Lejos de desalentarla, la decisión del Departamento de Justicia de no apelar el fallo absolutorio en el caso por el asesinato del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos llevó a su viuda, Moshayra Vicente Cruz, a acudir directamente ante el Tribunal de Apelaciones.

En una petición de certiorari que consta de 15 páginas, Vicente Cruz compareció por derecho propio para solicitar la revisión del fallo emitido por el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, en el caso contra el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez.

“Nuestro planteamiento es que esta sentencia absurda por parte del juez resulta contradictoria y está errada. Hay un error manifiesto allí con toda la intención”, indicó a El Nuevo Día Vicente Cruz, quien busca que el crimen de Viqueira Ríos no quede impune.

Como víctima secundaria del asesinato de Viqueira Ríos, ocurrido el 15 de julio de 2025 durante una disputa con Meléndez Velázquez en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco, Vicente Cruz sostuvo que el fallo se fundamenta en criterios jurídicos contradictorios.

“(Hay que tomar en cuenta) la desproporción del arma utilizada y la reacción de este individuo en contra de Robert ante una provocación que claramente él comenzó porque él era quien estaba con ese sonido de los coquíes hacia nosotros”, dijo.

Para Vicente Cruz, resulta inconcebible que, aunque su vecino iniciara la provocación —con una bocina amplificada reproduciendo el canto de los coquíes, entre otras acciones—, “no reciba ningún castigo” por el asesinato de su esposo y padre de sus hijos.

Por ello, insistió en que el juez cometió un error al emitir un fallo que sostenía simultáneamente que concurrían los elementos de la legítima defensa y que, al mismo tiempo, existía duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, cuando se trata de fundamentos distintos.

A tales fines, explicó que la duda razonable se relaciona con el estándar probatorio que rige la determinación de culpabilidad, mientras que la legítima defensa es una causa de justificación que supone la realización del acto, pero lo declara permitido bajo ciertas excepciones.

En esa línea, Vicente Cruz precisó que la sentencia recurrida no delimita cuál de estas doctrinas constituye el verdadero fundamento jurídico de la absolución decretada, y que, por ende, surge una controversia de derecho susceptible de revisión en el foro apelativo.

Por ello, solicitó tres acciones ante el Tribunal de Apelaciones: que le reconozca legitimación activa para actuar como víctima indirecta de los hechos, que se revoque el fallo absolutorio emitido por el juez y que se revise si el togado incurrió en un error de derecho.

Vicente Cruz mencionó que el foro secundario debe examinar si la sentencia recurrida contiene un error de derecho al fundamentar la absolución de Meléndez Velázquez en doctrinas jurídicas distintas sin delimitar claramente la base jurídica de la decisión emitida.

“Consideramos que el juez erró en derecho porque en este caso la legítima defensa no se sustenta. Es una defensa afirmativa que debe hacer el imputado y que debe también probarse. Y en este caso, pues consideramos que no se reúnen los requisitos”, dijo.

De igual manera, mencionó que “el juez utiliza la duda razonable para justificar esa legítima defensa”. Insistió que el argumento no se sustenta y que la Oficina del Procurador General, que representa al Estado en los procesos apelativos, debió apelar la determinación.

“Yo asumo mi representación por derecho propio, ya que el Estado no me escuchó, no asumió mi representación, que entiendo que tengo como víctima y y me dejó desprovista de este recurso (de apelación). Por lo tanto, he asumido esa auto representación”, subrayó.

Para sustentar su solicitud de revisión, Vicente Cruz se basó en la Ley de la Judicatura, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, las Constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos, así como en sentencias de casos previos que han establecido precedentes.

Asimismo, precisó que su gestión no pretende sustituir las funciones del Ministerio Público ni ejercer la acción penal en nombre del Estado, sino limitarse a solicitar la intervención del Apelativo para evaluar si el fallo se fundamenta en una aplicación correcta del derecho.

A su juicio, Llavona Folguera cometió un primer error al emitir la sentencia absolutoria el 6 de febrero —consignada por escrito el 13 de febrero—, basada en fundamentos jurídicos contradictorios que invocan la doctrina de la duda razonable y la legítima defensa.

“Entendemos que la conducta del juez durante el proceso judicial y (en las) expresiones que hizo, que quedaron registradas para récord, ya demostraban un prejuicio o parcialidad a favor del acusado por parte del juzgador”, mencionó la viuda de Viqueira Ríos.

De igual forma, Vicente Cruz añadió que el segundo error del juez fue aplicar incorrectamente las normas jurídicas que rigen la legítima defensa al utilizar la doctrina como fundamento para generar duda razonable, cuando se requiere un análisis distinto.

