En momentos en que se estima que el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, podría extenderse por más de tres meses, cobra fuerza la posibilidad de que el Tribunal de Apelaciones ordene la paralización del proceso y que la defensa solicite la liberación de su representada mediante un recurso de “habeas corpus”.

Durante una vista de estatus celebrada en la sala 1 del Tribunal de Aibonito, ante el juez Luis S. Barreto Altieri, tanto el Ministerio Público como la defensa de la acusada confirmaron que el proceso de descubrimiento de prueba ha concluido, de cara a un juicio que el togado estimó podría extenderse por más de tres meses debido a la cantidad de evidencia y testimonios.

La fiscal Silda Rubio Barreto, quien junto a Orlando Velázquez Reyes representa al Ministerio Público, explicó en corte abierta que cuentan con más de 60 testigos en el caso. La cifra aumentó luego de que el Ministerio Público presentara una moción en la que solicitó que se añadieran 29 testigos adicionales, una petición que fue acogida por Barreto Altieri.

Ante la cantidad de pruebas y testigos previstos, el juez le preguntó a la fiscal cuánto tiempo estimaba que podría durar el juicio, a lo que ella respondió “tres meses”. No obstante, el juez aclaró que sería mucho más, señalando que apenas tomaría tres semanas solo la selección del jurado. “Si hay que estar un año, estamos un año”, advirtió el togado en la audiencia.

Además, el juez advirtió a las partes que no obligará a “estipular testigos”, es decir, a llegar a acuerdos para aceptar declaraciones sin que los testigos tengan que presentarse físicamente en corte. Aclaró que, una vez comience el juicio, no dará espacio para ese tipo de acuerdos. “Yo soy de la vieja guardia, donde se contaban los papelitos de uno en uno”, enfatizó.

Así las cosas, el juicio está programado para los días 13, 17, 23 y 24 de febrero a la 1:30 p.m.; 25 y 27 de febrero a las 9:00 a.m.; 5 de marzo a la 1:30 p.m.; y 6 de marzo a las 9:00 a.m. No obstante, todo dependerá de que el Tribunal de Apelaciones —que tiene ante sí una controversia presentada por la defensa— no ordene la paralización de los procedimientos.

En resumen, los abogados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos y Yancarlos Maisonet, representantes legales de Cabrera Rivera, presentaron un recurso apelando una determinación de la jueza Paola N. Morales Vélez, del Tribunal de Aibonito, que rechazó desestimar el caso contra la acusada, pero reconoció la existencia de evidencia que resulta favorable para ella.

En su resolución, Morales Vélez indicó que el Ministerio Público debió entregar los documentos tan pronto los obtuvo y que, aunque esta información podría ser favorable para la defensa, no alteraría el resultado de la vista preliminar. Un planteamiento que los abogados de la acusada objetan, sosteniendo totalmente lo contrario, lo que dio paso a la radicación de la apelación.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones emitió el miércoles una resolución acogiendo el recurso presentado por la defensa y estableció términos de hasta 30 días para cumplir con ciertos requerimientos. Además, solicitó el expediente del caso, que incluye la transcripción de los tres días de la vista preliminar. Sin embargo, el foro judicial no ordenó la paralización.

A esos fines, Rivera Ramos adelantó que la defensa solicitará al Tribunal de Apelaciones la paralización de los procesos mientras se dilucida la controversia. Recordó que el juez asignado al caso les indicó que, de no mediar una orden de paralización, el juicio comenzará el 13 de febrero con la presentación de los primeros paneles de candidatos para la selección del jurado.

“El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución bastante extensa, disponiendo de múltiples términos, incluyendo que todos los autos, es decir, los expedientes originales, se movieran del Tribunal de Aibonito hacia el Tribunal de Apelaciones. A nuestro juicio, ya eso denota que el Tribunal de Apelaciones tiene mucho interés en adquirir la jurisdicción sobre todo este proceso”, dijo Rivera Ramos a la prensa.

