El presunto contratista vinculado a los suegros de la gobernadora Jenniffer González en la construcción de una residencia en La Parguera —y arrestado por agentes federales— solicitó la devolución de $104,000.

Así lo reveló una moción presentada por la Fiscalía federal este martes, en la que se oponen a que se le devuelva el dinero a Daniel García Martín, de 67 años.

Actualmente, García Martín está ingresado en prisión a la espera del juicio por cargos de posesión ilegal de armas de fuego encontradas en su residencia, en Lajas.

El Ministerio Público indicó que al acusado no se le puede devolver el dinero en este momento por razones procesales.

Además, explicó que las leyes federales vigentes permiten que cuando una agencia ocupa una propiedad “para confiscación” tiene 60 días después de la incautación para enviar una notificación a las partes del caso.

Asimismo, recordó que los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaron la residencia de García Martín el 17 de octubre, cuando le ocuparon tres armas de fuego, y decenas de municiones de varios calibres. El acusado no tiene licencia para poseer armas ni municiones tras haber cumpldo cárcel por asesinato.

Del mismo modo, señaló que, durante ese allanamiento, fue que el FBI ocupó $104,000 en efectivo.

“Así que el FBI tiene hasta el 16 de diciembre para enviar una notificación de intención de confiscar estos objetos a las partes interesadas”, indica la moción.

“El FBI, como organismo encargado de la incautación, ha confirmado que los $104, 000 ocupados ​​el 17 de octubre de 2025 se encuentran en proceso administrativo de confiscación. Por lo tanto, cualquier reclamante deberá preparar y presentar su reclamación directamente al FBI, y no en el marco de este procedimiento penal”, explicó.

De acuerdo con la transcripción de la vista de detención de García Martín, divulgada por varios medios de comunicación recientemente, la abogada del acusado, Jessica Earl, sostuvo que los $104,000 son los “ahorros de toda su vida”.

En la misma vista, la fiscal federal Linet Olinghouse solicitó que no se le permitiera salir bajo fianza debido a que representaba peligro a la comunidad por las armas encontradas, así como riesgo de fuga debido a que era objeto de una “investigación en curso”.

Entonces, la abogada Earl argumentó que no representaba ninguno de los dos riesgos alegados por la Fiscalía federal.

Esta señaló que el FBI se le había acercado “en más de una ocasión durante el pasado año porque alegadamente él es un trabajador de construcción que estaba trabajando en la casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Así es cómo esto empezó”.

Agregó que en el allanamiento los agentes estaban buscando “documentos relacionados con sus prácticas de construcción: ordenadores portátiles, recibos y cosas por el estilo”.

“El motivo por el que se dirigen al Sr. García tiene que ver con La Parguera y las obras que se estaban realizando allí”, apuntó Earl.

“Los cargos en la orden de allanamiento están relacionados con la Ley de Agua Limpia y con asuntos de construcción en La Parguera; nada que indique que les preocupara que pudiera ser una persona peligrosa”, añadió la abogada.

Por su parte, García Martín quedó ingresado en la cárcel hasta el juicio por una orden del magistrado federal Marshal Morgan, que llamó la atención porque reveló públicamente que el allanamiento surgió de una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”.

No obstante, una moción posterior de la Fiscalía federal aseguró que “no hay investigación de cuello blanco (ni cualquier otra investigación) de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”.

El lenguaje de la moción de la Fiscalía, empero, no descartó que sí exista una pesquisa con relación a “las propiedades” mencionadas en la orden de Morgan, así como lo expuesto por la abogada de la defensa durante la audiencia de detención.

Mientras, el agente del FBI que firmó la denuncia contra García Martín se describió en el documento como “responsable de llevar a cabo y/o asistir en investigaciones de corrupción pública, incluyendo cuello blanco y crímenes financieros”.

Recientemente, la Fiscalía federal solicitó una orden de protección para la evidencia que tendrá que entregar a la defensa de García Martín.

En una movida inusual para un caso por armas ocupadas por una sola persona, el Ministerio Público planteó que la protección era necesaria debido a que la prueba que entregarán “contiene información confidencial y protegida”.

La moción pide que “se emita una orden de protección que permita al Ministerio Público presentar ciertas pruebas documentales etiquetando dichos documentos como ‘confidenciales’; limite la reproducción y difusión por parte del acusado de los documentos ‘confidenciales’; y exija la devolución de todos los documentos ‘confidenciales’ al finalizar el caso”.

Este miércoles era la fecha límite para que las partes presentaran un informe de estado del caso, pero solicitaron una extensión de tiempo.

Por un lado, la Fiscalía federal indicó que todavía están a la espera de que el juez Raúl Arias Marxuach apruebe o rechace la petición de la orden de protección para el descubrimiento de prueba. Mientras, la defensa está próxima a contestar esa petición del Ministerio Público.

“Las partes piden 30 días adicionales para entregar y revisar el descubrimiento de prueba antes de hablar sobre negociaciones para alegación de culpabilidad”, indica la moción de hoy, firmada por Olinghouse.

Por su parte, el abogado de los suegros de la gobernadora ha asegurado que sus clientes no tienen constancia de que exista una pesquisa a nivel federal sobre la residencia que ocupan en el área de La Parguera, en Lajas, aunque sostuvo que, en el pasado, han sido abordados por presuntos oficiales de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).

Según el licenciado Miguel Torres, en esos encuentros, los oficiales no han presentado sus identificaciones cuando se les requiere.

“A este servidor, se le ha informado que ha habido unos agentes del gobierno federal tratando de hacer unas investigaciones, pero, cuando hemos tratado de corroborar, no surge que haya una investigación. Alegadamente, han ido unos agentes que se han identificado, por ejemplo, por la EPA, que están haciendo una investigación, (pero) cuando hemos pedido credenciales, no han querido dar credenciales”, planteó el abogado de José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, padres de José Yovín Vargas Llavona, esposo de la primera ejecutiva.