La jueza superior Irmarie Cintrón Alvarado encontró este martes causa para arresto contra Dorally Rivera Martínez, ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, y el contratista y exempleado legislativo José Miguel “Joe” Huertas Torres por la supuesta malversación de $1.2 millones asignados como parte del Fondo de Mejoras Municipales, mejor conocido como el “barrilito”.

Las denuncias presentadas por los fiscales especiales Zulma Fúster Troche, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Ramón Mendoza Rosario contra la exfuncionaria, así como contra Huertas Torres y su empresa 3T Industrial & General Contractor, incluyen presuntas violaciones a una docena de artículos del Código Penal, entre los que figuran negligencia en el cumplimiento del deber, lavado de dinero, falsificación de documentos, perjurio, tentativa de destrucción de pruebas e intervención con testigos.

Un comunicado de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente precisa que la investigación abarca la posible malversación de hasta $7 millones en fondos públicos, pero que las denuncias sobre las que se encontró causa se concentran en $1.2 millones que se habían asignado, a través del barrilito, para la canalización de la quebrada Margarita, en Guaynabo. Se indicó que la investigación, que también involucra al exrepresentante Antonio “Tony” Soto, el ingeniero Miguel Santiago Irizarry y Astrid Rivera Febres, exadministradora de Finanzas de la Autoridad de Tierras, “sigue abierta y en curso”.

De la pesquisa, se indica, surgió que se utilizó propiedad pública para gestiones personales o haber utilizado o permitido que se utilizaran fondos públicos para fines contrarios a la ley.

A lo largo de los pasados años, El Nuevo Día reportó cómo, a través del Fondo de Mejoras Municipales, la Autoridad de Tierras otorgó –a petición de Soto– $1.5 millones para dos contratos con el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc., para un proyecto de infraestructura en la quebrada Margarita que nunca se realizó. La entidad no estaba autorizada en ley para administrar ese tipo de obras, que requieren una pericia de la que sus directivos carecían.

La Autoridad de Tierras había contratado a Huertas Torres como el técnico a cargo de los proyectos en el distrito de Bayamón y servía como enlace entre la dependencia, las organizaciones sin fines de lucro que recibían los fondos y los legisladores que asignaban el dinero.

Huertas Torres, según una investigación de este medio, era un activista del Partido Nuevo Progresista que llegó a devengar hasta $581,150 ejerciendo un doble rol como empleado y contratista legislativo, un arreglo prohibido por ley. Entre los funcionarios electos para los que trabajó, figuran Soto, el convicto exalcalde de Guaynabo y exrepresentante Ángel Pérez Otero, los representantes Luis “Junior” Pérez y Lourdes Ramos y los senadores Carmelo Ríos y Migdalia Padilla.

Los artículos por los que la jueza Cintrón Alvarado encontró causa para arresto incluyen el 263 (negligencia en el cumplimiento del deber), 221 (lavado de dinero), 182 (apropiación ilegal agravada), 202 (fraude), 209 (apropiación ilegal de identidad), 211 (falsificación de documentos), 212 (falsedad ideológica), 216 (archivo de documentos o datos falsos), 269 (perjurio), 281 (impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos), 285 (tentativa de destrucción de pruebas) y 282 (fraude o engaño sobre testigos).