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Ante paralización de contratación sustituta: Physician Correctional confía prevalecer en caso para quedarse en cárceles

Mientras, el secretario de Corrección, Francisco Quiñones, sigue sin contestar preguntas sobre esa y otras controversias en la agencia

23 de julio de 2026 - 5:31 PM

Tal cual se pactó, el contrato de Physician Correctional vence en septiembre de 2028. (Carlos Giusti/Staff)

Ante la paralización del proceso de búsqueda y reclutamiento de un nuevo proveedor de servicios médicos para el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la compañía Physician Correctional afirmó este jueves que tiene “una alta probabilidad” de prevalecer en su demanda contra el gobierno para mantener la vigencia de su contrato, tal cual se pactó, hasta septiembre de 2028.

Mientras, pese a reiteradas peticiones, el secretario del DCR, Francisco Quiñones, sigue sin responder preguntas sobre el caso, que sumó un nuevo capítulo con el remedio provisional –paralización– del Tribunal de San Juan a favor de Physician.

Quiñones tampoco se ha expresado sobre las querellas de hostigamiento laboral en su contra y otras situaciones en la agencia, como la permanencia en su actual sede, en Hato Rey, que, desde el 1 de julio, carece de un contrato de arrendamiento, exponiéndose al pago de cargos adicionales o ser desahuciados.

“Definitivamente, estamos en mejor posición (con la demanda) porque, justamente, el criterio medular para conceder un remedio provisional es si el peticionario (Physician) tiene una alta probabilidad de prevalecer en los méritos. Ya el Tribunal dictaminó, en esa resolución, que Physician tiene una alta probabilidad de prevalecer en los méritos del caso”, sostuvo el abogado de la empresa, Frank Torres Viada, en entrevista telefónica.

El miércoles, la jueza superior Katarina Stipec Rubio ordenó al DCR desistir de ejecutar cualquier nuevo contrato para la prestación de servicios médicos en las cárceles del país, mientras se dilucida la demanda sobre presunto incumplimiento contractual presentada por Physician, a la que se le otorgaron 15 días para prestar una fianza de $3 millones.

El Nuevo Día solicitó una reacción a Quiñones, quien respondió, por escrito, que no haría expresiones “por el momento”.

El desempeño de Physician comenzó a ser cuestionado desde el feminicidio de Ivette Joan Meléndez a manos de Hermes Ávila Vázquez, quien fue dejado en libertad mediante un pase de salud al fingir que no caminaba y, supuestamente, ser evaluado por un panel médico.

El presidente de Physician Correctional, Raúl Villalobos, figuró entre los testigos de la vista para lograr la paralización de una nueva contratación.
El presidente de Physician Correctional, Raúl Villalobos, figuró entre los testigos de la vista para lograr la paralización de una nueva contratación. (Pablo Martínez Rodríguez)

En su resolución, la jueza estipuló que los demandantes alegaron que “la notificación de cancelación de contrato (1 de julio) ya le ha causado enormes pérdidas económicas, que se agravarán exponencialmente” si el tribunal no interviene. Por su parte, el DCR dijo a la corte que Physician “ya no goza de su confianza”.

El 15 de julio del año pasado, la empresa demandó al gobierno de Jenniffer González para impedir la cancelación, que considera “arbitraria e ilegal”, al alegar que la movida responde a “discrimen político” por su apoyo a Pedro Pierluisi durante la pasada campaña primarista. Physician aportó prueba sobre la afiliación política de su presidente, Raúl Villalobos, y su apoyo al exgobernador Pierluisi.

Quiñones no figuró entre los testigos de la vista evidenciaría que dio paso al remedio provisional.

“Lo que sí desfiló fue una carta, recientemente suscrita por el secretario, dirigida a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), donde buscaba justificar un aumento en el presupuesto del Departamento. Admitía a la OGP que Physician cumplía con todos los estándares y proveía un servicio dentro de los parámetros más altos de excelencia”, argumentó, en tanto, Torres Viada.

Sostuvo que le llegó información de que el proceso de licitación del nuevo proveedor o proveedores ha sido “altamente irregular”, con personas que renunciaron a los comités de trabajo porque “no les gustaba la manera en que se estaba manejando los trámites de contratación”.

Los nuevos suplidores podrían ser mucho más costosos y las compañías que han comparecido a licitar son de reciente creación y compañías que jamás y nunca cuentan con un historial ni con los recursos para proveer los servicios”, agregó.

La jueza citó a las partes a una conferencia con antelación al juicio virtual, el 2 de febrero de 2027, y el juicio en su fondo debe comenzar el 29 de marzo. Además, estableció que su decisión no impide que el DCR tome medidas “para prepararse para sustituir a Physician, en caso de que prevaleciera en el caso”.

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