El Movimiento Ciudadano Pro Cierre del Vertedero de Arecibo (Mocivea) acudió al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que revierta la desestimación de su demanda contra los alcaldes de Arecibo, Hatillo y Quebradillas por el uso del sistema de relleno sanitario, señalado durante años por incumplir normas de salud pública y protección ambiental.

En mayo, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico desestimó la demanda del Mocivea, que procuraba que se paralice el depósito de los desperdicios sólidos de estos tres municipios en la instalación.

El abogado del Mocivea, Miguel Sarriera Román, señaló que la jueza Aida Delgado Colón desestimó el caso porque entendió que la organización estaba “tratando de ‘enforce’ (hacer cumplir) lo mismo del caso federal”. Se refirió al pleito de 2014, en el que el gobierno de Estados Unidos –a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés)– demandó al Municipio de Arecibo, la Autoridad de Tierras y Landfill Technologies of Arecibo (LTA), la empresa privada que opera el vertedero, por incumplimientos a la Ley Federal de Aire Limpio.

Dicho caso culminó en un Acuerdo de Consentimiento que ordenó al operador implantar múltiples mejoras ambientales y operacionales para reducir los riesgos a la salud pública. Según Sarriera Román, el pacto no se ha cumplido.

“Nosotros estamos reclamando a otra gente distinta (los municipios demandados) que dejen de tirar basura allí, porque el vertedero no cumple. Lo que nosotros estamos intentando hacer cumplir es una prohibición distinta a la que está haciendo cumplir el gobierno federal en su caso. (…) Si prevalecemos, entonces, tendríamos que regresar al Tribunal Federal para continuar el procedimiento de la demanda”, indicó el abogado ambiental.

En la demanda desestimada, el Mocivea había solicitado al Tribunal Federal que prohibiera a los tres municipios continuar transportando su basura al vertedero de Arecibo, pagar penalidades ascendentes a $25,000 diarios por “descargar ilegalmente desperdicios sólidos en un vertedero abierto” y cubrir los costos del procedimiento legal.

A diferencia del pleito incoado ante el Tribunal Federal, la apelación ante Boston incluye a LTA entre las partes demandadas.

“Están ahí porque, si ganamos la demanda, los municipios demandados no van a poder tirar basura en el vertedero. Entonces, existen unos contratos entre los municipios y el operador que se verían afectados por una sentencia. No estamos pidiéndole nada al Tribunal en contra del operador, porque no es una entidad que traiga basura de afuera y la tire en el vertedero, como los municipios. La responsabilidad de ellos está, supuestamente, atendida en el caso federal”, comentó Sarriera Román.

Como parte del nuevo recurso, el Mocivea solicitó al Primer Circuito que no celebre argumentación oral y, en cambio, resuelva con los documentos que tiene en el expediente. El documento señala que la organización no tiene recursos económicos para financiar dicho proceso, que podría costar miles de dólares, según el abogado ambiental.

El vertedero de Arecibo opera desde 1973, y las denuncias en torno a su funcionamiento inadecuado e impacto ambiental y en la salud de las comunidades, principalmente Garrochales, Factor 2 y Cercadillo, llevan varias décadas.

En el último permiso otorgado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la operación del vertedero, la agencia fijó mayo de 2027 como la fecha de cierre. Previo a ello, el Municipio de Arecibo, dueño de la instalación, y el operador deben entregar a la agencia un plan de cierre.