Desde 2018, Carlos Manuel Estefano Pino, convicto por un feminicidio y otros delitos en 1990 y ahora sospechoso de otra muerte violenta, estaba en la libre comunidad al cumplir con los requisitos de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), indicó este miércoles el presidente del organismo, Samuel Silva Rosas, quien defendió que el hombre cumplía con su plan de “ajustes”.

Estefano Pino, de 67 años, fue arrestado en horas de esta madrugada, en los alrededores de Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta, por oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), tras una orden emitida por la JLBP al enterarse de que es sospechoso del asesinato de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro.

El cuerpo de Torres Castro fue encontrado, el miércoles pasado, en su hogar, en el sector Quebrada Arenas de Caguas, cuando la Policía inició la investigación.

“Desde 2018 está liberado. Sí, se le ha dado seguimiento a las vistas. No había presentado ningún problema. Tenía buenos ajustes. Pero, desde el viernes, la oficial socio penal que atiende el caso de este liberado trajo un informe de querella de que era sospechoso en un asesinato. Entonces, los miembros de la Junta entendimos emitir la orden de arresto”, dijo el licenciado Silva Rosas, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Agregó que Estefano Pino cumplía con una sentencia de 167 años por asesinato, violación, sodomía y robo, cuando fue liberado, en 2018, por la JLBP.

Reconoció, en tanto, que, en el expediente de Estefano Pino, no se encuentran la sentencia ni la hoja de liquidación de sentencia, que son documentos que el DCR maneja.

“La liquidación de la sentencia no está en el expediente y la estamos buscando, porque eso lo hace Corrección. Sí, surge del expediente que, en 2018, se le concedió la libertad bajo palabra porque cumplía”, dijo Silva Rosas, quien preside la JLBP desde el 16 de junio.

Pese a que el DCR había informado, en comunicado de prensa, que el hombre Estefano Pino desde 2023, Silva Rosas aclaró que su privilegio se concedió en 2018, antes de que entrará en vigor la Ley 85, que acortó los términos para que la JLBP tuviera jurisdicción de evaluar solicitudes de confinados para salir de la prisión.

“Fue arrestado y eso conlleva un proceso de revocación de la libertad. Ahora, lo traen y se da la vista sumaria, inicial y final, para evaluar si se le continúa concediendo ese privilegio”, detalló.

Sostuvo que Estefano Pino era un joven de 20 años cuando fue encontrado culpable por el feminicidio y otros delitos contra mujeres, pero recalcó que no puede “certificar si tiene más asesinatos” previos a su convicción, en 1990, como ha trascendido en otros medios.

“No había presentado ningún problema. No había dado ni un positivo (a las pruebas de dopaje). Había hecho una vida normal hasta ahora que trajeron la situación (investigación por el asesinato de Torres Castro) y ordenamos el arresto”, recalcó.

Cuando se concede el privilegio, la JLBP firma un documento, que se llama “un mandato”, en el que se establecen las condiciones que debe cumplir un confinado. “Desde 2018, no nos habían traído a nuestra atención ninguna querella de daño contra la sociedad o alguna persona”, indicó.

Al salir de prisión, Estefano Pino participó del programa de rehabilitación Teen Challenge, en 2018. “Él cumplió con el programa y, después, siguió asistiendo a las vistas de seguimiento, que son anuales”, puntualizó Silva Rosas.

En un comunicado de prensa, la Policía reportó el caso como una muerte “sin causa determinada” el pasado miércoles, 24 de junio, a eso de las 9:27 p.m., en una residencia ubicada en el kilómetro 27.4 de la PR-01, barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas.

Según la información, una llamada alertó a la Policía sobre una mujer la cual no había podido ser contactada por sus familiares.

Al llegar los uniformados a la residencia, encontraron en el interior el cuerpo sin vida de Torres Castro, quien tenía 36 años.

El informe preliminar de la Uniformada indicó que “no presentaba signos de violencia”.

El agente Reimundo Quiñones, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Caguas, y la fiscal Liza Y. Morales, junto con personal del Instituto de Ciencias Forenses, se hicieron cargo de la pesquisa.