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15 días sin pagar: el Departamento de Corrección podría quedarse sin sede tras vencer contrato de alquiler

Los abogados de la agencia y de los dueños de la propiedad, en Hato Rey, acordaron dejar en “suspenso” una orden de desahucio que se había presentado condicionada a que se pague el plazo adeudado

15 de julio de 2026 - 1:42 PM

El portafolio de  propiedades en controversia dentro del pleito entre ERS e Integrand incluye el edificio en Hato Rey que servía como la oficina central del Departamento de Educación y ahora alberga al Departamento de Corrección y Rehabilitación. (GFR Med
El edificio que alberga la sede del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en Hato Rey.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) lleva 15 días sin pagar a los dueños del edificio donde tienen sus oficinas centrales, en Hato Rey, tras vencer un contrato provisional el 30 de junio y estar paralizadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) las negociaciones para renovar el acuerdo de arrendamiento por cinco años.

La controversia trascendió este miércoles en una vista en el Tribunal de San Juan para atender una demanda presentada por el matrimonio de Luis A. Rivera Siaca y Enery Pilar Ortiz Jiménez para solicitar una orden de desahucio contra el DCR, que quedó, por el momento, en “suspenso” por un acuerdo con la agencia.

Aquí nadie quiere tirar el DCR a la calle. Queremos que la relación comercial continúe para beneficio de ambas partes. Estoy dispuesto a enmendar la demanda y que se deje en suspenso el desahucio en el caso, condicionado a que, en el periodo interino -ya van 15 días- a que nos los van a compensar”, manifestó el abogado de los demandantes, Charles Cuprill Hernández, en una vista virtual.

La jueza Lorimar Barreto Vincenty otorgó 10 días a los dueños de la propiedad para enmendar la demanda, en la que se agregará que se deben saldar los días de ocupación sin contrato.

“El DCR no está negándose a pagar, está haciendo las acciones necesarias”, defendió, por su parte, Iván Ramírez Camacho, representante legal del DCR.

Argumentó que el DCR, bajo la dirección del secretario Francisco Quiñones Rivera, tiene la autorización del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Agregó que se tuvo que realizar un proceso competitivo, que exigió la JSF.

Ramírez Camacho precisó que el ente fiscal confirmó haber recibido, el 7 de julio, la propuesta del contrato de arrendamiento, que asciende a $4,118,316, pero no han respondido.

Entre las partes, existe una relación contractual desde 2020.

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