El exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, demandó este jueves al gobierno por violar leyes que impiden tomar represalias contra empleados que denuncian irregularidades y fraudes.

Deliz Vélez fue el funcionario que investigó las supuestas irregularidades señaladas en el Centro de Inspección Yabucoa Auto Services, que, hasta noviembre de 2025, estuvo a nombre de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

En la demanda presentada ante el Tribunal de San Juan, que consta de cinco páginas, Deliz Vélez reclamó una compensación de $375,000 por los daños morales y las angustias mentales sufridas que, según alegó, le han provocado problemas en su entorno cercano.

El pleito fue radicado contra el DTOP, a través de su secretario, Edwin González Montalvo, y contra el Departamento de Justicia, representado por su titular, Lourdes L. Gómez Torres, quedando abierta la posibilidad de que se incluyan a más personas.

En la demanda, Deliz Vélez explicó que la pesquisa en los centros de inspección se inició al notar que muchos no pagaban los $2 correspondientes al documento de inspección, lo que despertó su “suspicacia” y lo llevó a ordenar investigaciones de campo en dichos negocios.

Añadió que, dentro de los investigados estaba el Centro de Inspección Yabucoa Auto Services, donde “se estaban falsificando las inspecciones sin entrarlas al sistema con el resultado neto de que se apropiaban del dinero cobrado por la inspección en su totalidad, defraudando al erario y engañando al Gobierno y a los clientes diciendo que habían realizado la inspección”.

Como resultado, Deliz Vélez explicó que el investigador del DTOP, Aníbal Torres, quien fue el inspector que detectó las irregularidades indicadas, procedió a visitar dicha estación, siendo atendido por el padre de la titular de Vivienda, quien le indicó que “ustedes no saben con quién se están metiendo. Mi hija está en la campaña de Jenniffer González. Ese Arturo Deliz las va a pagar”, según la cita adjudicada al progenitor de la secretaria.

Deliz Vélez reveló que al centro de inspección se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta, y que, en el caso de Yabucoa Auto Services, se detectaron 1,975 transacciones al momento de la investigación, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500 en multas.

De acuerdo al documento, las irregularidades fueron remitidas a las agencias correspondientes.

Sin embargo, en septiembre de 2024, Pérez Peña presuntamente contactó a Mary Fuster Romero, jefa de la Dirección de Servicios al Conductor (DISCO). Según la demanda, Fuster Romero luego llamó a Deliz Vélez para informarle que Pérez Peña se había comunicado con ella preguntando por él, señalándole que esa estación de inspección era “su negocio” y que ella “vivía de eso”. La demanda añade que Fuster Romero advirtió al demandante que “se cuidara” tras esta conversación.

Sin embargo, la situación supuestamente no quedó ahí, ya que Deliz Vélez añadió en la demanda que, ya siendo secretaria de Vivienda, presuntamente, Pérez Peña llamó nuevamente a Fuster Romero para indicarle que “Arturo Deliz la tiene harta y hay que botarlo”.

Aseguró que testigos vieron a la titular de Vivienda en reuniones donde participaba el secretario del DTOP, sosteniendo “conversaciones con este último sobre los centros de inspección y la persona del demandante”.

Ante la situación, Deliz Vélez indicó que acudió donde Marcos García Gallina, ayudante del secretario del DTOP, ya que estaba preocupado por las amenazas a su estabilidad laboral, pero que este le dijo supuestamente que no se preocupara por eso. Sin embargo, en julio de 2025, Deliz Vélez fue trasladado a unas oficinas que sirven como almacén de herramientas de trabajo. Precisó que no tenía computadoras, no tenía tareas asignadas y estaba “mirando contra la pared”.

Deliz Vélez recordó que las denuncias de irregularidades son acciones protegidas por la Ley 115, un estatuto que también prohíbe que se tomen represalias contra un funcionario que haga este tipo de denuncias.

“Las condiciones laborales adversas antes relatadas han provocado en el demandante severas angustias mentales. Dentro de la sintomatología indicativa de dichas angustias mentales se encuentran, pero no se limitan a, ansiedad, depresión, perdida de sueño, sentimiento constante de tristeza y desasosiego, desesperanza al verse fustigado por el mero hecho de hacer bien su trabajo y denunciar comportamientos corruptos de terceros con poder en la estructura gubernamental y administrativa”, dice la demanda.

“Los daños morales y angustias mentales sufridas por el demandante le han provocado problemas y conflictos en su entorno cercano y relaciones interpersonales provocando agravamiento de sus daños”, agrega el documento legal recién radicado.

La secretaria de la Vivienda se encuentra en el ojo de la controversia tras una investigación periodística realizada por la periodista Bárbara Figueroa, del programa Los Datos son los Datos, que sacó a la luz múltiples señalamientos administrativos, que incluyen más de 1,200 inspecciones de marbetes fraudulentas.

En el programa que lidera el analista político Jay Fonseca, además, se reveló un correo electrónico del Departamento de Hacienda, que fue enviado en 2024 y que está dirigido a Pérez Peña. En el mismo, se dan advertencias sobre las múltiples irregularidades.

Tras la investigación, Pérez Peña catalogó el 11 de febrero como “falsas” las denuncias.

“Nuevamente, en ciertos medios, han tratado de darle color a una supuesta declaración en la que se alegan ciertas cosas sobre esta servidora y un negocio familiar”, dijo Pérez Peña en unas declaraciones en las que tachó también de difamatorias las alegaciones.

“Más allá de ser falsas como fueron falsas las relacionadas a un alegado pago de la CEE (Comisión Estatal de Elecciones). Lo curioso de esto es que, en vez de hacer una denuncia en los foros pertinentes, prefirieron utilizar unos medios específicos”, agregó.

Asimismo, Pérez Peña instó a la persona que hizo las imputaciones a que salga del anonimato y presente una denuncia formal ante las autoridades. La funcionaria aseguró que puede refutar con “pruebas” que las alegaciones son meras mentiras y especulaciones.

“Invito a la persona que hizo las imputaciones a que deje el anonimato y en lugar de utilizar terceros someta las mismas a los foros correspondientes. Qué empeñe su palabra donde refutaré con pruebas las mentiras y especulaciones”, agregó Pérez Peña.

Por su parte, la gobernadora ha indicado que la funcionaria cuenta con su confianza y ha descartado solicitarle la renuncia.