La Fiscalía y abogados de la defensa se mostraron dispuestos a negociar un acuerdo en el caso contra Miguel González Varela, imputado por el asesinato de un joven tras una presunta agresión a su hija, el pasado 4 de julio, en Arecibo.

Así lo manifestaron los representantes de ambas partes después de que se suspendiera la vista preliminar por la muerte de Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años.

“No cerramos la puerta. Es posible. Ya tuve un acercamiento con los compañeros y no descartamos ofrecerle una salida adecuada y acepte su responsabilidad, aunque sea atenuada. Podría ser una vía”, indicó el fiscal Rafael Freytes, quien reconoció la dificultad que será poder constituir un jurado que no haya estado expuesto a la proyección pública de este caso en diversas plataformas.

Según Freytes, la Fiscalía ha tenido acercamientos con la familia de Rancel Galarza, pero no han discutido la posibilidad de una negociación. Aseguró que sí consultarán su parecer antes de concretar un acuerdo.

Por su parte, el licenciado Pedro Jusino, uno de los abogados de la defensa, indicó que recibió una petición del Ministerio Público para “hablar algo extra” cuando les entregaran unos documentos que solicitaron los abogados.

“Nosotros, en el proceso, estamos abiertos. Es nuestra obligación escuchar lo que nos tengan que decir”, sostuvo Jusino.

Aseguró que por el momento no han discutido en detalle con su cliente la posibilidad de negociar algún tipo de alegación de culpa, debido a un estado de ánimo en el que “todavía está asimilando esto, hasta que la profesional de la salud que lo está atendiendo nos dé luz verde para entrar en unas comunicaciones con él”.

De hecho, la vista preliminar fue pospuesta luego de que la defensa informara al tribunal que necesitaban tiempo adicional para, entre otras cosas, realizarle un “estudio psicológico” a González Varela.

“Todavía está en un ‘shock’. Recuerda algunas cosas y otras no”, dijo Jusino. “Por eso, descargado nuestra responsabilidad, hemos solicitado esto al tribunal”.

Su compañero de defensa, el licenciado Manuel Carrasquillo Viera, explicó que el imputado “es una persona que nunca ha estado envuelta en este tipo de situación. Está envuelta su hija, está la situación particular por la que está aquí en el día de hoy. Es una persona frágil emocionalmente”.

Aseguró que no temen por la seguridad de su representado por la vigilancia provista por las autoridades, después de que familiares recibieran alegadas amenazas a través de mensajes de texto.

Asimismo, indicó que por el momento no están buscando una defensa que declare a su cliente como no apto para ser procesado, “pero, a raíz de lo que la sicóloga recomienda, y preferimos reservar esa información, pues tenemos que hacer unos estudios para responsablemente saber dónde estamos parados con don Miguel. Para enfrentar el proceso, necesito un tiempo en lo que se normaliza su situación”.

En cuanto a una posible negociación, el fiscal apuntó que no han recibido una instrucción de evitar llegar a un juicio en un caso que ha contado con expresiones de apoyo de personas a través de distintas plataformas, incluyendo la gobernadora Jenniffer González, quien dijo que intentó aportar a la recaudación de fondos para la defensa.

“La instrucción es que tenemos que atender el caso tal y cual que atendemos otros caso”, dijo Freytes.

Sin embargo, reconoció que “es un caso simpático para la defensa, para poder defenderlo. Eso estamos claro. Ha generado una opinión pública bastante favorable a don Miguel. Con el pasar del tiempo, la euforia va bajando y se van analizando otros elementos”.

Destacó que “es un caso claro en cuanto a la prueba y no podemos tener ningún problema en la etapa de vista preliminar. Resulta un reto impresionante para el MP poder escoger 12 personas que no hayan tenido contacto con la prueba porque se va a televisar la vista preliminar”.

“Si uno pudiera tener argumento de publicidad excesiva, imagine que todo el país tenga acceso a la prueba en una etapa preliminar, que es distinto al juicio, porque no importa que se transmita porque ya hay un jurado constituido”, añadió. “Tenemos que creer por fe que no hayan visto la prueba”.

“No es una cuestión de confianza. Los tribunales funcionan. Nunca se dice que son perfectos, pero el proceso funciona y don Miguel está teniendo el debido proceso de ley que él le negó a Wisler”, abundó.

Mientras, los documentos solicitados fueron catalogados por la defensa como “prueba exculpatoria”. A su vez, la Fiscalía negó que sea exculpatoria y se allanó a la petición, por lo que entregarán el material solicitado.

La prueba incluye las alegadas admisiones que hiciera González Viera con relación al crimen imputado.

“La prueba no necesariamente exculpa de plano, pero favorece en cierta manera a la defensa”, comentó Carrasquillo Viera.

“Hay que ver el contenido de las admisiones. Es lo más importante”, abundó. “Pueden ser unas admisiones que sean exculpatorias. No podemos presumir que son adversas”.

Según Freytes, no impugnaron la petición para evitar una extensión del litigio y por entender que no tiene efecto en la estrategia del Ministerio Público.

“Lo que tenemos son las manifestaciones inequívocas de una persona que acepta que asesinó a otra”, expuso Freytes.

La defensa también pidió acceso a vídeos de cámaras de seguridad del Hospital Pavía y a poder entrevistar a algunos testigos del Ministerio Público. En la sala judicial se mencionaron los nombres de por lo menos nueve potenciales testigos de cargo.

Según la investigación, Rancel Galarza agredió a la hija de González Varela el 4 de julio. Un día después, González Varela se entregó a las autoridades por la muerte de Rancel Galarza.

El Tribunal de Arecibo encontró causa para su arresto. Originalmente, González Varela, quien se mostró arrepentido ante las cámaras de televisión en ese momento, fue ingresado en la cárcel de Bayamón por no poder prestar una fianza de $200,000, pero luego salió cuando fue rebajada a $60,000.

La vista preliminar quedó pautada para el 26 de agosto.