Ante el arresto de Carlos Estefano Pino –convicto por asesinato y sospechoso del feminicidio de Jenniffer Torres Castro–, cuatro miembros asociados de la Junta de la Libertad Bajo Palabra (JLBP) recomendaron este jueves a la Cámara de Representantes reevaluar los programas de rehabilitación y la falta de personal especializado en el organismo para examinar los referidos de la población penal.

Pero, más allá de reconocer que la JLBP no cuenta con una división de estadísticas para medir los niveles de cumplimiento o reincidencia de confinados que vuelven a delinquir, insistieron en que los participantes cumplen con los planes de ajuste.

Actualmente, hay 577 convictos liberados bajo palabra, que son supervisados por técnicos sociopenales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), agencia que reconoció la necesidad de más personal de este tipo para atender todas las tareas relacionadas con los confinados bajo su custodia.

“La Junta está sonando ahora por este lamentable suceso (de Estefano Pino), que ninguno de nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Quiero aclarar que la Junta, actualmente, tenemos 577 liberados; son 577 confinados que le ponemos el nombre de liberados que están cumpliendo con su plan de rehabilitación”, declaró el licenciado Ángel Rosendo Martínez, miembro asociado de la JLBP.

La Comisión cameral de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, celebró una vista pública para atender la Resolución de la Cámara 139, que busca investigar la regulación vigente e indicadores para medir procesos de rehabilitación.

Estefano Pino, quien salió de la cárcel como parte del privilegio de libertad bajo palabra en 2018 y ahora se encuentra en un proceso de revocación, fue arrestado la semana pasada, en Barceloneta, por incumplir con sus condiciones. Además, es investigado por el feminicidio de Torres Castro, enfermera y de 36 años, en su residencia, en Caguas.

Los técnicos sociopenales deben visitar, al menos, una vez al mes a cada liberado bajo palabra. La última vista que se le hizo a Estefano Pino fue el 1 de junio, precisó, por su parte, el presidente de la JLBP, Samuel Silva Rosas, según consta en el expediente.

El hombre había tenido un primer privilegio, en 1989, para cumplir su pena por delitos de violación y sodomía fuera de la cárcel, pero asesinó a una mujer en Aguadilla, por lo que volvió a prisión hasta 2018, cuando se le concedió nuevamente la libertad bajo palabra.

La secretaria auxiliar de Programas y Servicios del DCR, Madeline González, precisó, en tanto, que los oficiales técnicos sociopenales supervisan a 6,716 convictos participantes de los programas de comunidad, incluidos los 577 liberados bajo palabra.

Aunque no pudo precisar cuántos técnicos sociopenales componen la plantilla, reconoció la necesidad de estos profesionales, y mencionó que buscan llenar 94 vacantes en los próximos meses. El martes, el representante sindical de estos funcionarios, Xavier González, estimó que hay 288 sociopenales para toda la isla. En San Juan, solo son 17.

Desde 2022 hasta 2026, se han revocado 109 privilegios por incumplimientos a las condiciones de libertad bajo palabra. Los funcionarios de la JLBP subrayaron que las revocaciones han ido mermando. Mientras en 2022 hubo 71, en 2025 fueron 17.

No obstante, Rosendo Martínez aclaró que una revocación podría darse porque el liberado perdió su vivienda, y no todas están relacionadas con la comisión de delitos.

En la primera parte de la vista pública, participaron cuatro miembros de la JLBP y el director de los examinadores, el licenciado José García Colón, quien tiene bajo su cargo a 39 funcionarios para los 518 referidos que han recibido este año del DCR.

De los 577 confinados liberados, la mayoría están en la zona metropolitana (119), seguida por las regiones de Bayamón (107), Norte Central (62) y Ponce (52).

“Soy una fiel creyente de la rehabilitación. Creo en los procesos de cambio si se ofrecen los tratamientos dirigidos a tratar un problemático trastorno que esté presentando ese individuo, en este caso, dentro de la institución penal. Entiendo que se deben reevaluar todos los programas dentro del sistema correccional para verificar la efectividad”, apuntó la doctora Carla de Jesús, miembro asociada de la JLBP.

Mientras, Pérez Cordero recordó que una de las últimas enmiendas a la Ley 118 de 1974, que creó la JLBP, fue para excluir los casos de convictos por delitos sexuales de la consideración del organismo, por lo que, si Estefano Pino hubiera sido evaluado este año, no se le podría conceder el beneficio.

Al respecto, Silva Rosas señaló, en un aparte con la prensa, que, para conceder la libertad condicionada, “no hay un término específico” que establezca un límite si al peticionario ya le revocaron el privilegio en el pasado, como pasó con Estefano Pino, en 1989, al asesinar a la mujer en Aguadilla.

“No hay nada que diga que, porque te revocaron dos o tres veces, no tienes ese privilegio. Eso no consta ni en la ley ni en el reglamento actualmente. Es parte del análisis que, entiendo, se está haciendo. Entiendo que otra recomendación sería evaluar la protección, seguridad y ayuda que se le pueda dar a la víctima”, enfatizó el licenciado y teólogo, quien comenzó a liderar la JLBP en junio.

“Ahora mismo, hay personas liberadas, que cometieron delitos similares (a Estefano Pino), pero están cumpliendo, o sea, que no se le puede revocar tampoco el privilegio. Creo que tenemos que darle más herramientas al seguimiento e intervenciones de los casos, para que puedan también tener otro tipo de ayuda. Tenemos que ser creativos, porque sabemos que hay un asunto presupuestario, pero podemos también incorporar al sistema educativo, a las universidades, al tercer sector, para que sirvan de soporte en el seguimiento”, planteó, por su parte, Pérez Cordero.