Ante el arresto de Carlos Estefano Pino –convicto por asesinato y sospechoso del feminicidio de Jenniffer Torres Castro–, cuatro miembros asociados de la Junta de la Libertad Bajo Palabra (JLBP) recomendaron este jueves a la Cámara de Representantes reevaluar los programas de rehabilitación y la falta de personal especializado en el organismo para examinar los referidos de la población penal.

Pero, más allá de reconocer que la JLBP no cuenta con una división de estadísticas para medir los niveles de cumplimiento o reincidencia de confinados que vuelven a delinquir, insistieron en que los participantes cumplen con los planes de ajuste.

Actualmente, hay 577 convictos liberados bajo palabra.

“La Junta está sonando ahora por este lamentable suceso, que ninguno de nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Quiero aclarar que la Junta, actualmente, tenemos 577 liberados, son 577 confinados que le ponemos el nombre de liberados que están cumpliendo con su plan de rehabilitación”, declaró el licenciado Ángel Rosendo Martínez, miembro asociado de la JLBP.

La Comisión cameral de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, celebró una vista pública para atender la Resolución de la Cámara 139, que busca investigar la regulación vigente e indicadores para medir procesos de rehabilitación.

Estefano Pino, quien salió de la cárcel como parte del privilegio de libertad bajo palabra en 2018 y ahora se encuentra en un proceso de revocación, fue arrestado la semana pasada por incumplir con sus condiciones y ser investigado por el feminicidio de Torres Castro, enfermera y de 36 años, en su residencia, en Caguas.

El hombre había tenido un primer privilegio, en 1989, para cumplir su pena por delitos de violación y sodomía fuera de la cárcel, pero asesinó a una mujer en Aguadilla, por lo que estuvo preso hasta 2018, cuando se le concedió nuevamente la libertad bajo palabra.

Desde 2022 hasta 2026, se han revocado 109 privilegios por incumplimientos a las condiciones de libertad bajo palabra. Los funcionarios de la JLBP subrayaron que las revocaciones han ido mermando. Mientras en 2022 hubo 71, en 2025 fueron solo 17.

No obstante, Rosendo Martínez aclaró que una revocación podría darse porque el liberado perdió su vivienda, y no todas están relacionadas con la comisión de delitos.

En la primera parte de la vista pública, participaron cuatro miembros de la JLBP y el director de los examinadores, el licenciado José García Colón, que tiene bajo su cargo a 39 funcionarios para los 518 referidos que han recibido este año del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

De los 577 confinados liberados, la mayoría están en la zona metropolitana (119), seguida por las regiones de Bayamón (107), Norte Central (62) y Ponce (52).

“Soy una fiel creyente de la rehabilitación. Creo en los procesos de cambio si se ofrecen los tratamientos dirigidos a tratar un problemático trastorno que esté presentando ese individuo, en este caso, dentro de la institución penal. Entiendo que se deben reevaluar todos los programas dentro del sistema correccional para verificar la efectividad”, dijo, en tanto, la doctora Carla de Jesús, miembro asociada de la JLBP.

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