Bryan Xavier Pérez Hernández, el hombre de 26 años que llevó a una adolescente de 13 años muerta al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de San Sebastián, hizo alegación de no culpabilidad hoy, miércoles, por cargos de explotación de menores.

Pérez Hernández compareció en la mañana ante el magistrado Marcos López González, en el Tribunal Federal de Hato Rey.

En la vista, su abogado, Raúl Mariani Franco, anunció que el acusado renunciaba a la lectura del pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal y solicitó que el tribunal anotara su alegación de “no culpable” en los cuatro cargos que enfrenta.

El Ministerio Público solicitó que permanezca detenido, mientras que la defensa no pidió fianza para su cliente, reservándose el derecho para solicitarla en un futuro.

Mariani Franco indicó en la sala judicial que el informe de servicios con antelación a juicio presenta hechos que pudieran apoyar una petición de fianza, pero dijo que esperará al descubrimiento de prueba, ya que conoce poco del caso después de haber sido asignado ayer por parte del Tribunal Federal.

“No solicitamos condiciones de fianza. Vamos a hacer unas gestiones con la familia, vamos a estudiar la evidencia del caso que no hemos recibido y nos reservamos el derecho a reabrir la vista de fianza de ser necesario”, sostuvo Mariani Franco, tras salir del tribunal.

“No he recibido la evidencia y bajo estas condiciones no vamos a hablar con mi cliente de los detalles. Hoy comenzamos el trabajo para determinar qué vamos hacer en el caso y qué fue lo que pasó aquí”, agregó.

Cuando le preguntaron si consultó con su cliente la alegación de “no culpabilidad”, el abogado respondió que “yo no sé cuál es la prueba con la que cuenta el gobierno para las alegaciones que hace y se presume la inocencia de mi cliente y hoy se empieza el proceso que protege esa presunción de inocencia hasta que el Estado pruebe su caso”.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, Pérez Hernández tiene expediente criminal por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Al preguntarle al respecto, Mariani Franco aseguró que “no tiene récord de algo que se parezca a lo que está imputado en este caso”.

“Si tuviera algo, fue un caso que terminó con un archivo. Lo analizaré también como parte de las circunstancias que pudieran influir en una petición de fianza”, añadió.

Por su parte, el magistrado determinó que basado en las alegaciones en el pliego acusatorio, el caso presenta presunciones de posibilidad de fuga y de peligro para la comunidad que no fueron rebatidas por argumentos en la vista, por lo que ordenó que permanezca ingresado en prisión sin fianza.

A diferencia de los tribunales de Puerto Rico, la libertad bajo fianza no es un derecho en el sistema judicial federal, por lo que queda a discreción de los jueces, basado en las circunstancias de cada caso.

Un gran jurado acusó, el pasado 7 de septiembre, a Pérez Hernández por cargos de producción de pornografía infantil y tráfico de drogas.

Los cargos alegan que Pérez Hernández, presuntamente, “intentó inducir, seducir y/o coaccionar a una menor, es decir, una niña de 13 años, a participar en conductas sexualmente explícitas con el fin de producir material de explotación infantil”.

De ser encontrado culpable, enfrentaría una pena de 30 años de cárcel por los cargos de pornografía infantil y de hasta 40 años por el cargo de tráfico de drogas.

Mientras, el expediente electrónico del caso no refleja cuándo será la vista de fianza para la madre de la menor, Melanie Cruz Clivilles, quien también fue acusada en el mismo pliego.

El gran jurado la acusó con un cargo por ofrecer declaraciones falsas a las autoridades. De resultar convicta, Cruz Clivilles, quien también posee expediente criminal por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y por agredir a un oficial del orden público, se expone a un máximo de cinco años de prisión.