La defensa de Elvia Cabrera Rivera, acusada de asesinar a la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, el 11 de agosto de 2025 en Aibonito, recurrió al Tribunal de Apelaciones para intentar sacar a uno de los miembros del jurado.

En la petición de certiorari de 15 páginas, radicada este jueves, los licenciados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández señalaron que el hombre admitió que encontraría culpable a la acusada aunque haya duda razonable.

Al momento, se han seleccionado nueve de los 12 miembros del jurado que tendrán la responsabilidad de evaluar toda la prueba que desfile en el juicio contra Cabrera Rivera para entonces retirarse a deliberar y emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

En síntesis, los abogados explicaron que recurrieron al Apelativo porque su solicitud para recusar al jurado ante el juez Luis Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, fue declarada “no ha lugar” en la vista del 27 de febrero, al revisarse el primer panel de candidatos.

El hombre, cuyo nombre se reserva este medio, representó al candidato a jurado número 44 y reconoció, según la transcripción de la audiencia, que la declararía culpable aun cuando tuviera más preguntas que respuestas sobre su participación en el crimen.

A tales fines, los licenciados indicaron, entre otras cosas, que el Tribunal de Aibonito erró al denegar la solicitud de recusación “a pesar de no tener la entera y completa capacidad de ser un jurado justo e imparcial en crasa violación al debido proceso de ley”.

Asimismo, agregaron que la decisión “constituye un error de derecho que vulnera el derecho constitucional de la señora Elvia Cabrera Rivera a ser juzgada por un jurado imparcial”. Plantearon que el individuo “manifestó de forma expresa y reiterada que, aun cuando la prueba no le convenciera más allá de duda razonable y aun cuando tuviera dudas sobre la culpabilidad de la acusada, su veredicto sería culpable”.

Por ello, los abogados esbozaron que se vieron en la necesidad de presentar una recusación perentoria para excluir al individuo “que claramente debió ser recusado por causa”, lo que “produce un perjuicio real al derecho del acusado a un jurado imparcial”.

“Permitir que un candidato que ha expresado incapacidad para aplicar el estándar de duda razonable permanezca en el panel, y obligar a la defensa a utilizar una recusación perentoria para excluirlo, constituye una distorsión del proceso de desinsaculación y menoscaba las garantías fundamentales del debido proceso”, plantearon.

Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera enfrentan dos cargos cada una por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y otro por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, por el uso y/o portación de arma blanca.

Los hechos que dieron paso al caso ocurrieron el 10 de agosto de 2025, cuando se suscitaron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En el lugar, dos menores de 16 años resultaron heridos de arma blanca.

Acto seguido, los dos adolescentes fueron trasladados en autos separados hasta una institución hospitalaria para recibir asistencia. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025. Mientras tanto, el otro joven logró recuperarse.

Durante la etapa de vista preliminar, el Ministerio Público presentó evidencia testifical, documental y pericial que buscaba probar su teoría de que las acusadas actuaron en común y concierto acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario.

En el caso de Cabrera Rivera, su representación legal intentó sin éxito que se le desestimaran los cargos bajo el argumento de que se le violentaron sus derechos al no tener acceso de manera oportuna a prueba que consideran es exculpatoria o favorable.