El reguetonero Drizmali, cuyo nombre de pila es Arthur William Rodríguez Sánchez, se declaró no culpable ante la acusación de siete cargos en su contra como parte de un pliego acusatorio en relación con un esquema de narcotráfico, que incluye a otras 23 personas.

Tras someter una moción en la que renunció a su derecho a tener una vista de lectura de cargos, el magistrado Bruce McGiverin tomó cuenta de la alegación de no culpabilidad que presentó la defensa del acusado, el licenciado Juan Acevedo Cruz.

El letrado concedió a las partes siete días para el descubrimiento de prueba y, posteriormente, 14 días adicionales para someter cualquier tipo de moción. Además, refirió el caso a la jueza Aida Delgado Colón para que continúe con las próximas etapas judiciales.

No obstante, el período para tramitar mociones y próximas etapas del caso podría extenderse, debido a que Acevedo Cruz sometió este viernes una moción informativa ante el tribunal para que tome conocimiento de un viaje, por motivos familiares, que tendrá entre el 31 de marzo y el 12 de abril del año corriente.

“Se solicita muy respetuosamente a esta honorable corte que desde el 31 de marzo de 2023 hasta el 12 de abril estemos excusados por la corte de audiencias durante ese período y que cualquier videoconferencia se fije por un tiempo después de las 12 p.m. EST, debido a la diferencia de horario”, solicitó el abogado.

Al momento de esta publicación, la moción no había sido resuelta por el tribunal.

Rodríguez Sánchez permanece en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés) en Guaynabo desde que fue arrestado el pasado 4 de marzo, en Trujillo Alto, tras haber coordinado su entrega. Las 24 órdenes de arresto de los coacusados junto al reguetonero se diligenciaron el 21 de febrero, pero Rodríguez Sánchez, al igual que otras implicados, se mantuvo prófugo desde entonces.

Según el pliego acusatorio, el reguetonero es uno de los líderes de una organización criminal que, presuntamente, conspiró, desde el 2017, para mover cocaína a Puerto Rico desde países como Colombia, Venezuela, Islas Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes Americanas.

Además, la acusación revela que la ganga ejecutó múltiples viajes, en varias embarcaciones, para transportar narcóticos y que, para ello, reclutaron “mujeres de confianza” con la intención de que pudiesen distraer a oficiales de las fuerzas de ley y orden, como la Guardia Costera y el Negociado de Patrulla Fronteiza (CBP, en inglés), en caso de que fueran interceptados.

Como parte del esquema, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, señaló que la organización criminal reclutó a un oficial de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), identificado como José Aquino Perales, para que sirviera de “vigía” durante el contrabando. El fiscal añadió que los arrestos resultaron en la desarticulación de la ganga.

La investigación de este caso estuvo a cargo de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Los acusados se enfrentan a una pena de no menos de 10 años de cárcel hasta cadena perpetua, subrayó Muldrow.