9 de noviembre de 2026 - 6:43 PM

La incertidumbre de porteadores escolares sobre cuándo obtendrán los pagos por servicios que ya brindaron a estudiantes de escuela pública se extiende, ante el constante incumplimiento de diversas agencias con las promesas que les han hecho, denunció este lunes el presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón.
El portavoz de los transportistas reiteró que el Departamento de Educación aún adeuda $9.5 millones a decenas de compañías, cifra que no incluye los servicios que han dado en este año escolar.
Rosado Rolón aseguró que, a principios de octubre, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, indicó que les tomaría unos días revisar información recibida de Educación, de forma que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pudiera autorizar el desembolso para mediados de mes.
“Sin embargo, este pasado jueves, cuando estábamos manifestándonos, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal indicó, a preguntas de un periodista, que estaban esperando aún el trámite de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, expresó, en referencia a la manifestación que realizaron varias organizaciones en el Viejo San Juan.
Cuando se le preguntó si funcionarios de gobierno le habían mentido, Rosado Rolón respondió: “Es obvio”.

El transportista llegó este lunes hasta el Senado, para presenciar una vista pública en la cual se discutieron los problemas que se han reportado desde la entrada en operaciones, en julio, del sistema de planificación de recursos empresariales del gobierno (ERP, por sus siglas en inglés).
El presidente y fundador de la empresa Ethree Solutions, Alberto Cordero, aseguró en la audiencia que las métricas de desempeño del ERP desde julio han mejorado. Ethree Solutions es una empresa que ha dado apoyo al gobierno en diversas fases del proyecto de ERP, como en la selección de proveedores, la planificación de la puesta en producción y la estabilización del sistema.
Cordero aseguró que ya se desembolsó “sobre el 95%” de las facturas que quedaban pendientes del año fiscal pasado.
Rosado Rolón cuestionó por qué los transportistas escolares se encuentran “dentro de ese 5%”.
“Da horror lo que estamos escuchando. Aquí los niños continúan transportándose, las compañías ya no tienen liquidez para continuar. Lo que no vemos es la agilidad necesaria de parte del gobierno de Puerto Rico como si lo que estuvieran esperando es, ‘ríndanse, dejen de trabajar’. Alguien tiene que solucionar esto”, señaló.
Rosado Rolón recalcó que los proveedores continúan llevando a los niños a las escuelas en momentos en que el combustible continúa a precios altos.
En medio de la controversia por la falta de pagos, los transportistas escolares tampoco tienen seguridad de que continuarán dando servicios el próximo año pues no todos fueron seleccionados en una subasta que realizó la Administración de Servicios Generales (ASG), que recientemente fue adjudicada.
La Junta de Subastas de la ASG emitió, el 11 de septiembre, la resolución de adjudicación de la subasta para transportación escolar. Posteriormente, el 2 de octubre, aprobó una resolución de adjudicación enmendada en la cual establece que 147 propuestas fueron seleccionadas.
Al menos cinco empresas han solicitado que se revoque la adjudicación, entre ellas Transporte Rosado, del presidente de la Federación.
Rosado Rolón indicó que ya la ASG lanzó la segunda fase de la subasta para contratar proveedores adicionales para rutas que quedarían descubiertas con las 147 propuestas inicialmente seleccionadas.
Sin embargo, este levantó bandera sobre una cláusula de los contratos con ASG a los que ya han tenido acceso, los cuales permitirían la subcontratación mediante “autorización previa y por escrito” de la ASG. El pliego de la subasta estableció que “bajo ningún concepto se permitirá que el porteador subcontrate los servicios de transportación de estudiantes”.
Rosado Rolón sostuvo que “no quiere pensar” que la falta de pagos a compañías pequeñas sea una estrategia para ahorcarlas económicamente y luego permitir que otras empresas subcontraten servicios.
“¿Quiénes no quieren que a los transportistas se les pague el dinero que se les debe?“, manifestó.
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