La adjudicación de una subasta para seleccionar a las compañías que, para el próximo año, brindarán los servicios de transportación escolar bajo el Departamento de Educación ha creado una nueva controversia entre el gobierno y los transportistas, quienes levantaron bandera ante el posible impacto negativo en los estudiantes.

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón, denunció que unas 76 compañías que ofrecen dicho servicio actualmente no fueron seleccionadas al terminar la subasta.

Esto, indicó, dejaría con una cantidad insuficiente de transportistas a zona de Adjuntas, Maricao, Sabana Grande, Trujillo Alto, San Juan, Maunabo, Fajardo y San Lorenzo, entre otros.

“Se quedan fuera más de 70 compañías, y son de las compañías que más (guaguas) mueven”, argumentó Rosado Rolón.

La Administración de Servicios Generales (ASG) trabajó, a petición del Departamento de Educación, la subasta para servicios de transportación escolar, la primera vez en unos 10 años que se realiza este tipo de licitación formal para este servicio. Los contratos, hasta ahora, se otorgaban mediante mecanismos extraordinarios de contratación que se extendían año tras año.

En total, 146 propuestas fueron aceptadas, de un total de 223 propuestas presentadas, detalló la administradora de ASG, Karla Mercado.

“Estamos trabajando, prácticamente, desde el año fiscal pasado como requisito para acceder a fondos federales y también para tener un estimado real de lo que iba a ser el costo real de transporte escolar en Puerto Rico porque, como sabemos, es un ‘issue’”, explicó Mercado.

La adjudicación se completó en septiembre, aunque Mercado aseguró que solo se trata de la primera fase. Aún falta trabajar la subasta para los servicios de transportación escolar para Educación Especial y una segunda fase luego que Educación identifique qué rutas quedaron sin cubrir con la primera subasta, indicó la funcionaria.

En declaraciones escritas, el Departamento de Educación indicó que la “ASG informó, vía correo electrónico, a la Oficina de Transportación que mañana, 21 de octubre, enviarán los documentos de adjudicación con la información sobre qué pueblos los transportistas brindarán los servicios”. “La información será evaluada”, sostuvo la agencia.

Rosado Rolón señaló que quedan muchas preguntas entre los contratistas sobre cómo se trabajó la subasta. Aseguró que algunas compañías fueron descalificadas por falta de documentos o de criterios que no consideraban que eran esenciales, pues esa fue la información que recibieron en reuniones de presubasta.

Detalló, además, que la adjudicación original de la subasta tenía señalamientos a 19 compañías por colusión, un término que hace referencia a la posible conspiración entre entidades para perjudicar a otros. Una versión enmendada, emitida la semana pasada, eliminó la referencia a colusión.

La administradora de la ASG, por su parte, argumentó que los contratistas sí fueron orientados correctamente durante las reuniones presenciales que se hicieron el semestre pasado. Por ejemplo, señaló que, a los interesados, sí se les indicó que necesitarían tener un número único de identificación para poder contratar con el gobierno federal -conocido como “SAM number”- y varias empresas no los tenían.

“Dijeron que se cambiaron los requisitos y hubo proponentes que fueron descartados porque no tenían el SAM. Pero esto es precisamente para allegar fondos federales e, incluso, expresamente (en los documentos) dice que el SAM es mandatorio. Así que, independientemente de si algún oficial le haya podido decir que no se iba a pagar ahora con fondos federales, en estos momentos, el pliego es bien claro que el SAM era mandatorio para podérsele adjudicar, porque una cosa es con lo que yo pague ahora, pero otra cosa es con lo que yo quiero pagarte”, estableció Mercado.

En cuanto a los señalamientos de colusión, Mercado explicó que, en el proceso de apelación, se descartó, pues se corroboró que había oficiales entre compañías con los mismos nombres, pero que eran personas distintas.

Educación sufraga, actualmente, los servicios de transportación escolar con fondos estatales, aunque en el pasado llegó a recibir financiamiento federal para esto.

La contratación de este servicio crucial en el sistema educativo ha estado marcado por irregularidades que se detectaron hace una década. Educación había intentado lanzar subastas previamente, pero Mercado aseguró que se cancelaron debido a su complejidad.

Bajo la administración de Alejandro García Padilla, agencias federales y estatales realizaron una investigación sobre el otorgamiento de contratos para transportación escolar ante irregularidades detectadas, en específico, en la región de Caguas. La Fiscalía federal presentó cargos, en 2015, contra cinco dueños de compañías de transporte escolar por manipular las subastas.

Rosado Rolón, además, sostuvo que la enmienda a la adjudicación emitida la semana pasada modificó los términos disponibles para apelar. Los contratistas no seleccionados tienen hasta este viernes, cuando vence el período de 10 días. Posteriormente, la ASG tiene 45 días para tomar una decisión y los proponentes tendrán 20 días adicionales para ripostar.

“Los 45 días vencen el 8, 9 de diciembre, los 20 días nos llevan a finales de año y aquellos que ellos quisieran beneficiar ya tendrán que darles la firma del contrato (para servicios en enero). Las partes perjudicadas tendrán que acudir prácticamente en el Año Nuevo al tribunal, cuando ya los contratos estén firmados”, señaló.

“Este próximo viernes, ya se van a estar radicando decenas de casos, tanto en el Tribunal de Apelaciones como en la ASG, nuevamente”, adelantó Rosado Rolón.

Mercado, por su parte, no precisó cuándo se estaría lanzando, de ser necesaria, la segunda fase de la subasta. No obstante, indicó que los proponentes no seleccionados podrían volver a participar.

“Me sorprendió muchísimo el resultado de la subasta, de que fueran más de 100 agraciados porque, siendo un proceso que llevaba tantos años sin llevarse a cabo un proceso competitivo y que ahora los requisitos federales son mucho más restrictivos, yo pensé que muchísimas compañías se iban a caer. La mayoría de las seleccionadas son pequeños comerciantes que pudieron cumplir y, si ellos pudieron cumplir, no hay razón para que los demás no puedan hacerlo”, estableció Mercado.