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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anticipó que la discusión sobre la inconstitucionalidad de la exclusión de Puerto Rico en esos programas será atendido por el Tribunal Supremo federal. (Patrick Semansky)

El gobierno de Estados Unidos intenta evitar el pago a Puerto Rico de al menos $1,270 millones de tres programas, en un año, hasta que se resuelvan sus recursos de apelación.

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