El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) lleva 15 días sin pagar a los dueños de la propiedad donde ubican sus oficinas centrales, en Hato Rey, tras vencer un contrato provisional el 30 de junio y someter tardíamente ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) un nuevo acuerdo de arrendamiento por otros cinco años.

Siete días después de vencer el contrato de alquiler, la agencia, encabezada por el secretario Francisco Rivera Quiñones, envió al ente fiscal para su evaluación el contrato nuevo, que ascendería a $4.1 millones.

“El contrato se sometió el 7 de julio a la Junta de Supervisión Fiscal, y ya estaba vencido. Ellos debían haber sometido este contrato con un mínimo de 15 días laborables antes de su vencimiento”, subrayó la JSF, en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

La controversia trascendió este miércoles en una vista en el Tribunal de San Juan para atender una demanda presentada por el matrimonio de Luis A. Rivera Siaca y Enery Pilar Ortiz Jiménez para solicitar una orden de desahucio contra el DCR, que quedó, por el momento, en “suspenso” por un acuerdo con la agencia.

“Aquí nadie quiere tirar el DCR a la calle. Queremos que la relación comercial continúe para beneficio de ambas partes. Estoy dispuesto a enmendar la demanda y que se deje en suspenso el desahucio en el caso, condicionado a que, en el período interino -ya van 15 días- a que nos los van a compensar”, manifestó el abogado de los demandantes, Charles Cuprill Hernández, en una vista virtual.

La jueza Lorimar Barreto Vincenty otorgó 10 días a los dueños del inmueble para enmendar la demanda, en la que se agregará que se deben saldar los días de ocupación sin contrato. La propiedad consiste en varios pisos del edificio ubicado en la avenida Teniente César González, esquina calle Calaf.

“El DCR no está negándose a pagar, está haciendo las acciones necesarias”, defendió, por su parte, Iván Ramírez Camacho, representante legal de la entidad del gobierno.

Argumentó que el DCR tiene la autorización del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Agregó que se tuvo que realizar un proceso competitivo, que exigió la JSF.

Ramírez Camacho precisó que el ente fiscal recibió, el 7 de julio, la propuesta del contrato de arrendamiento, que asciende a $4,118,316, pero no han respondido.

En la demanda original -presentada el 1 de julio-, Rivera Siaca y Ortiz Jiménez sostuvieron que no recibieron respuesta del secretario del DCR, quien también se ausentó a la vista judicial, a unas cartas enviadas el 2 y 24 de junio para atender con inmediatez el vencimiento del contrato.

Entre las partes, existe una relación contractual desde 2020. El entonces secretario del DCR, Eduardo Rivera Juanatey, firmó el primer pacto, vigente hasta el 30 de noviembre de 2025.

Al vencer ese contrato de alquiler e incumplir con el pago desde que caducó el acuerdo, los dueños de la propiedad demandaron al DCR en reclamo de una primera orden de desahucio para el 30 de diciembre. Sin embargo, el 12 de enero acordaron suspender la sentencia mientras se lograba firmar un contrato provisional de seis meses.

Cuprill Hernández comentó, en sala, que no fue hasta abril que el DCR comenzó los trámites para la renovación contractual. “Dejaron las cosas para última hora. (...) Estamos hablando un contrato nuevo, igualmente que el que existía. Entendemos que el edificio cumple con todos los requisitos que necesita el DCR y es la mejor alternativa”, explicó el abogado.

“La parte demandante realizó una serie de esfuerzos con la parte demandada, tanto verbales como por escrito, para que se procediese a la firma de un nuevo contrato de arrendamiento por cinco años, los cuales fueron infructuosos, repitiéndose la historia”, indica la demanda.

El DCR, por su parte, enfatizó que, el 30 de junio, entregaron el contrato para revisión de los dueños de la estructura. “Estamos en espera de que la JSF lo autorice”, insistió Ramírez Camacho.