráfico, las cuales fomentan la violencia y la adicción”, agregó, en un parte de prensa.

El jefe de la Fiscalía federal advirtió que el Ministerio Público procesará agresivamente a los narcotraficantes “y a los funcionarios gubernamentales corruptos, y buscarán justicia para nuestras comunidades”.

Asimismo, el agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del USPS, Matthew Modafferi, indicó que “los agentes especiales de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos continuarán preservando la integridad del Servicio Postal y de su personal”.

“La conducta alegada es vergonzosa, y nuestra oficina continuará investigando incansablemente a los empleados del Servicio Postal y a sus coconspiradores que violan la confianza del público. Este caso es un excelente ejemplo de la exitosa colaboración entre el OIG del USPS, nuestros socios de las fuerzas del orden y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico para lograr el procesamiento de todos los involucrados en actividades delictivas relacionadas con el Servicio Postal”, mencionó Modafferi.

En tanto, Joe Rodríguez, agente especial interino a cargo de la Oficina del FBI en San Juan, dijo que “las personas que conspiran para distribuir sustancias controladas, intentan comprometer a funcionarios públicos y violan la integridad del correo de Estados Unidos rendirán cuentas”. “Nuestra oficina, junto a nuestros socios en el cumplimiento de la ley, continuará persiguiendo a quienes ponen en riesgo la confianza pública y la seguridad pública”, afirmó.

La fiscal auxiliar especial de los Estados Unidos, Tania Y. Salas de Jesús, está a cargo de la acusación del caso. Si los acusados son declarados culpables, se exponen a una pena mínima obligatoria de 5 años y hasta cadena perpetua, indica el parte de prensa.

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