Después de 12 años de haber sido sentenciado a cadena perpetua, Edison Burgos Montes, convicto por asesinar a su pareja e informante federal, salió de prisión con libertad “compasiva” por razones de salud.

El caso de Burgos Montes acaparó la atención hace más de una década, cuando fue encontrado culpable y enfrentó un juicio por pena de muerte, pero el jurado no se pudo poner de acuerdo, por lo que fue sentenciado por el juez federal Jay García Gregory a pasar el resto de vida en la cárcel, por narcotráfico y el asesinato de Madelyn Semidey Morales.

En el 2021, abogados de la Oficina del Defensor Público radicaron una moción para libertad “compasiva” alegando que Burgos Montes no estaba recibiendo atención médica adecuada para sus condiciones de salud.

Según documentos judiciales públicos, un diagnóstico señalaba que la falta de dicha atención creaba el riesgo de un “accidente cerebrovascular o muerte”.

Al año siguiente, García Gregory denegó la petición, encontrando que sí había recibido el tratamiento necesario.

Entonces, Burgos Montes acudió al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, donde un panel de jueces revirtió la determinación del Tribunal Federal en San Juan, declinando la oposición de la Fiscalía.

En una opinión emitida en junio pasado, Boston resolvió que los estudios médicos ordenados para Burgos no constituían los tratamientos que necesitaba para la condición diagnosticada, lo que resultaba en “una razón ‘extraordinaria y convincente’ para concederle la liberación compasiva”.

Con el caso devuelto a San Juan, el juez García Gregory cumplió con las instrucciones del Apelativo federal y enmendó la sentencia a tiempo cumplido en prisión y cinco años de libertad supervisada.

Ese mismo día, el 10 de octubre pasado, la Fiscalía federal presentó una apelación en Boston. A la misma vez, radicó en San Juan una solicitud sellada que que pedía la paralización de la salida de prisión mientras se veía la apelación.

Pero García Gregory denegó la solicitud, al determinar que el Ministerio Público no había demostrado que pudiera ganar en los méritos de la apelación, de que se va a perjudicar irreparablemente, que va a afectar a otras partes que había una interés público con la paralización.

“Conceder una suspensión contradiría el principal fundamento del Tribunal para conceder la libertad condicional por compasión: la necesidad inmediata del acusado de recibir tratamiento adecuado para sus múltiples afecciones médicas potencialmente mortales. El riesgo irrazonable de enfermedad grave o muerte que enfrenta el acusado bajo custodia del Negociado de Prisiones (BoP, por sus siglas en inglés) no justifica una paralización en espera de la apelación”, resolvió el juez.

De acuerdo con la base de datos pública de BoP, Burgos Montes no está bajo custodia de esa agencia desde el 10 de octubre pasado.

El proceso judicial comenzó el 20 de diciembre de 2005, cuando la Fiscalía federal radicó una denuncia en su contra por cargos de narcotráfico y lo arrestaron nueve días más tarde.

El 18 de mayo de 2006 un gran jurado emitió un pliego acusatorio enmendado en contra de Burgos Montes, incluyendo los cargos por el asesinato de Semidey Morales, cerca del 4 de julio de 2005, supuestamente para evitar que ella le diera información a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sobre sus presuntos negocios de narcóticos.

El cuerpo de la víctima nunca fue encontrado, pero la Fiscalía federal destacó durante el juicio que sí se obtuvo evidencia de sangre en el baúl del carro de Burgos Montes, que resultó 99.99% compatible con el de la joven madre de tres niñas.

Casi siete años más tarde, el 16 de abril de 2012, comenzó un extenso de selección del jurado, y finalmente, el 25 de junio de ese año, arrancó el juicio en su fondo.

Tras cinco meses de juicio, el 29 de agosto de 2012, cerca de las 4:45 p.m., el jurado llegó a un veredicto de culpabilidad contra Burgos Montes por los cuatro cargos que pesaban en su contra por narcotráfico y asesinar a Semidey Morales.

La segunda etapa del juicio, que se conoce como la fase de castigo y está diseñada para apelar al sentimiento del jurado, arrancó el 12 de septiembre.

Esa etapa llegó a su fin el 27 de septiembre, cuando el jurado determinara que era imposible llegar a un acuerdo sobre la pena de muerte para Burgos Montes. Finalmente, el 3 de octubre de 2013, García Gregory dictó la sentencia de cadena perpetua.