De otro lado, adelantó que la defensa presentaría un recurso de habeas corpus para solicitar la liberación de la acusada mientras se desarrolla el proceso judicial. “Como ya hemos anticipado, es un derecho fundamental de ella, y obviamente, pues lo estaríamos ejerciendo”, respondió Rivera Ramos a la pregunta de una periodista sobre el particular.

Existe una protección constitucional que establece que la detención preventiva antes de un juicio no excederá seis meses. Este término comienza a contar luego de la vista de Regla 6. De no pagar la fianza, la persona queda detenida en espera del juicio. Transcurrido los 180 días, la persona puede solicitar salir de la cárcel en lo que se atiende su caso mediante un habeas corpus.

Este término se cumpliría a mediados de este mes.

De otro lado, aún está por determinarse si el juicio contra Cabrera Rivera será transmitido de forma electrónica, como ocurrió durante la etapa de vista preliminar. La decisión está en manos del Tribunal Supremo, que aún no ha emitido una decisión al respecto, tras recibir una solicitud a esos fines.

Al reaccionar a este particular, Rivera Ramos reveló que el Departamento de Justicia presentó el miércoles un recurso para evitar que el juicio sea transmitido, utilizando como parte de sus argumentos el hecho de que los testigos podrían sentirse intimidados.

“Si es por las razones de la intimidación de los testigos, nosotros entendemos que no es verdad, que no hay base suficiente en el récord como para poder utilizar esa esa razón como fundamento para que el pueblo se vea obviado de poder presenciar los trámites”, dijo Rivera Ramos, quien recordó que la vista preliminar se transmitió y que no se levantaron estas objeciones.

De otro lado, una sábana con un mensaje sobre el caso apareció en un tramo de la ruta panorámica de Aibonito, lo que generó reacciones tanto del Ministerio Público como de la defensa. “Cita célebre: ‘se precipitaron (y) ahora tienen las consecuencias’, licenciada Mayra López Mulero”, decía el mensaje escrito en tinta negra.

Ante este mensaje, Rivera Ramos indicó que les tomó por sorpresa y que vieron la sábana cuando se dirigían al tribunal. Afirmó que no interpreta el mensaje colocado como un acto de intimidación e insistió en que existe evidencia en el caso que es exculpatoria o favorable para Cabrera Rivera, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, al igual que su hija Anthonieska Avilés Cabrera.

“En este caso, como en otros casos que están siendo atendidos por los medios, aparenta ser la norma que se habla al principio de la solidez de los casos, de cómo la prueba puede confirmar lo que se imputa, y finalmente, a medida que el proceso comienza, pues se denota que es distinto a lo que decía el gobierno”, mencionó Rivera Ramos a los periodistas.

Por su parte, Velázquez Reyes indicó que puede “entender la molestia de alguien porque se esté procesando a estas personas. Eso es entendible”.

“Pero yo también vi la sábana. Me parece que, y no quiero ser irrespetuoso, me parece una estupidez, porque en este caso, los hechos han sido considerados ya por cinco jueces. Ya cinco jueces han validado la teoría del Ministerio Público de que Elvia Cabrera, en conjunto con Anthonieska Avilés, le dieron muerte a Gabriela Pratts”, comentó Velázquez Reyes.

Añadió que este tipo de actos no lo intimidan, y que el Ministerio Público continuará procesando el caso para que se haga justicia. “Yo llevo 36 años y a mí no me amenaza ningún testigo, ni acusado, ni ningún ciudadano”, puntualizó el fiscal.

El asesinato de Pratts Rosario ocurrió el 11 de agosto de 2025 en medio de una trifulca cerca del casco urbano en Aibonito. Inicialmente, la Policía informó que la menor, junto con otro adolescente, de 16 años. resultó gravemente herida. Sin embargo, ambos fueron trasladados hasta una institución médica en Aibonito, donde se confirmó la muerte de Pratts Rosario.