El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) defendió este martes, en una vista pública senatorial, su determinación de aprobar la expansión del vertedero de Carolina, alegando que los terrenos adicionales ya habían sido impactados comercialmente tras operar como una antigua cantera.

“Cotejamos y, en efecto, están manteniéndose en la huella autorizada desde 2012. Eso lo hemos corroborado, no con agrimensura, sino con fotos aéreas”, sostuvo Pedro Guevara, director de la División de Permisos de la Oficina de Cumplimiento del DRNA.

Sostuvo que, aunque en algún momento se consideró proteger las cuerdas en disputa bajo el estudio del karso restringido, la “Ley de Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica” (Ley 292-1999) obligaba a respetar los permisos otorgados previamente en la zona.

“De las 35 cuerdas, cinco fueron afectadas porque fueron previas a tener la investidura de protección”, dijo Guevara. Señaló que se protegió la mayor parte del área, “excepto las que tenían el permiso de extracción porque se estaba honrando el permiso otorgado”. “Por eso, esa área, aunque es karso, no necesariamente está investida de la protección de las otras que están al lado”.

Sus expresiones surgieron durante una vista de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, presidida por Marissa Jiménez, que investiga la expansión del vertedero al terreno en controversia, donde se construyó la celda C, la última para la cual se obtuvo una autorización, en 2012.

“Nuestra resolución lo que investiga es una situación que hay de impacto ambiental en el área conocida como la celda C. Lo que se cuestiona es quién recomendó el permiso por parte del DRNA. Aclaro que nunca hemos querido que se cierre el lugar, el argumento es proteger el área de la zona ambiental”, dijo Jiménez.

“Siempre el argumento ha sido proteger un área que es una reserva natural y que se busque una expansión para otro lado, donde no se contamine nuestra zona protegida y nuestros cuerpos de agua”, agregó.

Se han levantado, además, preocupaciones por posible contaminación de cuerpos de agua y deficiencias en el manejo de desperdicios tras la expansión del vertedero. Los operadores, sin embargo, han sostenido que están en cumplimiento con la reglamentación vigente.

El vertedero de Carolina, que opera desde 1969, está ubicado en un área que pertenece al tipo de karso de las llanuras costeras.

“Nosotros lo que hicimos fue dar una renovación de permisos sobre la huella ya autorizada... no fue un capricho, no es que no nos preocupe los recursos naturales”, recalcó Guevara.

La renovación del permiso presentada por el Municipio de Carolina fue aprobada el 21 de agosto de 2025 por el subsecretario del DRNA, Nelson Cruz Santiago. El pasado 30 de marzo, el Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso presentado por la Caribben Golf Academy y Hacienda Campo Rico para que se revisara la determinación de la agencia “por falta de jurisdicción”.

En la vista, precisamente, también participaron Cruz Santiago, quien aseguró que los procesos se han llevado en total cumplimiento; Yolanda Díaz Cintrón, jefa de la Oficina de Cumplimiento de Desperdicios No Peligrosos, adscrita al Área de Terrenos del DRNA; y Brenda González, oficial de cumplimiento de permisos.