Luis Cádiz Martínez, coacusado en el caso federal contra el exboxeador Félix Verdejo, se encuentra en negociaciones en el Tribunal federal para declararse culpable por los cargos relacionados al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz en el 2021.

Así lo informó su abogado de la defensa, José Aguayo Caussade, en una moción presentada el jueves pasado ante el juez federal Pedro Delgado. El licenciado solicitó al juez que se extienda hasta el viernes, 28 de octubre, la fecha límite para radicar la moción de cambio de alegación de no culpable a culpable.

“El señor Cádiz Martínez está en negociaciones con el Ministerio Público, que no se opone a esta petición”, indicó Aguayo Caussade.

El juez Delgado aprobó la moción y fijó la fecha límite para el viernes, 28 de octubre.

La posibilidad de que Cádiz Martínez se declare culpable podía esperarse, pues se entregó a las autoridades después de haber confesado su participación en el crimen.

En mayo de 2021, el abogado criminalista Edwin Prado indicó que el supuesto cómplice de Verdejo se comunicó con él para informarle lo sucedido, por lo que ayudó en su acercamiento a las autoridades federales.

“Me llamó, me consultó y me dio unas instrucciones específicas a base de la conversación. Yo acababa de participar en un programa (de un medio de comunicación) y no pasó ni media hora cuando me llamó. Hablamos y decidimos tomar un rumbo; yo fui el hilo conductor de él con el gobierno federal”, explicó Prado en el programa televisivo Jugando Pelota Dura.

Al ser cuestionado sobre si Cádiz Martínez negoció algo con la Fiscalía federal, Prado respondió que “nadie ayuda al gobierno de gratis. Algún beneficio esperas y hay una carta que se firma. Recuerda que este señor no estaba en el radar de nadie, no era una persona sospechosa que vino y se entregó”.

Mientras, el expediente del caso en el Tribunal federal refleja que las principales movidas de la defensa de Verdejo han sido dirigidas al uso de “expertos” como parte de su preparación para el caso.

Sin embargo, los detalles se desconocen porque prácticamente todas sus mociones de solicitudes al juez Delgado han sido radicadas de forma sellada para que solo pueda ser vista por el togado y otras solamente por algunas partes en el caso.

Después de que la Fiscalía federal anunció en enero de este año que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no buscará la pena de muerte en este caso, la defensa de Verdejo comenzó a solicitar autorización al tribunal para la contratación de expertos.

Tras asegurar que no contaba con los recursos económicos necesarios, el tribunal aprobó que sea representado por uno de los abogados que son costeados por el gobierno federal para ciudadanos que no pueden pagar por un abogado. Por esa razón, el mismo programa federal paga por los expertos que son autorizados por el tribunal.

En mociones separadas “ex-parte” y, por lo tanto, selladas, el abogado de Verdejo, Jason Delgado, solicitó en julio pasado que el tribunal le permita contratar dos “expertos”. Una petición era para un sicólogo y la otra es para un neorólogo.

Luego, en agosto pasado, el abogado también pidió que se le permitiera contratar un “investigador”.

Posteriormente, presentó otras cuatro solicitudes para obtener documentos, pero pedía mantener las peticiones de forma sellada porque se trataba de información “personal y médica”.

La próxima vista del caso está pautada para el próximo 1 de noviembre.

En un pliego del 6 de mayo de 2021, un gran jurado federal acusó a Verdejo y a Cádiz Martínez de una “planificación sustancial y con premeditación” para causar la muerte de Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada.

De acuerdo con el pliego acusatorio enmendado, ambos enfrentan cuatro cargos criminales federales: robo de un auto a mano armada (carjacking) que resultó en una muerte, secuestro que resultó en una muerte, usar un arma de fuego en la comisión de delito violento y matar a un bebé por nacer.