Un panel del Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia histórica para miles de participantes del Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El foro apelativo removió a la Junta de Gobierno de la UPR como cuerpo rector “por su incumplimiento sustancial con su deber de fiducia”.

En su lugar, declaró como fiduciario a la Junta de Retiro de la UPR, tras un proceso judicial que comenzó en el 2018.

“Esto es una victoria para las 18,000 personas que tienen su retiro en las tinieblas”, expresó el licenciado Rafael Maldonado Pérez, abogado de la Junta de Retiro, a El Nuevo Día.

Agregó que “lo más importante de esta sentencia es que le quita el control a la Junta de Gobierno de la UPR para ser a la misma vez el deudor y el acreedor del fideicomiso (del fondo del retiro)”.

“Lo que estaba sucediendo en este caso es que (la Junta de Gobierno de la UPR) controlaban ambas partes. Se estaban condonando las deudas que tenían con el con el fideicomiso”, señaló Maldonado Pérez.

“Ahora la Junta de Retiro es el fiduciario. Al tener identidad jurídica, ellos pueden ir a reclamar el incumplimiento que tiene la UPR con el fideicomiso”, abundó.

Explicó que la UPR tiene una deuda de al menos $4,500 millones con el fondo de retiro de sus empleados, pues por años incumplió con su aportación patronal anual de los empleados.

Previamente, la deuda era mayor, pero en el 2015 se llegó a un acuerdo para un plan de pagos de $6,000 millones en 40 años.

“Pero (en la UPR) comenzar a fallar con los pagos y la Junta de Gobierno lo condonaba que no se pagara. Ahí es que viene el conflicto, no estaba cumpliendo con su deber fiduciario, al ser el acreedor y el deudor la misma persona”, expuso.

“Ahora la Junta de Retiro puede exigir esos pagos, ya sea mediante transacciones o diferentes recursos, incluso judiciales”, abundó.

Desde el principio, la Junta de Gobierno de la UPR había tenido el poder de acatar o no las decisiones de la Junta de Retiro.

No obstante, según Maldonado Pérez, el fideicomiso se comenzó a ver afectado por las decisiones de la Junta de Gobierno de la UPR cuando empezaron los problemas económicos.

Movidas posteriores de la Junta de Gobierno, a través de un reglamento, dejaron a la Junta de Retiro como un mero asesor. Este reglamento y las demandas de la Junta de Retiro no prosperaron en el Tribunal de Primera Instancia, pero ayer todo fue revertido por el foro apelativo.

En su sentencia, el Tribunal Apelativo declaró que “ante el incumplimiento sustancia de la Junta de Gobierno con su deber de fiducia sobre el Fideicomiso para el Fondo de Retiro de la UPR somos de la opinión que la Junta de Retiro es una entidad de naturaleza afín a los fines del Fideicomiso para el Fondo de Retiro por lo que tiene legitimación para solicitar la remoción de la Junta de Gobierno como fiduciario”.

Ordenó que “procede que la Junta de Retiro sea nombrada como fiduciaria sustituta ante el incumplimiento sustancial de la Junta de Gobierno con su rol fiduciario y toda vez que los fines del fideicomiso se encuentran comprometidos dentro del objeto de la entidad”.

El representante legal de la Junta de Gobierno de la UPR, el abogado Ferdinand Ocasio, señaló mediante declaración escrita que, desde su punto de vista, el Tribunal “llegó a conclusiones que no se ajustan a la prueba desfilada al declarar a la Junta de Retiro como fiduciario del Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico”.

Añadió, además, que someterá una solicitud de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. Podría, además, entregar un recurso ante el Tribunal Supremo.

Según el letrado, la determinación del Tribunal tiene el efecto de remover a la Junta de Gobierno como cuerpo rector, “esto a pesar de que durante su término, con sus acciones y medidas, la actual Junta de Gobierno ha logrado llevar la cartera del Sistema de Retiro a su mejor desempeño en los últimos años".

“Entendemos que la sentencia no corresponde con la prueba que desfiló porque desde que esta Junta entró en funciones ha tomado medidas para que la Universidad continúe haciendo sus aportaciones y ha logrado que la cartera del Sistema se haya fortalecido, aún en medio de unas circunstancias tan extraordinarias como los huracanes, los terremotos, la pandemia del COVID-19 y las reducciones presupuestarias resultantes de los recortes impuestos por la Junta de Supervision Fiscal. Además, la Universidad ha realizado aportaciones al Sistema por encima de las recomendaciones actuariales. Esto demuestra que, distinto a la conclusión del Tribunal, la Junta de Gobierno ha cumplido con su deber de fiducia conforme a la ley”, sostuvo Ocasio en el escrito.

De acuerdo con información provista por Ocasio, al 30 de junio de 2017 el valor de la cartera del Sistema era de $1,388 millones, mientras al 31 de agosto de 2020 su valor era de $1,500 millones. A esto se suma que para el año fiscal 2020, la Junta de Gobierno autorizó que la Universidad pagara $160 millones en aportaciones al plan de retiro, y para el año fiscal 2021 se aprobó un presupuesto que dispone esa misma cantidad en aportaciones. Desde 2007 hasta el 2018, la Universidad aportó $949 millones, lo que supone $40 millones por encima de las recomendaciones actuariales.

“No es cierto que la Universidad haya incumplido con sus aportaciones actuariales a través de los años, particularmente los recientes. Lo que sí es cierto es que esas aportaciones se estimaron bajo supuestos extremadamente optimistas y distantes de la realidad. También Juntas de Retiro y de Gobierno anteriores aprobaron beneficios sin considerar su debido financiamiento a largo plazo y esos elementos incidieron adversamente sobre la solvencia del plan de retiro y sobre el cuadro financiero de la Universidad. Sin embargo, esta Junta ha cumplido a cabalidad con su deber de fiducia y ha hecho el equilibrio necesario para proteger la viabilidad y sostenibilidad del proyecto universitario sin dejar de atender los problemas de solvencia del Sistema de Retiro”, explicó Ocasio.

Asimismo, Ocasio argumentó en el comunicado que los demandantes no han sufrido daño alguno. “La supuesta deuda que concluyen que la Junta de Gobierno le condonó a la UPR no es otra cosa que una transacción donde se realizó un pago en un momento, y posteriormente la UPR tiene que pagar el resto, pues los mecanismos que regulan el Fideicomiso de las pensiones de la Universidad así lo requieren. Es un trabajo continuo, ya que existen muchos elementos fuera del control del Sistema, de la Universidad y de la Junta de Gobierno, que inciden sobre la liquidez y que tienen que ser ajustados. Lo cierto es que los beneficios de los participantes del Sistema de la UPR no se han afectado en ningún momento y el pleito incoado por los miembros de la Junta de Retiro no es otra cosa que el intento más reciente para interrumpir los trabajos de reforma del Sistema”, señaló Ocasio.