La batalla legal por un segundo juicio para Elvia Cabrera Rivera sumó este viernes un nuevo capítulo, luego que la Fiscalía de Aibonito presentara una moción oponiéndose a la vista evidenciaria del próximo martes, 24 de noviembre, donde declarará, por primera vez frente al estrado, su hija y también convicta en el caso Anthonieska Avilés Cabrera.

Ambas resultaron convictas por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, apodada cariñosamente como “Lela”, quien fue atacada con una peinilla rosada con un cuchillo oculto, en medio de una trifulca ocurrida la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

En la moción de 11 páginas, las fiscales Silda Rubio Barreto, Myriam Nieves Vera, Belinda Brignoni y Jackeline Pizarro Gutiérrez solicitaron a la jueza Vannessa I. Méndez Torres, del Tribunal de Guayama, quien entró al caso en esta otra región judicial luego que el juez Luis S. Barreto Altieri se inhibió, que suspenda la audiencia programada.

Méndez Torres pautó la vista para las 9:00 a.m. del 24 de noviembre, en la sala 3 del Tribunal de Aibonito. Como parte de su resolución, ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) gestionar el traslado de ambas convictas al tribunal para esa fecha. Además, citó a Mariela Cabrera Rivera, representante/custodio de Avilés Cabrera.

“El Ministerio Público solicita respetuosamente que se reconsidere dicho señalamiento. Conforme a la Regla 192.1(b) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. Il, el Tribunal puede resolver sin necesidad de una vista evidenciaria cuando la moción y los autos del caso demuestran concluyentemente que la acusada no tiene derecho a remedio alguno”, argumentaron las fiscales.

Sostuvieron que la solicitud de un segundo juicio, presentada por los abogados Mayra López Mulero, Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández, no cumple con los requisitos establecidos en las Reglas de Procedimiento Criminal, pues la información que la defensa presenta como nueva era conocida durante el juicio.

Precisamente, la petición de la defensa se fundamenta principalmente en cuatro elementos: una expresión inicial de Avilés Cabrera ante la Policía de Puerto Rico, desvinculando a su madre y a su hermana de los hechos; las manifestaciones que hizo en el informe presentencia y en su alocución; y la declaración jurada que rindió el 5 de octubre.

En resumen, Avilés Cabrera alegó que fue una testigo de la Fiscalía de Aibonito y no su madre, quien le entregó el arma homicida: una peinilla rosada con un cuchillo oculto que fue ocupada parcialmente en la escena. Además, señaló que otras dos personas -incluyendo una bastante cercana a su entorno familiar- también agredieron a la víctima.

Empero, las fiscales insistieron en que la estrategia de la defensa durante el juicio estuvo enfocada, precisamente, en involucrar a más personas en el caso. Argumentaron que la defensa no puede atribuirle el carácter de evidencia recién descubierta a elementos que conocía desde antes del juicio y que, por decisión propia, optó por no presentar.

Sobre el argumento de la defensa de que no pudo conseguir el testimonio de Avilés Cabrera durante el juicio porque declararía en contra de sus propios intereses y se expondría a autoincriminarse, las fiscales insistieron en que “nada impedía que, si para la defensa era demasiado importante el testimonio de Anthonieska Avilés Cabrera, en su turno de presentación de prueba, ejerciendo la debida diligencia la citaran a declarar como testigo”.

“El Tribunal no hizo una determinación de reconocimiento del privilegio a no declarar. Por lo tanto, la defensa podía llamarla a declarar. Esta determinación de no disponibilidad no ocurrió por una determinación del Tribunal o el Ministerio Público, sino que fue una estrategia legal de la defensa. Distinto hubiese sido que, ejerciendo la debida diligencia, la defensa le solicitara al Tribunal que citara como su testigo a Anthonieska Avilés Cabrera y que allí esta invocara su derecho a la no autoincriminación. Ahí entonces, nadie podía obligarla a declarar”, mencionaron las fiscales en la moción.

Siendo ese el escenario, plantearon que “este Honorable Tribunal no debe intervenir para alterar un veredicto y sentencia correctamente dictados, ni las consecuencias de una decisión que respondió a la estrategia legal de la propia defensa. Esta voluntariamente decidió no presentar a Anthonieska Avilés Cabrera como testigo, por lo que no puede ahora atribuir al foro primario las consecuencias de una determinación que estuvo bajo su control”.

“Lo contrario supondría permitir que la defensa se beneficie de su propia estrategia procesal y convertiría al Tribunal en un instrumento para subsanar, aposteriori, las decisiones tácticas de una de las partes”, dijeron.

Las fiscales plantearon que la defensa “de manera irresponsable” le imputa nuevamente al Ministerio Público que no llevó a cabo ninguna gestión para investigar las manifestaciones exculpatorias que hizo Avilés Cabrera sobre Cabrera Rivera. “Esto no es correcto ya que de la propia prueba del Ministerio Público surgió que dichas manifestaciones son mendaces y acomodaticias en beneficio de su madre”, argumentaron en el documento.

Señalaron que la expresión dirigida a exculpar a Cabrera Rivera no constituía una declaración contra el interés penal de su autora, no contaba con garantías de confiabilidad y no estaba corroborada por prueba independiente.

“De la prueba del Ministerio Público surgió que esa manifestación en beneficio de su madre no estaba sustentada ni corroborada con la investigación y con los testigos de cargo. La prueba que desfiló en el juicio y que escuchó el jurado demuestran que el Ministerio Público fue diligente en procesar el caso conforme a la investigación”, precisaron las fiscales, quienes también señalaron que la defensa trata de inducir a error al tribunal.

La respuesta surge en un nuevo intento por evitar que se conceda un nuevo juicio para Cabrera Rivera, quien fue sentenciada a 102 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, una condena que contrasta grandemente con la de su hija, quien se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Precisamente, Avilés Cabrera recibió una sentencia de de 38 años y un día en prisión, luego de que se reclasificara el cargo de asesinato en primer grado a segundo grado, aunque permaneció intacta la violación a la Ley de Armas por el uso y/o portación del arma blanca.