Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

---

Por casi cuatro horas, los jueces del Tribunal Supremo cuestionaron este jueves, en una vista oral, sobre el daño que alega un grupo de precandidatos del Partido Popular Democrático (PPD) al impugnar cinco candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y una del Proyecto Dignidad por incumplir con el recogido de endosos, y pidieron a las partes que plantearan remedios “justos” y “en equidad” que permitan poner fin a la controversia.

“Si este tribunal buscara un remedio en equidad, ¿cuál sería el más justo?”, preguntó el juez asociado Ángel Colón Pérez, en la sala de sesiones del máximo foro judicial, en Puerta de Tierra.

El abogado del MVC, Jorge Farinacci Fernós, argumentó que, en caso de que el tribunal de mayor jerarquía no avalara la decisión del foro apelativo que les permitió seguir en carrera de cara a los comicios de noviembre, el partido debería tener la oportunidad de recoger endosos ahora.

Aludió a la decisión del Tribunal Supremo, en 2020, que permitió continuar la primaria de ese año una semana después de la fecha estipulada.

“Es similar a lo que ocurrió en la primaria del 2020. Los platos rotos los rompió la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero no los pagó el PNP. Si el tribunal entiende que fallamos, porque confiamos en los expertos de la materia electoral (CEE), lo único (que pedimos) es que nos den el mismo término para poder recoger los endosos y que, en igualdad de condiciones, el pueblo decida”, enfatizó Farinacci Fernós.

Los jueces del Supremo realizaron una sesión pública para examinar el caso en el que deberán determinar si certifican o no a los postulantes del MVC, así como a uno de Proyecto Dignidad, demandados por precandidatos del PPD por no cumplir con el recogido de endosos, pese a que afrontaban contiendas internas. Los demandados del MVC argumentan que optaron por un método alterno que les eximía de ese requisito del Código Electoral. En caso de un empate (4-4) entre los magistrados, se sostendría la determinación del foro judicial intermedio.

La lista de demandados incluye a Ana Irma Rivera Lassén, aspirante al puesto de comisionada residente en Washington; Rafael Bernabe y Alejandro Santiago, postulantes al Senado, y Myrna Conty Hernández junto a Mariana Nogales, quienes buscan un escaño en la Cámara. Por Proyecto Dignidad, se impugna la candidatura de Stephen David Gil Álamo.

La jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, adelantó, al culminar la audiencia, que atenderán el caso “a la mayor brevedad posible”, reconociendo la importancia de este pleito en medio del período electoral.

A finales de abril, el Tribunal de Apelaciones, en votación 3-1, revocó la sentencia del juez superior Anthony Cuevas, quien no había certificado las candidaturas de ambos partidos, y les permitió proseguir en la contienda electoral. Al evaluar si entraban a considerar la demanda, tres de los ocho jueces asociados del Tribunal Supremo adelantaron su interés en no intervenir en el pleito, y, por tanto, respetar la sentencia del Apelativo.

La vista oral inició este jueves con la alocución de las partes demandante e interventora, respectivamente, representadas por Iván Rivera Reyes –con los precandidatos del PPD- y Ramón Rosario –del Partido Nuevo Progresista (PNP)-, que coincidieron en que sus representados tienen “legitimidad activa estatutaria” para entablar el pleito y defendieron el principio de “uniformidad”.

“Cuando no se aplican las reglas por igual, se le causa un daño a ese otro que cumple. El otro se convierte en una casta superior”, recalcó Rivera Reyes, quien fue confrontado con preguntas de los jueces asociados Colón Pérez y Luis Estrella Martínez sobre el daño que alegan los demandantes.

“¿Por qué un remedio tan severo (el descalificarles)?”, cuestionó Colón Pérez. “¿Cómo se afectan los electores aquí?”, preguntó también el juez Edgardo Rivera García.

Rosario argumentó que el “daño particularizado no es como electores, sino como candidatos porque tuvieron que cumplir con algo que los otros no están cumpliendo”.

Entre tanto, la jueza Mildred Pabón Charneco también preguntó, a la parte demandante, sobre la posibilidad de permitir recoger endosos como remedio. “No le compete a esta rama”, contestó Rosario, al plantear que ya el Código Electoral establece los términos fatales para cumplir esa exigencia.

En el primer turno de preguntas, el juez Erick Kolthoff Caraballo se mostró “bien preocupado” porque una de las partes interventoras en el caso, la entonces aspirante a comisionada residente por el PNP, Marigdalia Ramírez Fort, no impugnó la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

“¿Cuál es la posición de ustedes (demandantes), en relación a la honorable Ana Irma Rivera Lassén que ganó en el Apelativo, si la persona con interés no está aquí?”, sostuvo Kolthoff Caraballo.

“Nuestra posición es que los interventores tienen legitimación activa, esa sería nuestra posición”, respondió Rosario.

En medio de la alocución de Farinacci Fernós, los jueces asociados Estrella Martínez y Kolthoff Caraballo protagonizaron un choque sobre las diferentes vías de establecer el requisito para recoger endosos.

Mientras Kolthoff Caraballo planteaba que el Tribunal debe guiarse por la “teoría más simple”, Estrella Martínez enfatizó: “Yo escojo la más justa”. A lo que Kolthoff Caraballo ripostó: “Yo escojo la que dice la ley”.

El abogado Frank Torres Viada, quien también representa a los demandados, enfatizó que “una acción de descalificación tiene que cumplir con un estándar de justiciabilidad más riguroso”. “No hay más injusticia de querer tratar de manera igual lo que es diferente. El proceso electoral no tiene uniformidad absoluta”, recalcó el letrado.

Asimismo, insistió en que “el país necesita certeza y confiabilidad en el proceso electoral” y destacó que el Tribunal Supremo es el “garante último” de la democracia.

“Lo que está en juego es la confianza de nuestro sistema judicial. Que decida quién va a gobernar en las urnas y que no sean adversarios políticos que decidan en los tribunales”, esbozó Torres Viada, al culminar su exposición.

Más temprano, militantes del MVC acompañaron, a las afueras del Tribunal Supremo, a los cinco aspirantes de esa colectividad cuya candidatura está en disputa.

“Estamos en este piquete solicitando la solidaridad del pueblo. Esto es una situación única y afecta la democracia del pueblo”, esbozó Conty Hernández.

Antes de entrar a la sala de sesiones del tribunal, los demandados se unieron a la protesta, en la avenida Constitución.

“Nos parece positivo; igual nos pareció la decisión del Apelativo. Tenemos la esperanza de que uno de los otros jueces pueda ver las razones detrás de nuestro señalamiento”, opinó el senador Bernabe, quien busca ser reelecto a un escaño por acumulación en las elecciones de noviembre.

A la vista oral, asistieron, además, los máximos líderes de la Alianza entre el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño, Manuel Natal y Juan Dalmau Ramírez.