La representación legal del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero regresa al tribunal este miércoles, para tratar de convencer a un panel de jueces de que revierta su veredicto de culpabilidad.

El panel estará constituido por el juez presidente del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, David Barron, y los jueces apelativos O. Rogeriee Thompson y el puertorriqueño Gustavo Gelpí.

El abogado José Olmo Rodríguez, por Pérez Otero, y el fiscal David M. Lieberman, de la Fiscalía federal, tendrán 15 minutos - cada uno - para presentar sus planteamientos en la sala del Apelativo que tiene en el quinto piso del Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

Además de escuchar los planteamientos de las partes, los jueces del panel les harán preguntas sobre aspectos legales del caso, como lo sería la aplicación correcta de ciertos estatutos en controversia y alegaciones de errores en el proceso judicial, ya que la evaluación de los hechos se lo dejan al jurado que evaluó la prueba durante el juicio.

El abogado del exfuncionario busca que el Apelativo federal absuelva a su cliente o que, por lo menos, deje sin efecto la convicción y sentencia para ordenar un nuevo juicio. En caso de que ninguna de esas alternativas sea acogida, propuso que vuelva a ser sentenciado con una condena menor.

En febrero de 2024, Pérez Otero fue sentenciado a cumplir cinco años y tres meses de cárcel, pena que cumple actualmente en el Complejo Correccional Federal (FPC) Montgomery en Alabama, una institución de seguridad mínima. En marzo de 2023 había sido encontrado culpable por cargos de soborno, conspiración y extorsión.

El exejecutivo municipal fue arrestado en su casa, el 9 de diciembre de 2021, y acusado por supuestamente recibir sobornos de $5,000 - cada 4 a 6 semanas - de parte del empresario Oscar Santamaría Torres, quien era dueño de negocios de recogido de residuos sólidos, construcción y seguros de salud, entre otros, y que tuvo contratos con varios municipios.

Santamaría se declaró culpable y cooperó con las autoridades federales para lograr la acusación de varios funcionarios, incluyendo a Pérez Otero.

La fiscalía federal planteó en el juicio que el dinero en efectivo que el empresario convicto le pagaba en secreto a Pérez Otero influenció la contratación de su empresa Island Builders. Imágenes de esas transacciones se presentaron al jurado.

En su recurso ante el foro apelativo, la defensa ha alegado que Pérez Otero fue “entrampado” por las autoridades federales.

“El alcalde Pérez fue entrampado después de que el FBI lo persiguió y lo indujo indebidamente a aceptar sobornos y pagos extorsionados, mezclando esos pagos con contribuciones a campañas políticas, en ausencia de la predisposición del alcalde Pérez a participar en tal conducta ilegal”, indica una moción firmada por el abogado José Olmo Rodríguez.

El abogado también ha plateado defectos en la acusación, aludiendo a una alegada ausencia de un acuerdo explícito o “quid pro quo” entre Pérez y Santamaría.

El abogado señaló que, según el Ministerio Público, Pérez no fue procesado por contribuciones políticas entre finales de 2019 y mayo de 2021, sino por los pagos que le hiciera Santamaría a Pérez Otero cuando ya estaba en colaboración con el FBI, grabando las transacciones dentro de un vehículo habilitado con cámaras por los agentes.

“Sin embargo, desde los argumentos iniciales la Fiscalía caracterizó, no sólo los tres pagos del FBI, sino también los pagos recibidos entre finales de 2019 y mayo de 2021, como parte de los sobornos y extorsiones imputados, y no como contribuciones a campañas políticas, como había declarado previamente ante el tribunal de distrito”, planteó.

Por su parte, la Fiscalía federal contestó ante el Apelativo con un informe en el que negó las alegaciones del exalcalde. Lieberman sostuvo Pérez Otero “no ha identificado que haya sido inducido impropiamente por el gobierno durante esos encuentros”.

“Los videos de Santamaría entregando sobres llenos de dinero en efectivo en 2021 a Pérez niegan cualquier sugerencia de inducción gubernamental”, apuntó.

De todas formas, Liberman enfatizó en otra moción - el mes pasado - que Pérez Otero no puede plantear en el proceso apelativo la defensa de que fue víctima de entrampamiento debido a que no lo hizo durante el juicio.

“La reciente decisión de este Tribunal (de Apelaciones)”, en otro caso resuelto por ese foro, “invalida la reclamo de Pérez Otero alegando omisión de parte del Tribunal de Distrito (en San Juan) al no dar por iniciativa propia una instrucción sobre entrampamiento en el juicio”, apuntó Lieberman.

Señaló que, en esa decisión, el Primer Circuito “reiteró que ‘no se puede plantear una defensa afirmativa por primera vez en apelación’”.