“El Ministerio Público y el procurador (general) debieron haber intervenido en medio del proceso (y) no esperar a que este proceso finalizara para invocar esa parcialidad (del juez). Así que tenemos esa situación que no estaba en mis manos, porque yo soy víctima”, dijo.

“Se supone que el Estado me represente y nosotros sentimos, verdad, como víctimas en este caso, que el Estado no veló por nuestros derechos y que nuestros derechos han sido violados. Por eso estoy recurriendo, verdad, por derecho propio este fallo”, precisó.

Con este trasfondo, señaló que Llavona Folguera no realizó una determinación jurídica clara sobre los elementos de los delitos imputados a Meléndez Velázquez: asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Vicente Cruz también manifestó su preocupación ante esta situación, ya que considera que el Estado pudo haber tomado medidas en el caso criminal que no se implementaron frente a las reiteradas decisiones de Llavona Folguera en contra del Ministerio Público.

Además, señaló que, a esta situación, se suma a otra que también le resulta preocupante: la desestimación del caso civil de manera arbitraria por parte del juez Jaison Caraballo, decisión que se produjo cuando estaba pendiente una vista programada para el 15 de mayo.

“Nos desestimó el caso civil aludiendo a que nosotros no habíamos hecho la sustitución correspondiente en el epígrafe de nuestra contrademanda para remover el nombre de Robert y sustituirlo por el nombre de mis hijos, que son ahora sus herederos”, comentó.

A su vez, Vicente Cruz señaló que la acción se tomó aunque la corte conocía las razones por las que no se había realizado la sustitución y ninguna de las partes había solicitado la desestimación, situación que le genera suspicacias y plantea numerosas interrogantes.

“Esto nos levanta muchas suspicacias y ese es el llamado que estamos haciendo también a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), que intervenga ya con este caso, porque no necesitamos hacer una querella nosotros como familiares o yo como viuda o víctima para que se atienda este caso”, indicó.

Por otro lado, indicó que, tras vencerse el plazo del pasado lunes, 16 de marzo, para que el Estado apelara el fallo y, ante la preocupación por su seguridad y la de sus hijos, evalúa las opciones disponibles para garantizar su protección y la de su familia.

“Este es nuestro único hogar. Así que yo tengo que permanecer aquí. Aparte de que Robert dio su vida por nuestra protección y por nuestro hogar. Sí, me preocupa que ahora este individuo, al ver que el Estado ya no va a hacer nada para tratar de que aquí se haga lo correcto y lo justo, pues que comience nuevamente a tener cualquier tipo de acción en nuestra contra”, sostuvo.

“Ahora mismo las cámaras de la residencia están en funcionamiento desde el pasado 7 de marzo, que fue la última vez que yo me percaté de que este individuo vino a esa residencia. Ya yo levanté la denuncia correspondiente y tenemos un proceso que quiero mantener en privado”, mencionó Vicente Cruz.

Enfatizó que el crimen de Viqueira Ríos “tiene elementos que no son característicos de (simples) controversias entre vecinos”. Agregó que su familia denunció un patrón de acecho y acoso en la contrademanda que presentó en 2021 contra su vecino.

Además, abundó en que su familia tenía “sospechas fundadas” para creer que las cámaras de seguridad que fueron instaladas en la residencia de su vecino recogían sonido y fueron colocadas para vigilar a Viqueira Ríos y a cualquier persona que llegara hasta su hogar.

“Teníamos una vigilancia constante. El elemento de los coquíes, de esa bocina apuntando a nuestra residencia, entendemos que alude a la profesión de Robert como biólogo y a su ideología política como un elemento distintivo de identidad nacional”, manifestó.

Vicente Cruz planteó que su esposo era un líder independentista, socialista y ambientalista que desde muy joven estuvo involucrado en organizaciones afines con la ideología. Añadió que Viqueira Ríos, además, fundó la organización Protectores de Cuencas.

En ese contexto, dijo que dicha entidad alcanzó logros que muchas otras organizaciones no han conseguido en cuanto a impacto ambiental y captación de fondos, como el proyecto de restauración de la laguna de Guánica, que recibió una asignación de $7.4 millones.

“Este proyecto fue avalado por la gobernadora (Jenniffer González) cuando ella era comisionada residente (en Washington), pero cuando llegó a la gobernación dictó una orden ejecutiva en donde cambió los parámetros que ya estaban establecidos”, dijo.

Con estos cambios, afirmó que la viabilidad del proyecto de restauración de la laguna de Guánica prácticamente “sucumbió”. Agregó que la orden ejecutiva estableció nuevas directrices, incluyendo crear un comité para evaluar la viabilidad del proyecto.

“Robert pudo reunirse con este comité ejecutivo una sola vez, que fueron prácticamente semanas antes de su asesinato”, mencionó Vicente Cruz, quien concluyó que el proyecto era importante para el medioambiente, aunque contaba con oposición.