La Fiscalía de Aibonito radicó, este miércoles, una moción en la que solicitó la aplicación de mordaza en el caso contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas en el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario registrado el 11 de agosto.

El Ministerio Público indicó, en la moción de tres páginas radicada en el Tribunal de Aibonito, que el recurso responde a las expresiones realizadas por los abogados de Cabrera Rivera en días recientes.

“El caso de epígrafe ha despertado un alto interés público y mediático, lo cual ha provocado amplia cobertura en periódicos, televisión, radio y plataformas digitales”, indicó el fiscal Edwin Ortiz Rivera III en el escrito.

“Las recientes expresiones vertidas por la representación legal de la imputada han trascendido al dominio público y se han divulgado ampliamente en los medios de comunicación”, añadió el fiscal al hacer referencia a un anejo en el que incluyó las expresiones que la Fiscalía objeta.

Jesús Ramos, uno de los abogados de Cabrera Rivera, indicó el 16 de septiembre que su clienta “estaba trabajando” el día de los hechos y que tuvo una “mínima participación” en lo que ocurrió.

El letrado también sostuvo que, a su entender, el resultado de pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN) “promueve(n) la inocencia de nuestra clienta”. Ramos había solicitado que se le entregara los resultados de dichas pruebas, al igual que vídeos y cualquier otra imagen en poder de la Fiscalía de Aibonito, elementos que considera son pruebas exculpatorias.

Sin embargo, el tribunal denegó la petición.

“Este tipo de manifestaciones extrajudiciales plantean un riesgo real y sustancial de contaminar la posible selección de jurado, menoscabar la imparcialidad del proceso judicial, poner en entredicho la adecuada administración de la justicia y el debido proceso de ley”, añadió Ortiz Rivera III.

“Este tipo de manifestaciones, sobre todo, cuando aún no se ha celebrado la vista preliminar, son altamente reprochables toda vez que constituyen comentar y especular una alegada prueba que aún no ha desfilado”, denunció el fiscal.

La Fiscalía solicitó que, mediante la orden de mordaza, “se prohíba a las partes, abogados, testigos y demás allegados al caso a emitir expresiones públicas relacionadas con la prueba, méritos, credibilidad de testigos o cualquier otro asunto sustantivo del proceso” y que " se limite la divulgación de información procesal estrictamente necesaria, coma fechas de vistas o resoluciones públicas a los portavoces oficiales del tribunal".

De igual forma, el Ministerio Público solicitó que se declare en desacato cualquier persona que viole la orden.

La moción se radicó luego que el tribunal acogió un informe de un perito que declaró a Anthoneiska Avilés Cabrera, hija de Cabrera Rivera, como “no procesable”.

El perito sostuvo que Avilés Cabrera “tiene limitaciones para comprender ciertos aspectos del proceso legal, su atención es deficiente, (y) su procesamiento de información es lento; para reaccionar tiene que tomar mucho tiempo”.