La jueza federal Silvia Carreño Coll denegó la petición de la administración de Jenniffer González para intervenir en la controversia entre New Fortress Energy y un grupo de pilotos marítimos que ha impedido, desde inicios de semana, la entrega de gas natural licuado (LNG, en inglés) y, en consecuencia, la operación óptima de las unidades #5 y #6 de la central San Juan y otros megageneradores instalados en esa planta y la central Palo Seco.

El gobierno, por medio de una moción conjunta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) había solicitado intervenir en el caso y, paralelamente, que se revirtiera una orden temporal (TRO, en inglés) de la jueza Carreño Coll que ha impedido la entrada de los tanqueros de LNG hasta que NFE cuente con botes remolcadores de 80 toneladas métricas.

Tanto NFE como el gobierno han insistido en que las maniobras de entrada pueden realizarse de forma segura con remolcadores de menor capacidad, afirmación que ha sido rechazada por el grupo de pilotos demandantes.

“Según lo presentan, el interés de los interventores putativos (el gobierno) es el interés público, específicamente, el deber de mantener las luces encendidas. Pese a ser una consecuencia cierta de la desviación de NFEnergía (con el acuerdo de los botes remolcadores), a los ojos del tribunal, la preocupación de los interventores putativos es tangencial a la controversia presentada”, sostuvo Carreño Coll en la orden, emitida la noche del miércoles.

En su escrito, la jueza puntualizó que la TRO expira el 10 de octubre, por lo que no tiene un efecto “indefinido”.

“Más aún, el tribunal aún tiene pendiente escuchar argumentos relevantes al análisis: entiéndase, propuestas para asegurar el cumplimiento con la TRO, la voluntad del demandado NFEnergía de trabajar con los demandantes para considerar la posibilidad de usar remolcadores de menos capacidad de forma segura e información de la Guardia Costera. A la luz de estas interrogantes, y la naturaleza dinámica de los procedimientos del injunction preliminar, (el gobierno) no ha demostrado que será incapaz de hacer valer su interés”, abundó Carreño Coll.

El jueves en la mañana, se celebraría una vista de seguimiento, a la que la jueza federal había citado al capitán de la bahía de San Juan de la Guardia Costera, Luis Rodríguez. También el jueves, Genera PR, subsidiaria de NFE y administradora de la flota de generación de la AEE, sometió su propia moción de intervención, que, al momento de esta publicación, no había sido considerada por la jueza Carreño Coll.

Pese al revés, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, afirmó que, a raíz del recurso de la AEE y la AAPP, la jueza federal “entendió que el tema de la luz es un tema apremiante para el gobierno de Puerto Rico”.

“El gobierno de Puerto Rico no es parte de este pleito. Es una disputa privada legal entre los remolcadores y NFE. Ciertamente, el gobierno y el pueblo se ven afectados, y por eso, correctamente, tratamos de intervenir”, acotó, durante una rueda de prensa el jueves en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

El zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón, por su lado, aseguró que, en la noche del miércoles, en conversaciones y comunicaciones escritas a ejecutivos de NFE, exigió que la gasífera traiga los remolcadores requeridos en tanto la controversia se dilucida en sus méritos.

En una moción presentada esta semana, los pilotos alegaron que las compañías que proveen los equipos de remolque no quieren hacer negocios con NFE debido a la situación financiera del conglomerado, que supuestamente adeuda $500,000 a Edison Chouest, la empresa que hasta el 15 de septiembre suplía las embarcaciones que guiaban los tanqueros de LNG.

NFE, en el expediente judicial, ha consignado que, pese a reiteradas gestiones, no ha identificado botes de remolque disponibles para llegar a la bahía de San Juan dentro del término del TRO impuesto por el Tribunal Federal.

“Tanto la conversación que hubo anoche tarde como las comunicaciones escritas no son una negociación. No estamos cursándole comunicaciones a ver si pueden o no pueden; estamos diciendo que, mientras dure esta disputa, que es privada entre ustedes, el cliente no va a pagar esa diferencia en costo. Segundo, estamos diciendo que entendemos que opera en el mejor interés público que, mientras dure esa controversia, como la orden que emitió la juez no impide que los buques transiten por la bahía –siempre y cuando estén guiados por remolcadores de 80 toneladas–, traigan esos remolcadores. Les estamos indicando que tienen que buscarlos”, dijo Colón.

La indisponibilidad de LNG ha provocado que, desde el lunes, las unidades #5 y #6 de la central San Juan –con capacidad combinada de 440 megavatios (MW)–, funcionen con diésel, al igual que 10 de las 14 unidades de emergencia en las centrales San Juan y Palo Seco (Toa Baja), que aportan hasta 350 MW. Los otros cuatro megageneradores, reiteró Colón, no tienen capacidad de funcionar con diésel, lo que resta al sistema unos 100 MW de capacidad.

Los costos de generación con diésel, a su vez, pueden ser alrededor de un 50% mayores que los del LNG.