Las dos imputadas de asesinar a la adolescente Gabriella Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en hechos ocurridos la madrugada del pasado 11 de agosto en Aibonito, cuentan con nueva representación legal.

Durante una vista de estatus ante la jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito, se confirmó que el licenciado Jesús Roberto Ramos Puca representará a Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.

En cuanto a su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años, quien será juzgada como adulta por el asesinato, la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SALPR) asumirá su representación legal en el caso.

Por el momento, se desconoce quién asumirá la representación legal de la menor, ya que la SALPR en Aibonito pidió ser excusada del caso. Ante esta situación, se asignará un defensor de otra región.

En declaraciones a la prensa, el director de SALPR en Aibonito, Julio Eduardo Torres, confirmó que existía una preocupación, ya que todos los licenciados que laboran para dicha entidad son residentes del municipio.

“Conozco a las partes, conozco todo lo que tiene que ver con las personas que están en este asunto. Le expresamos a la directora ejecutiva Alejandra Belmar y al subdirector Manuel Mayo cuál era preocupación... Todas las personas que trabajan en nuestra oficina son de aquí, viven aquí y conocen a las personas”, dijo.

Ante esto, Torres mencionó que Belmar y Mayo entendieron cuál era la situación. “Ellos han decidido que los abogados que estamos aquí en Aibonito no seamos los que estemos representando”, aseveró el licenciado, reseñó la cadena Telemundo.

Ambas imputadas fueron representadas en la etapa de determinación de causa para arresto (conocida también como Regla 6) por la licenciada Zulmarie Alveiro Ramos, quien confirmó esta semana que no continuará representando a la madre y su hija en este caso.

En tanto, el fiscal Edwin Ortiz confirmó que existe una preocupación en cuanto a cómo se protegerá la identidad de los testigos en el caso, ya que la vista preliminar será televisada. “Tenemos que garantizarle a los testigos civiles (protección)”, aseveró.

Al momento, no están claras cuáles serán las instrucciones para proteger la identidad de los testigos y que no salgan en cámara mientras están realizando su testimonio. En casos pasados, lo que se ha determinado es que se protege la imagen y solo se escucha la voz.

La muerte de la adolescente se reportó a las 12:00 a.m. del 11 de agosto cuando una llamada recibida desde el hospital Menonita de Aibonito avisó a las autoridades sobre dos menores que llegaron heridos de arma blanca.

El incidente ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre de 16 años, que llegaron hasta la institución médica con heridas de arma blanca. No obstante, la menor, Pratts Rosario, falleció posteriormente.

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió. Fue en ese momento cuando recibió ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

El 19 de agosto, la jueza Valerie Telles Telles encontró causa para arresto contra las imputadas por el asesinato de Pratts Rosario. Además, le fijó una fianza de $1 millón a cada una de las imputadas.

La cantidad para cada imputada se dividió en $500,000 por el cargo de asesinato en primer grado, y $500,000 por la infracción a la Ley de Armas, confirmó el Departamento de Justicia.

Ambas imputadas quedaron ingresadas en el complejo correccional de Bayamón, aunque están separadas. Mientras, el inicio de la vista preliminar está pautado para el próximo lunes 25 de agosto.

“Toda acción tiene su consecuencia, y hoy las responsables de la muerte de Gabriela enfrentarán la justicia. Las imputadas enfrentan cargos por asesinato en primer grado, artículo 93(a) (del Código Penal), y uso de arma blanca, artículo 6.06 (de la Ley de Armas), ambas en común y concierto acuerdo”, precisó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en conferencia de prensa, al finalizar la vista de Regla 6.