El juez Isander J. Rivera Morales, del Tribunal de Caguas, archivó el caso contra Roberto J. Ramos García y Karla Sánchez Jiménez, un matrimonio imputado de mantener a su hija de 4 años con autismo y 45 perros en condiciones deplorables en ese pueblo.

Durante una vista celebrada a las 2:00 p.m. en la sala 201 del Centro Judicial en Caguas, Rivera Ramos acogió una petición que hizo el Ministerio Público para la desestimación de los cargos. De momento, se desconocen las razones para tal determinación.

“La Fiscalía solicitó el desistimiento de los cargos en contra de esta pareja, pero, a su vez, el Departamento de Justicia no se desvincula (del caso)”, dijo la fiscal Liza Morales, en entrevista televisiva con Telenoticias de la cadena Telemundo.

Actualmente, otra parte del proceso relacionado a este caso continúa su curso a través de la Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia del Departamento de Justicia, ya que la menor de 4 años fue removida por el Estado cuando surgió la denuncia.

“El caso continúa a través de la Oficina de la Procuradora y los Procuradores de Relaciones de Familia. Esta es la oficina en el Departamento de Jussticia que representa los intereses de los menores en los casos de protección”, subrayó Morales.

Los hechos se remontan al 18 de febrero, cuando la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la Comandancia de la Policía de Puerto Rico en Caguas llegó hasta una residencia en la comunidad Villa Esperanza, luego de recibir una confidencia.

Una vez allí, los agentes encontraron 45 perros en condiciones de confinamiento, poca alimentación y sin la limpieza adecuada, por lo que intervinieron con Ramos García, de 46 años, y Sánchez Jiménez, de 41, residentes del lugar, confirmó la Uniformada.

“También tenían una menor de cuatro años viviendo en condiciones no adecuadas. Por esta razón, los agentes los pusieron bajo arresto y refirieron el caso al Departamento de la Familia, quienes se integraron la investigación”, indica el informe preliminar.

El matrimonio enfrentaba cargos por los delitos de negligencia, maltrato de menores y crueldad contra animales, y el juez Carlos Capó, del Tribunal de Caguas, les había fijado una fianza de $880,000, la cual no prestaron, por lo que estaban en una institución penal.

Mientras, la menor permanece bajo custodia del Estado, específicamente del Departamento de la Familia.