Ian García Ferreras alegó que Jolenis Soto, expareja de Rosimar Rodríguez, ha solicitado ayuda ante la Policía, tras las amenazas de muerte, pero las autoridades no han atendido la petición.

Bayamón - La expareja de Rosimar Rodríguez Gómez, la joven que fue secuestrada y luego asesinada el pasado mes de septiembre, acudió hoy, miércoles, al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón para reunirse con el Ministerio Público en calidad de testigo por poseer “evidencia pertinente” relacionada al caso.

Sin embargo, Jolenis Soto Adorno, quien llegó hasta el centro judicial acompañada por el abogado Ian Carlos García Ferreras, no declaró ante la Fiscalía por considerar que “su vida corre peligro”.

Su abogado le indicó a El Nuevo Día que no entendía el proceder de la citación, porque su cliente había hablado anteriormente tanto con la Fiscalía como con la Policía, y “la declaración siempre ha sido la misma”.

“Ella ya se ha reunido con la Fiscalía y con agentes en varias ocasiones. ¿Cuál es la situación? No la puedo tener clara. No te sé decir qué ha estado sucediendo”, sostuvo el abogado,

Este medio se comunicó con la fiscal Jessika Correa González para solicitar una reacción, pero declinó ofrecer declaraciones. Correa González trabaja el caso del secuestro-asesinato de Rosimar junto a la fiscal Gretchen Pérez Catinchi.

No obstante, Correa González argumentó ante el tribunal que Soto Adorno cuenta “con evidencia pertinente y relacionada a la investigación que se lleva a cabo” y que podría ayudar en la pesquisa que realiza el Ministerio Público.

A su salida del tribunal, Soto Adorno no respondió a una petición de reacción de este diario.

Cuestionado de por qué su cliente no ofreció declaración ante la Fiscalía, García Ferreras respondió que “no lo hizo porque teme por su vida”.

“Ella llegó hoy porque quería hablar con Fiscalía, pero hoy ella decidió no declarar por el momento, porque por los hechos ya la intentaron de matar. Por ir a la Policía, ya la intentaron matar, entonces ahora tiene los dos lados en contra de ella. Mira qué problema. La niña tiene temor y no es para menos el miedo”, manifestó su abogado.

Soto Adorno fungió como una pieza fundamental en la pesquisa del secuestro-asesinato de Rosimar Rodríguez Gómez, porque, según la Policía, fue desde su celular que Rosimar recibió las últimas comunicaciones antes de ser secuestrada el pasado 17 de septiembre en Toa Baja.

Sin embargo, la investigación de la Policía apunta a que el teléfono de Soto Adorno lo tenía Jay O’Neill González Mercado, quien en común y mutuo acuerdo con otras personas, engañó a Rosimar, de 20 años, y haciéndose pasar por su expareja le escribió un mensaje de texto y le solicitó su ubicación.

“Al llegar frente a la residencia donde se encontraba la perjudicada utilizó la fuerza e intimidación obligándola a abordar un vehículo Suzuki SX-4 color blanco en contra de su voluntad, secuestrando a la joven”, establece un informe de la Uniformada.

González Mercado figura como el principal sospechoso del secuestro-asesinato y enfrentará mañana, jueves, el inicio de la vista preliminar en su contra por los hechos por los que se le radicaron cinco cargos criminales.

No obstante, García Ferreras no detalló si su cliente radicó una o varias querellas por amenaza de muerte, pero sí dijo que no ha solicitado una orden de protección.

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, Ricardo Haddock, le afirmó a El Nuevo Día que la Policía no tiene en sus registros ninguna querella bajo el nombre de Jolenis Soto Adorno por amenaza de muerte.

“No hemos recibido querella (de amenaza de muerte). Eso sí, las redes sociales se desbordaron en comentarios contra ella (Soto Adorno). Pero querellas de amenaza de muerte no constan en nuestros archivos. De hecho, esas querellas de amenaza se investigan con el mismo agente que las recibe, pero no ha salido a relucir que ella haya hecho una querella formalmente”, sostuvo el capitán vía telefónica.

Resaltó, sin embargo, que en una de las entrevistas con el agente investigador en el caso de Rosimar, Soto Adorno manifestó que no se sentía segura.

“Ella en una de las entrevistas le manifestó al agente investigador que temía por seguridad. Pero la amenaza era por segundas y terceras personas. O sea, eran por las redes sociales, por personas que no tienen nada que ver hasta el momento con los hechos”, indicó Haddock.

El capitán se comprometió en revisar en diversos cuarteles y comandancias si alguno recibió querellas formales de amenaza de muerte contra Soto Adorno, pero insistió en que estaba seguro que “no se ha sometido querella”.

“Si el abogado puede presentar evidencia de amenaza de muerte o que está en riesgo que lo haga y nosotros estamos dispuestos asistirla”, finalizó.

El secuestro de Rosimar se remonta, según la Policía, al pasado 17 de septiembre y ocurrió frente a la residencia de su prima a eso de las 9:22 de la noche.

Mientras, para el asesinato, según la Uniformada, llevaron a Rosimar hasta la carretera PR-165, kilómetro 20.1, en el sector El Caracol en Dorado, donde la ultimaron a balazos.

Su cuerpo se encontró el 27 de septiembre, una semana después, cuando una llamada alertó a las autoridades de un cadáver en avanzado estado de descomposición en el mencionado lugar.

La vista preliminar contra el principal sospechoso, Jay O’neill González Mercado, iniciará mañana a las 9:00 a.m. en el tribunal de Bayamón.

González Mercado enfrenta cinco cargos: uno por asesinato en primer grado, un cargo por secuestro, dos cargos por violación a la Ley de Armas y un cargo por brindar información falsa a las autoridades.